La diáspora

Escribo este artículo desde la ciudad de Nueva York. El contacto con esta comunidad, escuchar sus vivencias, compartir sus alegrías y sus pesares, ratifican en mí, una vez más, que aquí está viva el alma de la patria. Encuentro la dominicanidad desparramada en los rostros, los ademanes, las expresiones, la comida; en televisores que siguen minuto a minuto los acontecimientos del país y, en cualquier esquina una bandera tricolor orgullosamente desplegada al viento.

Es admirable la capacidad de emprendimiento demostrada por el dominicano en esta tierra extraña, y a pesar de la barrera del idioma, su evidente progreso en lo económico, social, profesional, académico, deportivo, artístico y político. Pero lo que me llena de asombro es su resistencia, sin importar los desengaños, a mantenerse unido al país por un cordón umbilical que parece indestructible.

La comunidad dominicana no es solo añoranzas, sino que es solidaridad real de lo cual da manifestaciones permanentes y consistentes.

De los informes del Banco Central se puede establecer para los últimos años, una media de envío de remesas ascendente a unos 8 mil millones de dólares que a la tasa oficial representan en este momento 432 mil millones de pesos, el equivalente prácticamente a la mitad del presupuesto nacional. No tengo dudas en afirmar que este aporte de la comunidad de dominicanos del exterior es el principal factor de estabilidad económica y social del país. Pero lo verdaderamente trascendente es el carácter directo y horizontal de la remesa, que impacta a millones de familias de ingreso medio y bajo del país y se distribuye en todo el territorio nacional pues no hay comunidad rural ni barrio citadino donde mensualmente no lleguen pequeñas sumas de dólares provenientes de familiares solidarios. La remesa es el principal subsidio que tiene la economía dominicana. A las remesas hay que agregar las inversiones en inmuebles y negocios y los gastos de bolsillo de los que viajan anualmente al país, así como los envíos diversos.

En ese contexto, no parece racional la actitud del gobierno dominicano, incluyendo el actual, que se hace indiferente a los justos y reiterados reclamos de la comunidad de dominicanos residentes en el exterior.

Esta por ejemplo la exigencia de eliminación del pago de 10 dólares a los dominicanos no residentes cada vez que visitan el país, instituido por el decreto 430-17. En este caso, mas que por el importe económico, lo que duele es la desconsideración de ser tratado como extranjero en su propio país. Por demás, se trata de una disposición inconstitucional. De todos modos, hay que resaltar que desde que se instauró ese pago se ha acumulado, con el dinero no devuelto, un fondo de unos 44 millones de dólares, equivalentes a unos 2 mil cuatrocientos millones de pesos. Es oportuno destacar que 44 millones de dólares divididos en partidas de 10 dólares significa que de 2017 a 2022, solo por este indicador, se registran 4 millones 400 mil viajes al país de dominicanos no residentes.

De igual modo resulta inaceptable para el dominicano el costo actual del boleto aéreo, encarecido especialmente por la carga de impuestos. Se estima en unos 110 dólares lo que se paga solo en impuesto en cada boleto aéreo, a lo que se agrega, además, el trato vejatorio que reciben muchas veces los pasajeros, permitiéndose el cobro de más de 40 dólares por la primera maleta.

Las comunidades de dominicanos en el exterior también viven al grito por el costo abusivo de los servicios consulares y su falta de transparencia.

Ha llegado pues el momento de que el Estado Dominicano se comprometa a establecer un Nuevo Trato con las comunidades de dominicanos residentes en el exterior, respectándole en su dignidad, que le reconozca los inmensos aportes que hacen al país, que defina planes concretos para fomentar las inversiones, el retorno y seguridad jurídica; para estrechar lazos culturales e intercambios académicos y que consulados y embajadas faciliten las relaciones institucionales de los dominicanos con su país, al tiempo de hacerse cargo de la defensa de los derechos de los dominicanos en cada uno de los países a donde les ha tocado emigrar.

En ese sentido, asumo una propuesta hecha formalmente por Radhamés Pérez, Coordinador de los Equipos Políticos de Alianza País en las comunidades de dominicanos en el exterior, en la vista pública realizada por la Cámara de Diputados de la República Dominicana en Nueva York, el pasado 22 de octubre.

En su excelente exposición sugería el dirigente político —sin descartar la creación de una comisión oficial con representación de la diáspora para analizar el impacto de las remesas en el económica nacional—que el banco oficial del Estado abra oficinas en las ciudades con alta población de dominicanos y la entrega de tarjetas al depositante y al receptor para eliminar los costos de envío. De igual modo brindar asesoría al receptor de las remesas para un uso más eficiente y su posible conversión en sujeto de crédito o que tuviera interés en el emprendimiento.

Crear un sistema de orientación y apoyo para el fortalecimiento de la seguridad y garantías jurídicas especialmente dirigida a la protección de los bienes y propiedades adquiridas por los emigrados en el país para contrarrestar las estafas y engaños de las que con frecuencia son víctimas. De igual modo crear incentivos especiales y liberar del pago de altas tasas de interés para atraer inversiones de dominicanos no residentes. ¿Si estos incentivos existen para la inversión extranjera en el turismo o las zonas francas porque no pueden también hacerse para los dominicanos no residentes, máxime que éstos en su generalidad no van a repatriar ganancias?

Otro aspecto a tomar en cuenta es la creación de mecanismos legales y administrativos que faciliten la colocación en el mercado de consumidores de las comunidades dominicanas de productos criollos, sobre todo agropecuarios. A esos fines el gobierno debe invertir en infraestructuras físicas, tecnología, investigación, acompañados de sistemas fitosanitarios que garanticen el cumplimiento de requerimientos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU y su homóloga de la Unión Europea.

Abaratar el costo de los servicios consulares. En ese sentido establecer un sueldo fijo adecuado para los cónsules y eliminar la práctica de la apropiación por el cónsul del 20 % de los ingresos consulares, siendo esta práctica una de las causas de sus elevados costos. Los consulados deben institucionalizarse y organizarse con personal de carrera para hacerlos órganos eficientes y transparente y dejar atrás el criterio que predomina de que son un feudo que se les entrega en premio a dirigentes del partido ganador de las elecciones. Además, los consulados deben ser sometidos periódicamente a fiscalización por auditorías de la Cámara de Cuenta.

Regreso al país convencido de que la diáspora, por su peso en la economía nacional y su crecimiento en todos los órdenes, si supera su actual nivel de dispersión, está llamada a ser un motor fundamental en las reformas y transformaciones que demanda la República.

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.