El problema haitiano (2 de 2)

La situación en materia inmigratoria ha dado lugar a la consolidación de tantos intereses creados, que afrontarla ya no admite dilaciones. Hay que actuar, con sentido de dirección de lo que se quiere.

Por eso, a continuación, reitero lo que ya he expuesto en algunos foros y en estas páginas.

Habría que promulgar una ley transitoria, tal vez por 3 años, que permita normalizar la situación migratoria (distinto a regularizar) y corregir los vicios imperantes en el mercado de trabajo. Incluiría la suspensión temporal de aspectos de algunas leyes y la modificación de otras.

El período de transición sería utilizado para recomponer progresivamente la relación 80/20 de trabajadores dominicanos con respecto a extranjeros, de modo que cada año disminuya la participación porcentual de los inmigrantes en el mercado laboral hasta situarla en la dimensión prevista por la ley, aplicable solo a inmigrantes con permisos de trabajo y documentación de su país de origen.

La realidad es que hay cientos de miles de indocumentados haitianos. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos viven en el país, ni cómo se distribuyen por sectores de trabajo y geográficamente. Hay que evidenciar el problema, en vez de mantenerlo en penumbra, fuera de los focos.

En consecuencia, habría que crear el Registro Provisional de Inmigrantes Indocumentados Laborales (¿a qué tanto miedo en hacerlos explícitos?), conocer cuántos y quiénes son, captar sus datos biométricos y emitir un Carnet Provisional de Inscripción de Indocumentados Laborales (CAPIL) que sirva de constancia de que esas personas se encuentran trabajando transitoriamente en la República Dominicana en condición de indocumentados, en proceso de revisión de su situación migratoria y laboral.

Solo los así censados podrían permanecer en sus puestos de trabajo hasta llenar el cupo del 80/20 que iría restringiéndose cada año. Todo aquel que no lo encuentre sería deportado y si regresa sin autorización se le colocaría en una lista de no deseables. Y quienes los empleen en circunstancias de desconocimiento de las reglas quedarían expuestos al marco de sanciones drásticas que tendrían que establecerse y aplicarse.

Lo anterior constituiría meras pompas de jabón si no se procediera a la reorganización del mercado de trabajo.

A esos fines, habría que encarecer la contratación del trabajador indocumentado mediante la igualación del costo regulatorio laboral, al tiempo que se eleva el costo de incumplimiento de las normas migratorias.

La cadena de incumplimientos es tan larga y espesa que solo se explica por la sostenida dejación de funciones de autoridades tanto del ramo de migración y seguridad nacional, como laboral, sin que haya habido consecuencia alguna.

Por lo tanto, se dispondría que las empresas y las explotaciones individuales, así como cada trabajador, coticen obligatoriamente a la seguridad social tanto en los planes de salud, accidentes laborales y de pensiones. Y que las explotaciones económicas cubran íntegramente las prestaciones laborales que les corresponde asumir.

La cotización aportada para el segmento de pensiones por el trabajador extranjero sería considerada como depósito, sujeto a retiro cuando el inmigrante termine su relación de trabajo.

Lo anterior tendría la virtud añadida de hacer emerger lo que antes se encontraba sumergido en la informalidad, con un potencial incalculable de nuevos ingresos para las arcas fiscales y de ahorros en subsidios a planes no contributivos.

Conectado con lo anterior hay un tema irreflexivamente tabú que los principales representantes de los centros de poder político, laboral y empresarial no han sido capaces de consensuar, a pesar de tener consciencia del daño que produce a la nación. Es tiempo de despojarse de rigideces y aceptar que las normas tienen que adaptarse al proceso de cambio para no frenarlo.

La forma como está concebida la cesantía en el Código laboral promueve la informalidad, la desprotección social, y, en último término, la expulsión del dominicano del mercado de trabajo y de su tierra. En tal virtud, no debería permitirse que tal disposición continúe siendo intocable y siga contribuyendo a agudizar el proceso de desnacionalización.

Por esas razones deben modificarse los términos en que está concebida la cesantía, sin afectar los derechos ya adquiridos por los trabajadores, mediante la imposición de un tope en el pasivo sujeto a acumulación que le quite su carácter desestimulante a la formalización del trabajo y restablezca los derechos al empleo, salario digno y a la protección social de los trabajadores dominicanos, desplazados de sus puestos por la desigualdad de trato laboral regulatorio.

Y también hay que revisar la política de subsidios y remesas, con miras a impulsar la producción y socavar el parasitismo.

La dilación en actuar es una cuchilla afilada en la garganta de la dominicanidad. Cada día el país se vacía de dominicanos y se infla de indocumentados. Ese amargo proceso tiende a deshilachar los fundamentos de la nacionalidad, hasta que el sagrado altar construido con tanta devoción en el parque Independencia quede seco de significado.

Eduardo García Michel

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.