Sobre el carácter constitucional o no del gobierno de Caamaño

El destacado historiador y expresidente de la Academia Dominicana de la Historia Juan Daniel Balcácer ha escrito dos artículos en su columna semanal en este periódico con el título "¿Fue constitucional el gobierno de Caamaño?" Según expresó, su decisión de escribir sobre este tema estuvo motivada por un intercambio de ideas que sostuvo con los destacados periodistas Julio Martínez Pozo y Nayib Chahede sobre este aspecto del conflicto conocido como Guerra Civil o Revolución de 1965. Los artículos de Juan Daniel han motivado a este articulista a hacer una modesta contribución al debate sobre esta importante cuestión histórica.

Como se sabe, la crisis político-militar que dio lugar a la Guerra Civil de 1965 y la posterior intervención militar de Estados Unidos se desató el 24 de abril de ese año. Dos días después, tras la renuncia de Donald Reid Cabral como cabeza del Triunvirato, las fuerzas militares que auspiciaban el retorno del profesor Juan Bosch a la presidencia tomaron el Palacio Nacional y decidieron designar de manera interina como presidente de la República al Dr. José R. Molina Ureña, quien había sido presidente de la disuelta Cámara de Diputados. En realidad, esta fórmula institucional no llegó a cristalizarse por las razones que se explican a continuación.

En los días subsiguientes se intensificaron los combates militares entre las fuerzas de la base de San Isidro y los constitucionalistas, quienes contaron con un apoyo creciente de sectores populares. La batalla más significativa fue la del Puente Duarte, la cual tuvo lugar luego del intento del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó y otras figuras civiles y militares de convencer al embajador estadounidense William Tapley Bennet de que mediara, junto a la Nunciatura, para encontrar una solución pacífica al conflicto. Según su propio relato, el embajador Bennet culpó a los constitucionalistas -nombre que surgió por estos defender el restablecimiento de la Constitución de 1963 y la vuelta al poder de Bosch sin elecciones- de ser los responsables del conflicto, a quienes devolvió, según sus palabras, a "las crueles calles de Santo Domingo". Como la situación militar no resultó tan fácil de controlar para los militares de San Isidro, principales soportes del ya inexistente Triunvirato, en las primeras horas del 28 de abril desde la base de San Isidro se anunció la formación de una Junta Militar encabezada por el coronel Pedro B. Benoit, cuyo primer acto fue solicitar la intervención militar de Estados Unidos con la justificación de que existía una amenaza comunista.

Sobre este episodio, John Bartlow Martin, embajador estadounidense durante el gobierno de Bosch y enviado especial del presidente Lyndon B. Johnson ante la crisis dominicana, dijo en su libro Overtaken by events: the Dominican crisis from the fall of Trujillo to the civil war que, en su comunicación, el coronel Benoit no mencionó la necesidad de salvar vidas estadounidenses cuando esta fue la justificación original para intervenir militarmente al país. Señaló lo siguiente: "El subsecretario (Thomas C.) Mann llamó telefónicamente al embajador Bennet desde Washington alrededor de las 6:00 o 6:30 p.m. y lo instruyó a que requiriera a Benoit que pusiera por escrito para fines de récord que la solicitud original de Benoit de que se enviaran marines se basaba en la necesidad de proteger vidas americanas que se encontraban en peligro". Y agregó: "Esa noche Bennet le solicitó a Benoit esa declaración escrita y la envió por cable a Washington después de la medianoche. Esta declaración, la base jurídica de la intervención, decía que Benoit en su anterior requerimiento de intervención había olvidado señalar que en su opinión vidas americanas estaban en peligro y que él no podía protegerlas adecuadamente y que por esa razón solicitaba una intervención temporal para restaurar el orden público". Según Martin, en el momento que la versión corregida de Benoit llegó a Washinton el primer grupo de marines ya había desembarcado en la República Dominicana.

Como la presidencia del Dr. Molina Ureña tuvo una existencia fugaz, cuando se produjo la intervención militar en el país no había un gobierno constituido que no fuera la Junta Militar encabezada por Benoit. En ese contexto, el Congreso Nacional, actuando en función de Asamblea Nacional, eligió el 3 de mayo al coronel Caamaño presidente de la República basado en el artículo 126 de la Constitución de 1963, el cual le atribuía a este órgano la potestad de elegir al presidente en caso de falta definitiva del presidente y el vicepresidente de la República. Así como los perpetradores del golpe de Estado abrogaron la Constitución de 1963, los constitucionalistas, con el apoyo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), decidieron reponerla y convocar a los congresistas para que eligieran a Caamaño como presidente. Este último tomó juramento el 4 de mayo en el Altar de la Patria. Como señala Juan Daniel Balcácer, Caamaño contó con legitimidad constitucional porque fue electo según lo que disponía la Constitución de 1963.

Habiendo las tropas americanas tomado control de una parte importante de la ciudad con la creación de la Zona de Seguridad Internacional y el confinamiento de las fuerzas constitucionalistas a un área relativamente pequeña de la ciudad, el 5 de mayo la Junta Militar y el Gobierno de Caamaño firmaron, bajo presión estadounidense, el "Acta de Santo Domingo", la cual declaró, entre otras cosas, un cese al fuego, el reconocimiento de la Zona de Seguridad Internacional y la obligación mutua de facilitar el trabajo de la Cruz Roja y otras agencias internacionales. El 7 de mayo, la Junta Militar de San Isidro fue reemplazada por el denominado Gobierno de Reconstrucción Nacional, concebido y armado por John Bartlow Martin, el cual estuvo encabezado por el general Antonio Imbert Barreras. Este "gobierno" llevó a cabo una brutal represión, especialmente en los barrios de la parte norte de Santo Domingo, para evitar que la causa constitucionalista pudiera extenderse hacia otras partes de la ciudad y del país.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), la cual había "legitimado" la intervención unilateral de Estados Unidos con el voto decisivo del delegado dominicano que representaba a un gobierno -el Triunvirato- que ni siquiera existía, designó una comisión negociadora encabezada por el experimentado diplomático estadounidense Ellsworth Bunker, acompañado de los embajadores Ilmar Penna Marinho de Brasil y Ramón de Clairmont Dueñas de El Salvador. De esas negociaciones salieron dos documentos el 3 de septiembre de 1965: el Acta de Reconciliación Dominicana y el Acto Institucional. Este último sirvió de marco jurídico para la transición política que culminó con la elección del Dr. Joaquín Balaguer a la presidencia de la República el 1 de junio de 1966 y la posterior salida de las tropas de intervención.

El coronel Caamaño firmó esos documentos como presidente constitucional, lo cual fue aceptado sin problema alguno por la comisión negociadora de la OEA. Para esta comisión, él estaba investido de esa condición y ese fue el trato que le dispensó. Queda para otra oportunidad examinar cómo se dieron esas negociaciones, cuáles fueron los temas más sensibles y qué se decidió finalmente en ellas en las que estuvieron tête-à-tête el presidente Caamaño y el embajador Bunker, quien, si bien tenía excelentes habilidades diplomáticas, estuvo respaldado por las tropas de ocupación que funcionaron como una espada de Damocles sobre los negociadores dominicanos.

Flavio Darío Espinal

Abogado y profesor de Derecho Constitucional de la PUCMM. Es egresado de la Escuela de Derecho de esta universidad, con una maestría de la Universidad de Essex, Inglaterra, y un doctorado de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Socio gerente FDE Legal.