China, Estados Unidos y República Dominicana

A finales de la década de los 70, China y Estados Unidos se mostraban irreconciliables. Proliferaban declaraciones públicas en refuerzo del abismo ideológico existente entre los dos bloques que separaban a la humanidad: capitalismo versus comunismo.

De repente, surgió la sutil diplomacia del ping pong, paciente y discretamente labrada, y después se produjeron las repetidas visitas de altos funcionarios estadounidenses a China. Y ocurrió. Ambos países establecieron relaciones diplomáticas formales en 1979. Desde entonces, el mundo cambió.

Para los Estados Unidos era una forma de neutralizar la influencia creciente de la Unión Soviética. Para China una manera de disuadir la amenaza soviética establecida por medio de la presencia masiva de tropas acantonadas a lo largo de la línea fronteriza.

A partir de ese momento se produjo la suspensión en cadena de relaciones diplomáticas con Taiwán y la consecuente apertura con China, salvo en el caso de algunos países como la República Dominicana que, por inercia, mantuvieron el reconocimiento a Taiwán.

Se impuso, dentro del concierto diplomático, lo que el eslogan proclamaba: la idea de la existencia de una sola China. Pero también ha quedado la evidencia de que ahí está Taiwán, convertido en país desarrollado, con poder económico, que siendo muy pequeño ha labrado con tenacidad y buenas políticas su alto desempeño.

Taiwán reúne condiciones para ser reconocido en todo el orbe como nación independiente. Al fin y al cabo, hay decenas de pueblos menos homogéneos, con más baja población y menor potencial, que lo son. Pero nunca habrá de lograrlo si persevera en querer identificarse como China. Son chinos, pero no es China.

Debe de haber sido muy duro para Taiwán que se le impusiera su subordinación, se le despojara del papel de primera línea de defensa del “mundo libre” que había desempeñado en la guerra fría y se le quitara su sitial en las Naciones Unidas. Quedó en desamparo diplomático, aunque no económico ni militar.

Después de aquello, nadie esperaba lo de ahora, y mucho menos en la forma en que sucedió.

Como quien quisiera montarse con premura en un tren que hace tiempo pasó por la estación, la República Dominicana rompió abruptamente las relaciones diplomáticas que mantenía con Taiwán, luego de haber aceptado ofertas de cooperación de ese país, y las estableció con China.

Ante lo inesperado, los Estados Unidos han reaccionado mostrando desengaño, molestia y estupor. Y han señalado lo inapropiado del momento escogido por su eventual efecto desestabilizador en el contexto regional, pero también han expuesto su preocupación por sus efectos internos sobre la transparencia y debilitamiento del sistema democrático.

Y esas son cuestiones mayores.

De repente, la política exterior dominicana parece haberse convertido en un camino escabroso y de espinas.

La prensa cita las recientes declaraciones de Robert Copley, encargado de negocios de los Estados Unidos (Diario Libre, 17 de mayo), refiriéndose al acuerdo con China, según las cuales: “Cualquier préstamo, comercio o inversión que su efecto sea en beneficio de derechos laborales, la protección al medio ambiente o que mejore la transparencia es más que bienvenido, pero estamos preocupados por cualquier tipo de préstamo que no tenga esos efectos, que dañe los derechos laborales, que no tome en cuenta las necesidades de las comunidades locales”.

Y agrega: “Estamos preocupados y estaremos y estamos tomando las medidas que podamos para garantizar y mejorar la institucionalidad de este país (República Dominicana), que siempre ha sido nuestro interés, que la República Dominicana sea un país estable, próspero y democrático, que es nuestra meta y cualquier programa que atente contra esto es nuestra preocupación”.

Cualquiera se asombra y se pregunta en qué forma el reconocimiento de China podría afectar la institucionalidad, la transparencia y el sistema democrático.

Por lo expresado, pudiera entenderse que la potencia del norte tiene la sospecha (¿o quizás la evidencia?) de la existencia de algún tipo de acuerdo para atraer recursos de China al país a cambio del reconocimiento efectuado, que podrían ser utilizados para consolidar áreas de poder grupal.

Si fuere así, y dejara de ser una simple conjetura, este proceder sería susceptible de afectar el desempeño institucional en la misma escala y forma que antes lo hicieron los recursos acordados con Brasil y que dieron lugar al escándalo Odebrecht.

No se trata, como acaba de afirmar la encargada de negocios de China, de resaltar los atributos soberanos sino de evitar que se adopten acuerdos que usurpen y obstaculicen el normal funcionamiento del ordenamiento democrático.

La coincidencia, que se presta a reflexión, es que todo esto ocurre en medio de una áspera disputa para modificar las reglas de juego de elección de los candidatos presidenciales de los partidos políticos y de rumores sobre eventuales intenciones de modificar de nuevo la Constitución.

Eduardo García Michel