El caso sobre la ciudadanía: choque de doctrinas constitucionales

Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos realizó una audiencia para escuchar los argumentos de las partes envueltas en el caso relativo a la orden ejecutiva (decreto) del presidente Donald Trump mediante el cual este dispuso que no serían automáticamente ciudadanos estadounidenses los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no tengan un estatuto migratorio legal (inmigrantes indocumentados o con visa de turismo) o no sean ciudadanos estadounidenses. El caso implica una interpretación de la Enmienda XIV de la Constitución de Estados Unidos, particularmente las primeras líneas que definen a quién le corresponde la ciudadanía estadounidense. Vale decir que en nuestro derecho constitucional se usa el concepto de nacionalidad en lugar de ciudadanía, concepto este último que en nuestro país se refiere al régimen de los derechos políticos reconocible exclusivamente a los dominicanos.

Aunque en la referida audiencia hubo indicaciones claras de que la mayoría de los jueces (tres juezas liberales y, al menos, cuatro jueces conservadores) tiene dudas, reservas, críticas o cuestionamientos sobre los argumentos del Solicitor General John Sauer, representante del gobierno en los casos ante la Corte Suprema, es imposible predecir cómo será la decisión final. No obstante, hay aspectos del debate oral que resultan sumamente interesantes en la medida en que, desde ya, ponen de relieve el choque de doctrinas constitucionales sobre esta materia.

Durante las últimas décadas, la línea divisoria principal en la interpretación constitucional en Estados Unidos ha sido entre, por un lado, la visión liberal de una "Constitución viviente" adaptable por los jueces a las realidades cambiantes y, por el otro, la visión conservadora denominada "originalista", la cual entiende que la Constitución debe interpretarse en función del sentido literal de sus términos o del sentido original que los constituyentes le dieron en el momento en que esta se adoptó. El nombre más asociado con el primer enfoque es el del juez William Brennan, mientras que con el segundo se asocia al juez Antonin Scalia, ambos brillantes juristas ya fallecidos.

Lo interesante en este caso es que el representante del gobierno adoptó un enfoque que puede definirse de "Constitución viviente" (pero no con un propósito liberal o progresista) en la medida en que él le solicitó a los jueces de la Corte Suprema, la mayoría de los cuales cree en la doctrina originalista, que interpreten la Enmienda XIV a la luz de las realidades contemporáneas. La parte relevante de la enmienda para el caso en cuestión dice así: "Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida".

El representante del gobierno alega principalmente lo siguiente: uno, que estar sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos implica una lealtad (allegiance) a ese país, lo cual no pueden tener quienes hacen "turismo de nacimiento" o quienes residen en Estados Unidos de manera ilegal; dos, que hay millones de mujeres que pueden simplemente tomar un avión y llegar a Estados Unidos a dar a luz y sus hijos recibir la ciudadanía sin que genere lealtad a ese país; tres, que existe un fenómeno migratorio masivo que ha dado lugar a una población indocumentada en el territorio estadounidense que tiene lealtad a sus países de origen; y cuarto,  que esa población indocumentada no puede tener propiamente un domicilio en Estados Unidos. Reconociendo que este resumen puede no hacer justicia a los planteamientos del representante del gobierno, lo  cierto es que él le ha solicitado a la Corte Suprema que valide el decreto presidencial y excluya de los beneficios de la Enmienda XIV a esas categorías de personas (hijos de inmigrantes indocumentados, hijos de mujeres con visa de turismo, entre otras) por las razones expuestas.

Lo interesante del debate oral fue que los jueces conservadores que mostraron escepticismo ante los planteamientos del representante del gobierno usaron argumentos "originalistas" con los cuales se sienten cómodos por ser la doctrina constitucional en la que creen, aunque no siempre la aplican de manera consistente. El momento crucial de la audiencia fue cuando el señor Sauer le dijo al juez presidente John Roberts, con un tono de alarma, que millones de personas estaban a tiro de un vuelo para llegar a Estados Unidos y tener sus hijos en territorio estadounidense. El juez presidente le contestó, con un tono tranquilo: "es una nueva realidad, pero la Constitución es la misma". Sobre el tema de la lealtad (allegiance), algunos jueces plantearon que la Enmienda XIV fue concebida para reconocerle la ciudadanía a los esclavos negros ya liberados tras la Guerra Civil, de quienes no se podía esperar lealtad a Estados Unidos pues fueron llevados a ese país en contra de su voluntad, de lo que se desprende que el concepto de lealtad no fue un factor clave para concederle la ciudadanía a esas personas, por lo que tampoco puede serlo ahora.

En cuanto a los inmigrantes indocumentados, algunos jueces, aun reconociendo la importancia de este fenómeno, manifestaron que los constituyentes no tuvieron ni podían tener ese factor en consideración, por lo que en su intención nunca pudo estar excluir de la ciudadanía a personas que nazcan en el territorio estadounidense sólo porque sus padres estén en condición de ilegalidad. Igual escepticismo manifestaron algunos jueces respecto del argumento del representante del gobierno de que los inmigrantes indocumentados no podían tener domicilio en Estados Unidos porque su condición se lo impedía. Algunos jueces señalaron que los esclavos, beneficiaros de la enmienda, tampoco podían tener domicilio propiamente hablando pues no sólo fueron llevados a la fuerza, sino que se les impedía escoger su lugar de residencia, lo cual no fue tomado en cuenta para reconocerles su ciudadanía.

Como se ve, el representante del gobierno, con un enfoque interpretativo expansivo, le pide a los jueces que reinterpreten la Enmienda XIV a la luz de las circunstancias presentes con el fin de excluir a una cantidad apreciable de personas del beneficio de la ciudadanía, lo cual encontró resistencia nada más y nada menos que de un buen grupo de jueces conservadores que, al menos esta vez, recuperaron su doctrina originalista para cuestionar muchos de los argumentos del representante del gobierno. Por su parte, los jueces liberales se basaron fundamentalmente en la jurisprudencia de larga data en esta materia (caso United States v. Wong Kim Ask, 1898), además de cuestionar la potestad del presidente de decidir, por orden ejecutiva, la normativa sobre a quién corresponde y a quién no la ciudadanía. Fue curioso escuchar a la representante de la entidad liberal American Civil Liberty Union (ACLU), la abogada Cecilia Wang, presentar un argumento de interpretación literal muy propio de los conservadores cuando dijo: la Enmienda XIV dice textualmente "toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos", de lo que deducía que no podía haber exclusión alguna si se interpretaba literalmente esa disposición.

Cuando salga la decisión de la Corte Suprema al final del actual período de sesiones sabremos cuáles doctrinas constitucionales predominarán en los enfoques de los jueces. Mientras tanto, el debate oral sirvió para ver cómo, en términos prácticos, se despliegan enfoques doctrinales contrapuestos y cómo en este caso el enfoque originalista conservador podría, paradójicamente, servir de base para fallar a favor de una causa progresista como es evitar que se excluyan ciertas categorías de personas del beneficio de la ciudadanía estadounidense.

Flavio Darío Espinal

Abogado y profesor de Derecho Constitucional de la PUCMM. Es egresado de la Escuela de Derecho de esta universidad, con una maestría de la Universidad de Essex, Inglaterra, y un doctorado de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Socio gerente FDE Legal.