Agresión urbana en La Castellana

La urbanización La Castellana en el Distrito Nacional tiene una Junta de Vecinos activa, dedicada a velar por los intereses de los vecinos y a mantener condiciones de convivencia y habitabilidad óptimas. Esa Junta ha sido abanderada de la posición de mantener un uso de suelo dedicado exclusivamente a fines residenciales, en edificaciones de solo dos pisos, sin comercios ni oficinas. La normativa municipal consagra ese derecho, desde hace mucho tiempo.

Los propietarios de estos terrenos y viviendas invirtieron conscientemente sus ahorros en el pasado para vivir en una urbanización de ese tipo; no en otra. Y reclaman que se respeten sus derechos adquiridos; que cese el desorden que viene caracterizando la vida en esta sociedad; y que se les deje vivir en paz.

Pero no hay manera. A pesar de lo sucedido con Los Prados, otrora hermoso residencial que se ha vaciado de vecinos, llenado de comercios y oficinas, convertidas sus calles en un caos, perdiendo lo que fue su esencia, se quiere repetir el mismo patrón fallido con La Castellana.

Los empecinados en mantener la urbanización La Castellana en zozobra permanente, son: a) promotores de edificaciones en su afán de hacer riqueza rápida, sin importar si convierten en ruina social todo lo que tocan; y b) autoridades edilicias que se prestan a la interpretación de las normas, atendiendo a razones o intereses contrarios a los de su constituyente.

Ahora estas autoridades han aprobado el inicio de una construcción de cuatro pisos en la calle Eugenio Deschamps, esquina, por un lado, con la Livia Veloz, y por otro, con la Abigaíl Mejía. O sea, una construcción que tendría tres frentes, en absoluto desprecio a la comunidad.

El argumento que esgrimen es que se trata de un área periférica a la urbanización. La estrategia de los promotores en alianza con poseedores parciales del poder municipal, es ir desprendiendo jirones al cuerpo de la urbanización; arrancar un mechón por aquí, un pedazo de mejilla por allá, hasta dejarla desvirtuada, dañada, en condiciones parecidas a tantas otras en que ya no merece la pena vivir.

Las obras comenzaron en sigilo, al acecho, y a velocidad de espanto, con el propósito evidente de sorprender al vecindario con el consabido hecho consumado.

De permitirse esta violación, el vecindario transitaría hacia el mayor congestionamiento de sus calles, el incremento del ruido, la pérdida de la tranquilidad. Y los vecinos tendrían que empezar a pensar en mudarse de área o de país, si es que se pudiera, o conformarse con ver cómo se deteriora progresivamente su calidad de vida.

La Junta de Vecinos y el vecindario no encuentran forma de lograr que se escuchen sus reclamos. Vale más el dinero de los promotores que los deseos de miles de pobladores.

Y ese no es el país ni la democracia que se necesita y se requiere. Si no hay seguridad física ni jurídica, no hay Estado. Vivir en desorden permanente, dando patente de corso a los osados y a quienes pagan bien los favores institucionales, es el principio de la disolución de todo.

Ojalá que el Ayuntamiento reflexione, recapacite, imponga el orden y desautorice la continuación de esta obra.

Como si fuera poco, y al margen de la violación urbana comentada, el acceso o la salida por vehículo a o desde esta zona de la ciudad, cada vez se complica más. Al día se pierden miles de horas de los ciudadanos en su afán de ir a y venir de sus labores cotidianas.

Existen rutas potenciales de desahogo, y al mismo tiempo no las hay, porque la negligencia en resolver es la regla. El caos se mantiene porque las autoridades no se atreven a aplicar soluciones estudiadas desde hace tiempo, que liberen a los ciudadanos de vivir sorteando obstáculos y en permanente agonía.

Veamos algunas de esas soluciones: la calle Dr. Defilló debería extenderse desde la Mejía Ricart hasta la Kennedy. Y la Oloff Palme podría ser prolongada desde Los Prados, conectándola con la calle Heriberto Núñez y con la José Amado Soler, para convertirla en una gran avenida de amplio recorrido.

Nada de esto se hace porque habría que intervenir a Los Praditos desde la perspectiva urbana. Y no se atreven a hacerlo por el eventual costo político que acarrearía una solución de este tipo.

Un ejemplo más. Parte de los tapones de esta zona se resolverían con tan solo poner la calle Respaldo 18 de una sola vía y prohibir el aparcamiento en dos hileras. Y hacer algo similar en las calles adyacentes.

Y como esas existen innumerables posibilidades que no se abordan nunca. Nadie se atreve a actuar para no perder eventuales votos. El clientelismo y populismo reinan sobre las actuaciones públicas en contra del interés ciudadano.

Esta sociedad se encuentra como los chivos sin ley, embebida en el desorden. Los chivos brincan y saltan, pero al final terminan en un caldero. Ese será el destino de esta sociedad si no se rectifica, más pronto que tarde.

Eduardo García Michel