Nelson Espinal Báez
¿Entiende la República Dominicana lo que implica que EE. UU. hable de seguridad económica?
La oportunidad y la trampa de ser el "ancla de estabilidad" que busca Estados Unidos
La pregunta no es retórica.
Es estratégica.
Durante décadas, la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe se expresó en el lenguaje de la cooperación, la asistencia y los valores compartidos. Ese lenguaje no ha desaparecido, pero ya no organiza las decisiones fundamentales.
Hoy, el eje es otro: cadenas de suministro, energía, infraestructura logística, datos, nearshoring y control de riesgos.
Estados Unidos no ha abandonado la cooperación.
Lo que ha hecho es subordinarla a una lógica más amplia y exigente: la seguridad económica.
No es un giro semántico.
Es un giro de poder.
La economía dejó de ser tratada como un ámbito técnico separado de la seguridad. Pasó a integrarse como instrumento estratégico dentro de la arquitectura de seguridad nacional. Cuando Estados Unidos articula políticas sobre puertos, aeropuertos, manufactura, energía o logística en el Caribe, no está haciendo política comercial en sentido clásico: está configurando capacidades económicas para sostener objetivos de seguridad en su entorno inmediato.
Este giro no es improvisado ni responde a una moda intelectual. Está formulado de manera explícita en la Política de Seguridad Nacional de Estados Unidos, donde la política económica aparece integrada al núcleo duro de la seguridad nacional. Sectores como cadenas de suministro, energía, infraestructura crítica, tecnología y datos dejan de ser tratados como ámbitos sectoriales y pasan a ser palancas estratégicas diseñadas para reducir vulnerabilidades.
En ese mismo sentido, la diplomacia estadounidense ha sido clara: seguridad económica y seguridad nacional son hoy dos caras de una misma moneda. La cooperación no desaparece, pero deja de ser un fin en sí mismo y pasa a operar como instrumento dentro de una lógica de seguridad más amplia.
En ese marco debe leerse el informe del Adrienne Arsht Latin America Center, Partnering for Economic Security: A Comprehensive Strategy for Greater US–Dominican Republic Integration. No como el origen de una política, sino como un ejercicio de traducción doctrinal: una forma de aterrizar, en clave regional, una visión de seguridad ya definida en Washington.
Cuando una potencia redefine su lenguaje, redefine también a sus socios.
Y cuando habla de seguridad, habla de intereses vitales.
La noción de seguridad económica surge de una constatación incómoda: el orden internacional dejó de garantizar previsibilidad. Los mercados, por sí solos, ya no bastan para blindar estabilidad. La interdependencia, durante años celebrada como virtud, se convirtió en una fuente adicional de vulnerabilidad.
De ahí el giro. Estados Unidos empezó a leer la economía no solo como espacio de eficiencia, sino como campo de riesgo: ¿dónde se produce?, ¿quién controla los nodos críticos?, ¿qué ocurre si una cadena se rompe o un puerto se bloquea? En ese contexto, hablar de comercio sin hablar de seguridad es describir un mundo que ya no existe.
Es así como el Caribe —y particularmente la República Dominicana— deja de ser periferia y pasa a ser espacio funcional. No por afinidad ideológica ni por cercanía cultural, sino por factores más elementales: ubicación, estabilidad relativa y capacidad logística. En un entorno regional marcado por el colapso funcional del Estado haitiano, la presión migratoria y el crimen transnacional, la estabilidad dominicana adquiere un valor que trasciende sus fronteras.
El informe del Adrienne Arsht Center debe leerse exactamente en esa clave. No propone cooperación en abstracto. Propone integración estratégica: nearshoring, logística, energía, infraestructura digital y alineamiento regulatorio, con un objetivo claro: reducir riesgos sistémicos asegurando socios confiables en el entorno inmediato de Estados Unidos.
Hasta aquí, la oportunidad es evidente.
Pero también lo es el riesgo.
Porque ser leído como socio de seguridad económica no es un elogio. Es una responsabilidad estratégica. Implica asumir funciones y absorber presiones dentro de una lógica que no siempre coincide con los tiempos ni con las capacidades del Estado dominicano.
El informe asume —quizá con excesivo optimismo— una capacidad estatal que no siempre existe: coordinación interinstitucional, continuidad estratégica, ejecución sostenida y alineamiento público–privado. Ese sigue siendo uno de los déficits históricos de la República Dominicana.
Por eso, el verdadero desafío no es si el país se integra a la arquitectura de seguridad económica de Estados Unidos —ese proceso ya está en marcha— sino cómo lo hace y desde qué capacidad real lo enfrenta.
Porque cuando el Estado carece de la capacidad institucional para articular y sostener una estrategia, los costos no desaparecen: se desplazan. Y suelen terminar absorbidos por el aparato productivo y la estabilidad social.
Hay, además, un elemento que atraviesa toda esta lógica y condiciona cualquier lectura seria de la relación bilateral: Haití. No siempre aparece en primer plano, pero su presencia es constante. Seguridad regional, migración, crimen transnacional y estabilidad logística conducen al mismo punto. En un Caribe marcado por el colapso funcional del Estado haitiano, la República Dominicana aparece —como ya lo han reconocido desde la propia diplomacia estadounidense— como el ancla de estabilidad más inmediata y disponible.
Ese reconocimiento tiene valor estratégico.
Pero también encierra un riesgo mayor: que el país termine desempeñando, por inercia o por omisión, el papel de amortiguador permanente del colapso haitiano, sin los instrumentos necesarios para gestionar ese rol sin costos crecientes.
Ser amortiguador no es ser socio.
Es absorber presión para que otros no la sientan.
Aquí es donde la noción de partnership debe tratarse con rigor. Integrarse sin estrategia propia tiende a producir relaciones asimétricas. En otras palabras, no es automáticamente win-win. El socio sin capacidad estratégica ejecuta, absorbe impactos y ajusta su política interna a necesidades que no controla.
Ser partner no es solo alinearse. Es articular intereses propios, priorizarlos y defenderlos con inteligencia estratégica. Es poder decir qué funciones se asumen y cuáles no; qué costos pueden absorberse y cuáles deben compartirse.
Estados Unidos ya hizo su movimiento estratégico. Definió su marco de seguridad y comenzó a proyectarlo sobre su entorno inmediato. La República Dominicana aparece en ese diseño no por cortesía, sino por función.
La pregunta ya no es si ese lugar es relevante.
Lo es.
La pregunta es si el país será actor estratégico o pieza funcional.
Porque en un mundo sin árbitro, la omisión se paga como si fuera una decisión.
La estrategia no garantiza resultados.
Pero sin estrategia, los costos siempre los decide otro.
Nelson Espinal BáezNelson Espinal Báez Associate MIT - Harvard Public Disputes Program at Harvard Law School. Presidente Cambridge International Consulting.