La excusa de ser pobre

Parece que ser pobre en la República Dominicana es una gracia. Aparte de condición social, es un buen motivo para excusarse. Cuando la autoridad quiere imponer una obligación colectiva nunca falta el argumento de que es una carga para los pobres, aunque ella no suponga una prestación económica.  

Sí, es cierto, nuestro sistema de convivencia está dominado por la inequidad; somos una de las sociedades más desiguales de la región, pero eso no dispensa a nadie de cumplir la ley o de someterse al orden. Aquí predomina la presunción de que el pobre está socialmente justificado. En el tráfico vial esa creencia es religiosa.

Vivo en una ciudad transitada por dos tipos de ciudadanos: los que cumplen las normas y los motociclistas. Para estos últimos no hay ley que valga, agente que intimide ni semáforo que disuada. Su conducción, siempre al límite, es instintiva, incitada por la inconsciencia del riesgo o la convicción de que no hay consecuencias. Tal combustión enciende la temeridad, convertida en “virtud” en el submundo de las calles. Ella arrastra a gente ajena, tanta que, por cada diez accidentes, siete involucran a un motociclista. El 73 % de las muertes por accidentes de tránsito son conductores de motocicletas en un país que ha tenido la vergüenza de ocupar tres veces el primer puesto en muertes de tránsito en el mundo, una tragedia silente que no perturba a nadie ni llama la atención de la autoridad a la que le incumbe.

La pobreza no es dispensa: un farol trasero de freno de motocicleta puede costar el precio de dos cervezas; con lo que se compra una botella de ron se pueden adquirir una bombilla, una mica y un zócalo; un casco protector corriente vale una estancia de tres horas en un motel; con el presupuesto semanal para una tripleta se cambian las bandas de los frenos y se reponen los neumáticos. Lo penoso es que, por cada diez motocicletas en tránsito, cuatro no tienen luces de freno o direccionales en funciones.  Sin embargo, las veces que un agente detiene a un motociclista no deja de pensarse que extorsiona a un hombre de trabajo; si lo hace con el conductor de una yipeta, cumple un acto de justicia.

Es posible que estos juicios creen escozor y no falten algunos que los interpreten como un prejuicio social desdeñoso. No. Insisto: ¡no! No repruebo la pobreza, una condición que afecta a la mayoría de los dominicanos. Tampoco sugiero que los pobres no tengan urbanidad ni educación vial; sería absurdo. Lo que critico, y lo haré siempre, es usarla como argumento de victimización ideológica, como pretexto de dispensa, como condición eximente.

Aceptaría gustoso los apellidos que me imputen: “clasista” y “elitista”, solo si antes me dieran la oportunidad de ver las caras de los defensores sociales cuando un motociclista les haga un rebase por la derecha, los asalte con una sorpresiva incursión en vía contraria o les oblique a frenar de golpe cuando se atraviese de la nada en un semáforo en rojo.

Creo en el efecto disuasivo de las multas elevadas, siempre que haya controles tecnológicamente eficaces de rastreo junto a una vigilancia diligente de la policía del tránsito. Me podrán ofrecer las estadísticas mundiales sobre la aparente ineficacia de esta sanción, pero de algo estoy convencido: hasta que no la probemos no sabremos de qué nos estamos privando. Cada sociedad tiene respuestas distintas a los mismos factores; en las organizadas predominan como regla las multas altas. Y es que las pocas veces que se ha sugerido elevar las multas de tránsito, como parte de un régimen de control más integral, sale a flote el populismo de cartón revictimizando a los pobres.

Delinquir debe ser un lujo caro. Quien quiera sentir cómo le sube la adrenalina por cruzar en rojo, tiene que pagar el precio de la emoción; total, es una decisión consciente y voluntaria.

En lo que no creo es en los operativos de recaudación de multas con detenciones sorpresivas, que causan más entorpecimientos en el tránsito; en incautaciones masivas de motocicletas por registros de propiedad; en reforzamientos “por temporadas” de la vigilancia del tránsito; en medidas de ocasión que solo revelan las insuficiencias de la Digesett en el control permanente del tránsito y en la sanción de las violaciones a las leyes.  

La tragedia del tránsito en la República Dominicana no solo es resultado de las precariedades viales o de la sobrecarga de vehículos; también es fruto del pobre control del tráfico, pero sobre todo de la inconciencia de los conductores. Si a ese cuadro se le suma un estado consentido de laissez faire, no nos faltará nada para hacer de nuestras ciudades verdaderas junglas urbanas.

José Luis Taveras

Abogado, ensayista, académico, editor.