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Corrupción
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21 de diciembre: dos años después

La corrupción y sobornos pagos por Odebrecht, durante 14 años, está en vía de convertirse en otro caso más de impunidad.

Sin que nadie lo viera venir, el 21 de diciembre de 2016, un sismo sacudió a todo el continente. Los órganos judiciales de EEUU, Brasil y Suiza revelaron el Acuerdo de Lenidad en que Odebrecht admitía haber pagado sobornos por valor de US$788 millones en diez países de América (EEUU, México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia, Brasil, Perú, Argentina y República Dominicana) y dos de África (Angola y Mozambique).

Odebrecht, durante décadas había implementado un esquema corrupto de operación que normalmente empezaba con el financiamiento ilícito y el asesoramiento de candidatos potencialmente ganadores. Al éstos asumir la presidencia Odebrecht pasaba a tener mucha influencia en la decisión de las obras públicas a construirse y en la determinación de su presupuestos. Odebrecht también sobornaba directamente a ministros y legisladores que participaban en la decisión sobre la construcción de las obras, su financiamiento y aprobación en el congreso.

A partir de ese 21 de diciembre de 2016, es mucho lo acontecido en América Latina en torno al caso Odebrecht.

Solo hay que decir, como muestra, que el Ministerio Público de varios países abrió investigación contra varios presidentes en funciones y expresidentes. En Perú: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Kuczynsky, este último obligado a renunciar. En Colombia a Juan Manuel Santos; en Panamá, Ricardo Martinelli y al presidente Juan Carlos Varela; en Ecuador al vicepresidente Jorge Glas; en El Salvador a Ricardo Funes; en Brasil a los expresidentes Collor De Melo, Lula Da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer. En varios de estos países la investigación incluye además a presidentes del Congreso, legisladores, ministros y decenas de empresarios locales asociados a Odebrecht en la construcción de las obras.

Y en nuestro país ¿Cuál es el balance del caso Odebrecht, dos años después?

Desde el inicio el Procurador General de la República le dio un rumbo torcido a la investigación. Concertó con la empresa un mal llamado acuerdo de oportunidad que exoneraba a Odebrecht de toda responsabilidad penal y que incluso le permitió continuar en el país la construcción de las obras públicas obtenidas mediante soborno.

El expediente presentado ante el Juez de la Instrucción, más que una investigación resume todo un esfuerzo de encubrimiento de muchos funcionarios y áreas del tramado de corrupción y soborno practicado por Odebrecht en el país de 2001 a 2014.

Enumeremos las principales debilidades y ausencias de la investigación y acusación hecha por el Procurador General de la República en el caso Odebrecht.

1.- El Procurador asume como una verdad demostrada, sin hacer su propia investigación, que los sobornos solo ascendieron a 92 millones de dólares. El Ministerio público de Colombia, Perú y Panamá, por ejemplo, pudieron establecer sumas muy superiores a los montos admitidos por Odebrecht.

2.- El PGR no investigó la sobrevaluación de las 17 obras, a pesar de la evidencia de la reiteración de adendas a los contratos que hacían que las obras terminaran costando dos o tres veces el monto original. Además, de las 10 obras más sobrevaluadas por Odebrecht, 4 se encuentran en el país.

3.- Tampoco incluye en la investigación las obras construidas por Odebrecht en el gobierno de Danilo Medina: Ampliación carretera SPM- La Romana, Bulevar Turístico del Este, Carretera Cibao-Sur, Circunvalación Santiago y Termoeléctrica Punta Catalina.

4.- El PGR excluyó de la investigación a los expresidentes de la república Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina quienes gobernaron en el periodo 2001-2014.

5.- El PGR tampoco investiga a funcionarios y legisladores claves en la aprobación de los contratos y adendas por los que Odebrecht pagó sobornos. Gonzalo Castillo responsable de los contratos de 4 de las obras construidas en el gobierno de Danilo Medina; Rubén Bichara por el contrato de Punta Catalina; Vicente Bengoa, Daniel Toribio y Simón Lizardo, responsables de 14, 5 y 3 de los contratos de financiamiento de las obras, respectivamente. Reinaldo Pared, Cristina Lizardo y Abel Martínez, presidentes del senado y de la Cámara de diputados al aprobarse 26, 4 y 18 de los contratos y adendas de las obras.

6.- El PGR no incluye en la investigación ninguna de las empresas que participaron asociadas con Odebrecht en la construcción de las 17 obras públicas.

7.- El PGR no investigó el financiamiento ilícito de las campañas electorales de 2001 al 2014, teniendo los testimonios de varios funcionarios de Odebrecht (Rodrigo Taca, Miglaccio Da Silva, De la Rocha Soares); de la confesión en carta pública de Temístocles Montás admitiendo haber recibido aportes de Odebrecht para las campañas de 2008, 2012 y 2016; y de conocer la participación de Joao Santana y Mónica Moura como asesores y publicistas enviados por Odebrecht para la campaña de Danilo Medina del 2012 y para la reelección.

Es lamentable admitirlo: La corrupción y sobornos pagos por Odebrecht, durante 14 años, está en vía de convertirse en otro caso más de impunidad, dejando al descubierto la podredumbre en el Ministerio Público y Poder Judicial del país.

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