Nelson Espinal Báez
Más allá del arancel: el poder en tres dimensiones
Corte Suprema limita a Trump, pero la doctrina de fondo sigue intacta
La decisión de la Corte Suprema de EE. UU. que limita el uso del IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) para imponer aranceles ha sido leída, en muchos análisis, como un episodio comercial o constitucional.
Pero el debate no se agota en el arancel.
El arancel es el instrumento.
La discusión de fondo es el poder.
Interpretar este episodio como una derrota estratégica sería un error de lectura. Algunos sostienen que se ha perdido la herramienta más afilada. Que ahora el Ejecutivo deberá actuar con una mano atada. La imagen es comprensible. Pero es insuficiente.
Lo que está en juego no es un mecanismo jurídico aislado. Es una premisa más profunda: que la economía forma parte integral de la seguridad nacional. Que el comercio no es una esfera técnica neutral, sino un instrumento de poder.
Conviene ordenar el debate. Hay, al menos, tres niveles distintos en esta discusión.
El primero es el técnico-económico. Allí se analiza la incidencia arancelaria, el traslado a precios, el impacto en consumidores y empresas, el efecto en las cadenas productivas. Ese enfoque es legítimo y necesario.
El segundo es el constitucional-institucional. Se examina la separación de poderes, la delegación legislativa, la doctrina de las "grandes cuestiones" y el equilibrio entre Ejecutivo y Congreso. También es un plano imprescindible.
Pero existe un tercer nivel, menos visible y más determinante: el estratégico-geopolítico.
En ese plano, el arancel no es el centro. Es el instrumento.
El centro es la doctrina de seguridad económica como respuesta a dependencias estructurales, vulnerabilidades en cadenas críticas, rivalidad sistémica y reconfiguración del orden internacional.
Esa premisa no surge de la nada. Es la reacción a un ciclo histórico. Durante décadas, Occidente organizó su arquitectura productiva bajo un principio casi absoluto: la eficiencia. Se deslocalizó producción para reducir costos. Se optimizaron cadenas globales bajo la lógica del "just in time". Se asumió que la interdependencia económica garantizaba estabilidad política.
La eficiencia se convirtió en virtud incuestionable — y, llevada al extremo, produjo su contrario.
La búsqueda obsesiva de costos mínimos generó dependencias críticas. La integración sin cálculo geopolítico produjo vulnerabilidades estratégicas. La optimización financiera ignoró la exposición sistémica.
Cuando llegaron la pandemia, las disrupciones logísticas, la guerra en Europa y la rivalidad estructural global, quedó en evidencia una verdad incómoda: un sistema diseñado exclusivamente para minimizar costos puede maximizar riesgos.
La eficiencia, absolutizada, erosionó la resiliencia.
De esa constatación emerge la doctrina de seguridad económica. No como impulso ideológico, sino como corrección histórica. Como ajuste estructural frente a vulnerabilidades acumuladas.
La Corte puede limitar un instrumento. No puede revertir ese diagnóstico.
Lo ocurrido no es el desarme de una estrategia, sino su reconfiguración institucional. La Corte recordó que el poder de gravar pertenece al Congreso. Esa afirmación no es técnica; es fundacional. Es el principio que conecta tributación con representación. Es la arquitectura constitucional en funcionamiento.
La Corte no desautoriza la seguridad económica; exige que, dada su magnitud, sea ejercida con mandato legislativo explícito. Es la doctrina de las "grandes cuestiones" aplicada al comercio.
Confundir límite constitucional con derrota estratégica es no entender cómo opera el sistema estadounidense.
En apariencia, el Ejecutivo pierde margen de acción. En realidad, el poder cambia de forma.
Al judicializarse el instrumento, el eje se desplaza del terreno unilateral al institucional. La disputa deja de ser táctica y pasa a definirse en la configuración del sistema.
La competencia entre potencias no desaparece por una sentencia. La reorganización de cadenas de suministro no se suspende. El nearshoring no se evapora. La preocupación por dependencias tecnológicas, energéticas y manufactureras continúa.
Trump ha utilizado los aranceles como herramienta de negociación: presión inmediata, apalancamiento, capacidad de escalamiento. Esa dimensión táctica puede verse ahora más acotada.
Pero conviene distinguir con claridad: la seguridad económica es estratégica. Lo transaccional era el uso táctico del instrumento.
Limitar la táctica no elimina la estrategia; la obliga a reconfigurarse en el plano institucional.
En sistemas altamente centralizados, el poder político diseña, decide e implementa instrumentos económicos dentro de una arquitectura previamente alineada. La fricción institucional es mínima; la señal es rápida; la ejecución es inmediata.
Estados Unidos compite frente a ese modelo. Su sistema introduce separación de poderes, revisión judicial y deliberación legislativa. Eso ralentiza la táctica. Pero cuando consolida una política a través de sus instituciones, la vuelve más difícil de revertir.
La velocidad es ventaja táctica.
La institucionalización es ventaja estratégica.
Este desplazamiento también altera la forma en que deben abordarse las negociaciones.
En un primer nivel, la negociación es costo-beneficio: cifras, impactos inmediatos, términos arancelarios, flujos comerciales. Allí predominan los intereses tangibles y cuantificables.
En un segundo nivel, la negociación es institucional y contractual: marcos legales, delegaciones de autoridad, acuerdos vigentes, mecanismos formales de revisión. Aquí entran en juego estabilidad normativa y previsibilidad.
Pero existe un tercer nivel, más profundo: el geoestratégico.
En ese plano se negocian intereses sistémicos — tangibles e intangibles — relacionados con seguridad, posicionamiento en cadenas críticas, confiabilidad política y rol dentro de una arquitectura hemisférica.
Cuando la economía se integra a la seguridad, la negociación deja de ser meramente transaccional y se convierte en estructural.
Quien negocia únicamente en el plano de cifras discute términos.
Quien negocia en el plano de intereses estratégicos incide en el diseño del juego.
En América Latina solemos observar la política estadounidense como si fuera un drama de protagonistas. ¿Gana uno? ¿Pierde otro? Esa es la pregunta equivocada.
La pregunta correcta es si la relación entre economía y seguridad retrocede o se consolida.
Todo indica que se consolida.
Para países como la República Dominicana, el mensaje es concreto. No basta con reaccionar ante un arancel puntual ni celebrar un alivio temporal.
Si el comercio es seguridad, seremos evaluados por nuestra estabilidad institucional, nuestra confiabilidad regulatoria, nuestra capacidad energética, nuestra logística portuaria y nuestra resiliencia productiva.
La pregunta ya no es solo cuánto exportamos. Es cuán sustituibles somos.
¿Nuestra matriz exportadora está diversificada para reducir exposición estratégica?
¿Tenemos infraestructura, energía y capital humano capaces de sostener procesos reales de relocalización industrial?
¿Nuestra institucionalidad ofrece previsibilidad en un entorno geopolítico volátil?
En un mundo sin árbitro, la vulnerabilidad no se mide en discurso, sino en capacidad efectiva.
El instrumento se judicializó.
La doctrina no desapareció.
El poder no se evapora cuando se limita. Se reorganiza.
En esta transición no se decide solo el alcance de un arancel. Se decide cómo se integra la economía al núcleo de la seguridad en la próxima década.
En este nuevo entorno, la diferencia no será ideológica, sino estructural.
Quien entienda esta reorganización negociará en tres dimensiones.
Quien no la entienda negociará — y quedará atrapado — en una sola.
Nelson Espinal BáezNelson Espinal Báez Associate MIT - Harvard Public Disputes Program at Harvard Law School. Presidente Cambridge International Consulting.