El foco está desviado

Después de muchos meses de trabajo, de reuniones, de estudiar documentos y escuchar a expertos (y algunos no tan expertos) y a la población en general, el documento final de trabajo de la comisión bicameral para la reforma de la Seguridad Social me parece, y lo digo con pena, decepcionante. No aborda los principales problemas del sistema de pensiones, propone invenciones nuevas sin ningún respaldo técnico, y se olvida de los que peor lo pasan.

Creo que es conveniente dar una breve mirada histórica para no volver a cometer los mismos errores. Hace poco más de veinte años la República Dominicana tenía un sistema de pensiones nefasto en el que prácticamente nadie cobraba pensión y aquellos que lo hacían era en cuantías extremadamente bajas y que perdían valor enseguida. La ley 87-01 fue un soplo de aire fresco y una ilusión colectiva. Esto lo digo con pleno conocimiento de causa, porque yo viví en persona aquellos meses de inicio del sistema y vi la emoción que le generaba a la población la posibilidad de tener, por fin, una pensión tras la jubilación. 

Es cierto que esa ilusión colectiva se ha desvanecido, en una buena parte porque no se ha cumplido todo lo previsto en aquella ley, y en otra parte por la estructura del mercado laboral ante la cual la ley de pensiones nada puede hacer. Es este último el principal problema que tiene el sistema de pensiones en la República Dominicana: la informalidad en el mercado laboral que hace que aproximadamente el 60% de la población no cotice para pensión, y que por tanto, no va a tener pensión.

Hay varios puntos más (la imposibilidad de los independientes de formar parte de la Seguridad Social, el impago del bono de reconocimiento para los que entraron al sistema habiendo cotizado previamente al IDSS, y la no entrega de pensiones no contributivas a las personas que no han podido cotizar a lo largo de su vida, entre otros), pero sigue siendo pronto para saber cómo se despliega por completo el sistema establecido por esta ley, porque justo ahora empieza a jubilarse las personas que estaban en la edad límite en el momento de entrar, y han cotizado muy poco tiempo y además no tienen el bono de reconocimiento, por eso las primeras pensiones que se están viendo son muy bajas.

No obstante, las pensiones que se pueden alcanzar con el nivel de aporte establecido por la norma, aún consiguiendo altas rentabilidades y aportando de forma regular, es difícil pensar que superen un 45 o 50% del último salario, y eso como caso excepcional.

Sin embargo, el foco que ha puesto la Comisión Bicameral en su informe es totalmente distinto: 

- plantea un sistema de reparto generalizado (que ya fue un fracaso como comentábamos al principio en la República Dominicana, y que en todo el mundo presenta serios problemas de sostenibilidad con el cambio demográfico y la mayor longevidad), con unos pagos de pensiones que solo serían sostenibles si el aporte se multiplicara por tres. Para tener una referencia en términos de impuestos, supondría que en el impuesto sobre la renta se recaudara 2,85 veces más, o que el ITBIS subiera más de un 50%. Además, el sistema que plantea es insolidario, pues solo los menores de 35 años tendrían posibilidad de cotizar lo mínimo para alcanzar una pensión, mientras que el resto verían como sus aportes sirven para financiar pensiones de los que sí alcanzan los años mínimos de contribución (generalmente personas con mayores ingresos y que se desempeñan siempre en la formalidad)

- el seguro de discapacidad y sobrevivencia se propone vitalicio en lugar de a los 60 años, lo que es una necesidad, además de que ya ha habido sentencias en ese sentido, pero se reduce a la mitad el pago que se haría para garantizar esa pensión vitalicia, lo cual es inviable. Por poner un ejemplo, es como si tienes una casa con dos cuartos, y quieres comprarte ahora una casa con cuatro cuartos pero pagando exactamente la mitad de lo que te costó la de dos cuartos. Algo no funciona...

- las recomendaciones de organismos internacionales que se plasmaron en la Ley 13-20, que aumentaba los recursos para fiscalización del sistema, decaen ahora al plantear la reducción de ingresos de instituciones clave en la lucha contra el fraude, como la Tesorería de la Seguridad Social. Reducir un 40% el financiamiento del organismo protagonista en esta lucha contra el elevado fraude no es la mejor noticia para las empresas y trabajadores que cumplen, sí para los que defraudan.

Hay varios elementos más, pero estos me parecen suficientemente relevantes. Sobre todo, no se puede presentar una propuesta legislativa sin haber realizado el análisis económico de costos y beneficios. Prometer es fácil, pero si para cumplir las promesas tienes que llevar el déficit fiscal del Estado, los costos de las empresas y los aportes de trabajadores a niveles inviables, casi es mejor incumplir las promesas (que al final es lo que siempre sucede).

Sugeriría que, en vista a la experiencia internacional, a la experiencia nacional, tanto la previa a la ley 87-01 como la posterior, y a las necesidades reales del país, que se reorientara el foco del debate y de la reforma que en algún momento se tendrá que dar: pensiones para los más desfavorecidos (que en esta propuesta de la Comisión no se contempla), derecho de los trabajadores independientes a la protección de la Seguridad Social y lucha contra la informalidad y el fraude. Luego hay muchas cosas más de detalle, pero lo importante, el foco donde debemos poner la atención, es sencillamente, pensiones para todos. Y ese foco, en el informe que comentamos, está desviado.

Dr. Diego Valero