Armas ilegales y seguridad ciudadana

Desde sus primeros pasos, en tanto precandidato a la presidencia, la seguridad ciudadana ha sido uno de los leitmotifs del presidente Luis Abinader. Si la memoria no me hace de las suyas, recuerdo que invitó a Santo Domingo a Rudy Giuliani, alcalde de Nueva York (1994-2001), y hasta el pasado año abogado y asesor del presidente Donald Trump, para que le orientara en materia de criminalidad y violencia urbanas que con su política “tolerancia cero” había logrado disminuir considerablemente en la megápolis.

El nuevo presidente dominicano no ha olvidado su promesa de campaña y vuelve con un Plan de Seguridad Ciudadana destacado como noticia principal de la edición de Diario Libre del 23 de marzo pasado que tendrá “como una de sus acciones fundamentales la compra de armas de fuego que civiles porten de forma ilegal para su posterior destrucción”. Este plan no carece de sentido.

Una de las exigencias más importante del habitante de grandes ciudades es la tranquilidad. Vivir en paz. Exigencia propia del instinto de conservación humano. La violencia urbana que avanza pareja con la criminalidad y que en período electoral se le atribuye en gran parte a la inmigración extranjera. Sin embargo, ni la criminalidad ni la delincuencia urbanas son una simple apreciación. Es real. Estudios sobre sus orígenes son legión. Insisten en la brecha social y económica que deja el surco despiadado del capitalismo.

Cuando se derribó el muro de Berlín en 1989 y poco después se desplomó la Unión Soviética, el papa Juan Pablo II con esa lucidez única de hombre de iglesia y jefe de Estado, le recordó al mundo que el fin de la Cortina de Hierro no significaba únicamente el triunfo del capitalismo; recordó también que la humanidad debía enfocarse en controlar los actos del insensible sistema liberal que se ha ido imponiendo incluso en países subdesarrollados. Un sistema que estimula la delincuencia y la criminalidad que azotan grandes ciudades de Estados Unidos, de Europa occidental y de la América Latina, las excolonias inglesas del Caribe y República Dominicana. Es natural que se quiera vivir en paz, que se reduzca en lo más mínimo el temor a la inseguridad en nuestro país como trata de hacerlo el presidente Abinader con su plan de Seguridad Ciudadana que lanzará el próximo 6 de abril.

Quien posee armas ilegales se hace reo de justicia. Comprarlas sería algo así como premiar un delito. Las armas facilitan la delincuencia y la criminalidad, pero no podemos pensar como aquellas ciudades del Far West del cine de Hollywood en donde los sheriffs exigían a los viajeros despojarse de sus armas al llegar a la ciudad para evitar la violencia. La intención es buena. La solución estaría mejor en la creación de empleos para disminuir la brecha social. Tratar de evitar por todos los medios que los aparatos represivos del Estado interpreten la lucha contra la criminalidad y la violencia como un amplio permiso para matar frecuente en los regímenes totalitarios en que el miedo “garantiza” paz y tranquilidad ciudadanas.

Al terminar la dictadura de Trujillo, el 21 de noviembre de 1961, hubo cientos de personas apaleadas, lapidadas. Los culpables, en esos primeros meses de “libertad”, eran aquellos que las turbas golpeaban. Muchos de los que habían prestado sus servicios a la tiranía; de los que habían hecho de verdugos en la cárcel de la “40” y del “9”. Los culpables, cuando en realidad la falta recaía en el pueblo, con excepción de los que se arriesgaron al oponerse a la dictadura. De esa culpa nacional, en 1961, solo Juan Bosch se dio cuenta y lo planteó a su llegada a Santo Domingo el 20 de octubre de ese año con su discurso “Hay que matar el miedo”, pues no se podía hacer una campaña con el antitrujillismo como principio, porque era hacerlo contra todo el país.

Una fotografía, publicada en El Caribe a finales de noviembre de 1961, ilustra la amnesia colectiva. Digo amnesia por no decir irresponsabilidad, pues unos meses antes, el 2 de junio, durante el entierro de Trujillo, se hizo una espontánea cadena humana que se extendía del Palacio Nacional hasta la iglesia de San Cristóbal donde debía ser enterrado el tirano. Apenas seis meses después, se aglomeró en el parque Independencia de Santo Domingo una multitud semejante enarbolando una enorme pancarta en la que se leía: “¡Virgen de la Altagracia, gracias por salvarnos de esa horrible dictadura!”.

Sin embargo, hay una nostalgia de la “tranquilidad” y la “seguridad” que se vivía durante la “Era”. Se recuerda con frecuencia la suerte de los ladrones en esa época; que la puerta principal de la casa no necesitaba seguro; que se podía pasear a todas horas y no había peligro. Pero no se recuerda a cambio de qué. Esa nostálgica “seguridad” estaba impuesta por el terror. Por un régimen de “mano dura”. Según parece, los irresponsables y egoístas que reclaman “mano dura” contra la criminalidad, únicamente para proteger su tranquilidad individual, no toman en cuenta que esa “mano dura” que tanto reclaman serán ellos mismos los primeros en lamentar, porque no solo ellos perderán la paz y el sosiego, sino también sus hijos; que estarán siempre a la merced de una palabra mal interpretada, a la delación, etc. La “mano dura” se sirve de las crisis, de la criminalidad, de la violencia y utiliza como brazo ejecutor a esa misma chusma que rechazan los que quieren tranquilidad y seguridad. El Plan de Seguridad Ciudadana del presidente Abinader puede ser enriquecido y evidentemente mejorado.

Guillermo Piña-Contreras

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Diplomático. Escritor; ensayista. Academia Dominicana de la Lengua, de número. Premio Feria del Libro 2019.