José Luis TaverasTelecomunicaciones: competencia y seguridad
Las telecomunicaciones evolucionan desde los monopolios tradicionales hacia mercados regulados por la competencia
Los servicios públicos de telecomunicaciones nacieron con estructuras monopolistas de mercado. Este modelo dominó hasta principios de la década de los ochenta. Muchos países tomaron la decisión de introducir la competencia en los renglones del servicio y la fabricación de equipos, ya que la apertura al mercado de las redes cobró empuje en la década de los noventa.
Las leyes de la competencia facilitaron el desarrollo del mercado hasta alcanzar un estatus de efectiva protección normativa, evitando abusos de posición de dominio de las empresas monopolistas, concentraciones ilegítimas, comportamientos colusorios o predatorios y, en general, prácticas comerciales desleales o restrictivas de la competencia.
En los Estados Unidos, lugar de nacimiento del teléfono (1876), la American Bell Company mantuvo por décadas el monopolio de la telefonía básica y, a través de su empresa holding, American Telephone and Telegraphe (AT&T), llegó a convertirse de 1922 a 1984 en la corporación más grande del mundo, dominando, hasta esa fecha (1984), un 90.1 % del ingreso por tráfico de llamadas de ese país. En 1996 se aprueba la nueva Ley de Telecomunicaciones que desmontó el monopolio para imponer un modelo de competencia en todos los sectores de las telecomunicaciones. En Europa, varios países iniciaron cambios regulatorios estructurales que posibilitaron la entrada de nuevas empresas prestadoras. Así, en Austria, la liberalización comenzó con la Ley de Telecomunicaciones de 1993 y luego con la de 1997; en Alemania, con la Ley de Telecomunicaciones del 1 de agosto de 1996, eliminando el viejo monopolio de la Deutsche Telecom AG; en Portugal, en 1997 una nueva legislación rompe el monopolio de la operadora pública Portugal Telecom; en España la apertura se inicia con la Ley 11/98 del 24 de abril de 1998, modificada por la Ley 32/2003 del 3 de noviembre del 2003.
La República Dominicana no se sustrajo a esa tendencia. Por varias décadas las telecomunicaciones estuvieron concentradas en manos del Estado y de empresas transnacionales, especialmente los servicios finales de telecomunicaciones. Si bien no es sino hasta 1998 que se promulga la Ley General de Telecomunicaciones número 153-08, desde inicios de los noventa el Poder Ejecutivo empezaba a cambiar las políticas públicas al otorgar concesiones para la explotación de servicios finales a Telepuerto San Isidro, S. A. (Tricom S. A.).
La estableció como uno de sus objetivos estratégicos promover la participación en el mercado a prestadoras con capacidad para desarrollar una competencia leal, efectiva y sostenible en el tiempo. Para asegurar el acceso de nuevos competidores, impuso, entre otras, la obligación de la prestadora con red desplegada a facilitar la interconexión con la red de la proveedora entrante y, en ausencia de acuerdo respecto a los cargos de acceso e interconexión, el Indotel puede fijarlos. Pero también, en el desarrollo de su función dirimente de conflictos entre prestadoras, el Indotel ha establecido criterios pro competitivos como son, entre otros, la eliminación de cargos indebidos de interconexión, así como la obligación de las prestadoras a compartir infraestructuras y facilidades conexas que les sean requeridas por otras prestadoras, siempre que esta compartición sea técnica y operativamente factible.
A pesar de la protección sectorial de la competencia, en el reglón de telefonía móvil, Claro Dominicana controla el 63.72 % del mercado con más de siete millones de líneas activas. Altice Dominicana, de su lado, tiene un 33.48 % de participación y más de 3.6 millones de líneas, configurando así una estructura oligopolista de mercado.
El desafío de la regulación es poder alcanzar la nueva configuración de los servicios nacidos de la convergencia tecnológica y la inserción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), fortalecer el régimen de la competencia, proteger a los usuarios, garantizar un régimen de control de riesgos a la ciberseguridad y certificar al "proveedor confiable". Precisamente esos temas constituyen el contenido central de un anteproyecto de ley promovido por el Indotel para reformar la Ley General de Telecomunicaciones, recientemente depositado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
En ocasión de la licitación internacional ganada por la empresa vietnamita Viettel, de 240 Mhz, se quiso crear un cuadro de incertidumbre respeto a la confianza de este nuevo competidor. Se propalaron sospechas de todo tipo, especialmente de riesgos para la seguridad nacional. Insinuaciones recelosas por el hecho de ser una empresa controlada por "el ejército de un Estado comunista".
Sucede que Vietnam es aliado de los Estados Unidos y con los cuales mantiene acuerdos de seguridad y cooperación geopolítica. Sabemos que Vietnam y China se disputan la soberanía de las islas Paracelso y Spratly y zonas ricas en petróleo y gas en el Mar de China Meridional, a pesar de ser China su principal socio comercial, como lo es el tercero de los Estados Unidos. Vietnam adoptó una economía de mercado, lo que derivó en un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos en 2001, en virtud del cual se eliminaron importantes barreras comerciales. El comercio bilateral de bienes entre Estados Unidos y Vietnam alcanzó un valor estimado a 171,000 millones de dólares en 2025.
Un "proveedor confiable" en materia de telecomunicaciones es quien ofrece servicios de conectividad, voz, datos e internet con alta disponibilidad, seguridad garantizada y un soporte técnico eficiente. Ese concepto es adoptado en el referido anteproyecto de ley de reforma a la Ley 153-08, atribuyéndole competencia administrativa al Indotel para certificarlo como tal y de manera análoga a como lo regula la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, que mantiene una covered list, es decir, un registro de tecnologías, dispositivos y servicios de telecomunicaciones que representan un riesgo para la seguridad nacional.
Por demás, la infraestructura 5G de Viettel utiliza proveedores confiables según criterios de la FFC (Ericsson, Nokia, Qualcomm) aparte de que Vietnam está incluida en la Iniciativa Clean Network, que es un programa del Gobierno de los Estados Unidos (2020) para proteger la infraestructura de telecomunicaciones, los datos y la privacidad frente a la influencia de empresas y gobiernos de China considerados de alto riesgo. Pero igual, en materia de ciberseguridad, el Indotel tendrá facultades de inspección y fiscalización en relación con los riesgos, incidentes, controles y obligaciones de ciberseguridad, cuyo incumplimiento podrá dar lugar a medidas preventivas, correctivas o sancionadoras, según los términos del anteproyecto de ley.
De manera que los escarceos derivados de esta adjudicación a favor de Viettel no fueron del todo ociosos: pusieron en perspectiva la necesidad de una regulación efectiva que exija estándares mínimos de seguridad y resiliencia de infraestructuras, redes, sistemas y servicios, al tiempo de fortalecer la competencia entre prestadoras, de modo que el Estado pueda promover la expansión de las redes y de los servicios (especialmente de acceso a internet a poblaciones vulnerables, remotas o insuficientemente atendidas) y las prestadoras no se limiten a zonas rentables de inversión. La fórmula es entonces clara: competencia con seguridad. Lo que resta es someter ese anteproyecto de ley a las cámaras legislativas después de agotar un ciclo abierto de consulta pública.
José Luis TaverasAbogado, ensayista, académico, editor.