Ante la situación en Cataluña

En las últimas semanas, son muchos los ciudadanos dominicanos que se dirigen a mí mostrando su incomprensión, extrañeza y preocupación por lo que está sucediendo en Cataluña. Agradezco las muestras de cariño y solidaridad que he recibido del Gobierno y el pueblo dominicano, y escribo estas líneas con el propósito de intentar arrojar algo de luz.

En los últimos años, las autoridades regionales catalanas han promovido activa y persistentemente una agenda separatista, pretendiendo que Cataluña aspira a recuperar su “independencia perdida”. Cataluña no ha sido nunca un Estado independiente. Aunque resulte un tanto tedioso tener que remontarse a la Edad Media, en el año 1162 lo que entonces se conocía como Condado de Barcelona se integró en el Reino de Aragón que, a su vez, se fusionó con el Reino de Castilla en 1479 merced al matrimonio de los Reyes Católicos, dando lugar a la España actual, un país que ha permanecido unido durante más de 500 años.

Pese a ello, en un intento por apelar a la opinión pública internacional, quienes promueven esa agenda secesionista sostienen que están ejerciendo su “derecho a la autodeterminación”. Cualquier persona con un mínimo conocimiento del Derecho Internacional sabe que esto no es cierto, ya que este derecho sólo se aplica a los “pueblos bajo dominación colonial u otras formas de ocupación foránea”. El derecho a la autodeterminación de los pueblos contenido en la Carta de las Naciones Unidas (art. 2) y desarrollado por las resoluciones 2625 (XXV) y 1514 (XV), se limita al proceso de descolonización. Aparte de este contexto, solo se puede argumentar en casos de pueblos anexionados por conquista, dominación u ocupación extranjera y pueblos oprimidos por violaciones masivas y flagrantes de sus derechos. Para no usar este término, los secesionistas han inventado el “derecho a decidir” tratando así de soslayar la realidad: ninguna constitución del mundo (excepto la venezolana de Nicolás Maduro) recoge un pretendido derecho a la secesión de una parte de su territorio.

Otro de los mantras recurrentes de los partidarios de la independencia es la “opresión” de Cataluña. Pero Cataluña, al amparo de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía, tiene un parlamento y un gobierno propios beneficiándose de uno de los más altos grados de autogobierno existentes en el mundo. Tampoco puede argumentarse que Cataluña sufra opresión económica siendo una de las regiones más prósperas de España.

España, mal que les pese a los que promueven la agenda de ruptura, es una democracia madura, cuyo ordenamiento constitucional establece entre otras cosas un amplio régimen de descentralización política y administrativa para todas sus regiones. Así, los catalanes, entre elecciones europeas, nacionales, regionales y municipales han votado en 47 ocasiones desde la restauración de la democracia.

No obstante, y pese a que los partidarios de la independencia no han obtenido una mayoría de votos en sucesivas elecciones nacionales y regionales, se arrogan la representatividad de toda la sociedad negando la pluralidad de la sociedad catalana y, en la peor tradición de los movimientos nacionalistas, supremacistas, populistas y antisistema, incumplen las leyes cuando estas les impiden alcanzar sus objetivos, silencian a la oposición, marginan y acosan a los discrepantes, utilizan el presupuesto de las instituciones autonómicas manipulan la educación de los escolares... Estas actuaciones vulneran las más elementales normas democráticas y han tenido como resultado una grave división social, quiebra de la convivencia y una inestabilidad y desconfianza de cuyas consecuencias estamos siendo todos testigos en las últimas semanas.

En este contexto, el referéndum organizado el pasado 1 de octubre por el Gobierno catalán no contó con ninguno de los requisitos mínimos para que pueda reconocerse su validez. Para ilustrar la credibilidad de una votación en la que no había ni censo ni autoridad electoral independiente, baste recordar que en muchos municipios de Cataluña se registraron más votantes que habitantes censados.

Todo esto no significa, obviamente, que la Constitución Española sea inmutable. Puede, por supuesto, ser enmendada y una comunidad autónoma tiene capacidad de iniciativa para proponer una reforma de la Constitución, pero cualquier modificación debe hacerse siguiendo el procedimiento en ella establecido y no, como ha hecho el Gobierno catalán, tratando de quebrar uno de los principios esenciales de cualquier democracia que es el principio de legalidad, según el cual todos - ciudadanos y poderes púbicos - estamos sometidos a la Ley. Fuera de la Ley no hay democracia, sino dictadura y totalitarismo.

El Gobierno del Presidente Mariano Rajoy, con el apoyo de las principales fuerzas del arco parlamentario, ha mantenido durante todo este proceso la mano tendida al Gobierno catalán, ofreciendo diálogo en el marco de la Constitución y de las leyes. Desgraciadamente las autoridades de la Generalitat no han aceptado nunca que ese diálogo deba hacerse en el debido respeto interinstitucional y de las reglas de juego de la democracia.

La activación del artículo 155 aprobado por la mayoría absoluta del Senado tiene por objeto recuperar las instituciones de la Generalitat para el conjunto de los ciudadanos catalanes, evitando que estas sigan en manos de unos dirigentes políticos que han ignorado o perseguido a todos aquellos catalanes que no fueran independentistas, rompiendo el marco de convivencia establecido, la legalidad y la democracia.

Alejandro Abellán