30 de Mayo

Luego de la ejecución de la gran proeza hay que lamentar que el país se haya quedado corto, rezagado en el grado de avance institucional.

Ya han pasado 56 años de la gesta. Transcurridos sin que, en el fondo, se le hubiera concedido la relevancia histórica que tuvo, a excepción de salvas esporádicas vacías de entusiasmo, a pesar de que nadie puede poner en duda de que fue una epopeya trascendente, pues marcó el comienzo de un cambio rotundo del destino del pueblo dominicano.

Pueblo que desde entonces pudo pasar de sufrir el largo despotismo y la opresión salvaje al pleno disfrute de las libertades; de la prosternación y limitación de la actividad económica reservada como coto de usufructo a los favorecidos por el régimen, a disponer de iniciativas para el desarrollo individual y empresarial, y la transformación productiva.

Pero, no, para aquellos que hacen del habla o la escritura un arte vaporoso y desprendido de la verdad, aquellos integrantes de la gesta sólo eran un pequeño grupo, aliado con una gran potencia, la del norte. Impuros; es decir humanos, que anidaban sentimientos de venganza.

Eran, además, de clase relativamente alta. No tenían ideario. No eran de izquierda, tampoco de derecha. Ni de la escuela populista. Eran, tan solo eran, como si estuvieran secos de contenido.

La verdad es otra.

Ese pequeño grupo, hastiado de sufrir la ignominia que representaba la tiranía, supo elevarse sobre sus propias miserias por un acto de mistificación supremo, consustanciarse con el sufrimiento colectivo, despojarse de intereses propios, encarnar la voluntad popular, y ofrendar sus vidas a la patria, sacrificarse en aras de la redención del pueblo y del supremo valor de la libertad.

Y lo hicieron no en vano, como le ocurrió a otros cuyas alforjas estuvieron repletas con las mejores intenciones, sino haciendo sonar el trabuco en la garganta del déspota sanguinario.

El 30 de Mayo modificó el destino; cambió la rutina. Movió la rueda de la historia. Fue determinante. Y los integrantes de la gesta tuvieron que pagar muy caro el precio de su locura, de su convencimiento de que era preferible morir a seguir viviendo como esclavos.

Decisión individual, no dependiente de nada ni de nadie, a pesar de que hubo asistencia mínima externa de unas cuantas armas, no decisiva, como la hubo en epopeyas anteriores, sin que eso reste mérito alguno.

Las libertades se han afianzado y ese ha sido el gran logro. Hubo un sacrificio indiscutible a favor del sentimiento patrio y del valor de la libertad.

Luego de la ejecución de la gran proeza hay que lamentar que el país se haya quedado corto, rezagado en el grado de avance institucional. El clientelismo incesante ha condicionado y limitado el desarrollo de la sociedad.

Fortalecer las instituciones es la gran tarea que persiste en la agenda colectiva. Y aunque a su realización no se le atribuya dimensión heroica, en los hechos, cuando se ejecute, tendrá repercusiones significativas y trascendentes hasta el punto de que pudiera considerársele como el equivalente a la parte del 30 de Mayo pendiente de concretar.

Ese camino hacia la consolidación de la institucionalidad democrática podría tener vertientes distintas, marcadas por dos polos.

El primer extremo, que debería ser el cauce normal, evolutivo, natural, encarnaría un proceso que debería culminar con el respeto a la prohibición a la reelección presidencial, verdadero cáncer que socava la moral y la institucionalidad, o por lo menos con el mantenimiento rígido, inapelable, del límite de dos períodos gubernamentales consecutivos en el ejercicio del poder. Dos y nada más. Y luego el reconocimiento social por la labor cumplida. O el desprecio por la mal hecha.

Ese proceso que ya no tiene más remedio que ser corto, iría perfilando la independencia del estamento judicial, el cumplimiento del imperio de la ley; la participación en la contienda por el poder cubierta bajo el manto de leyes de partido y electoral que garanticen una competencia equitativa, liquiden el uso de recursos públicos a favor de un candidato y eviten la apropiación del espectro de medios de comunicación de forma sesgada y antidemocrática.

Y aseguraría la correspondencia estricta de la ejecución del gasto público con el presupuesto aprobado.

El desarrollo natural de esta vía se vería favorecido por el debilitamiento de los grupos que usan el poder para sus propios fines dado el avance del caso Odebrecht, que ha hecho mella en los sistemas políticos y de justicia a lo largo y ancho del continente americano.

El otro extremo, extraordinario, indeseable, inimaginable, sería que se repitiera lo que sucedió 56 años antes, en aquella ocasión porque no quedaba vía alguna que facilitara el relevo político y devolviera las libertades a un pueblo oprimido. Hasta mencionarlo parecería una locura, aunque en países de tan baja educación nunca se sabe.

A nadie en su sano juicio podría ocurrírsele algo parecido. Aun así la única manera de descartarlo para un futuro más o menos lejano, es que se vaya cumpliendo la agenda de fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Al fin y al cabo, después de Lilís no debió haber habido nunca un Trujillo, pero lo hubo.

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