Compromiso por la transparencia,
contra la corrupción y la impunidad

Al momento de su constitución, Alianza País adoptó como lema Por un gobierno Honesto, con el convencimiento de que no era posible avanzar hacia la democracia, el desarrollo y la justicia social, sin un liderazgo político verdaderamente comprometido con la transparencia, la lucha contra la corrupción y la impunidad. La experiencia demuestra que de poco sirven programas políticos técnicamente bien elaborados y con innovadoras propuestas, si quienes los van a ejecutar asumen la función pública para hacer negocios y enriquecerse.

La impunidad es la principal aliada del corrupto. Lo que más estimula al ladrón de fondos públicos es la certeza de que no recibirá castigo y, en todo caso, que terminará disfrutando lo robado. Hoy día, los Estados no se clasifican entre corruptos y no corruptos, sino entre los que castigan la corrupción y los que no lo hacen.

La corrupción y la impunidad, por tanto, además del daño material causan un profundo daño moral al cuerpo social al convertir la justicia y los poderes públicos en caricaturas y estimular la violación generalizada de la Ley.

Para iniciar la dura batalla contra la corrupción se requiere de un liderazgo con real voluntad política y avalado, desde antes de ganar el gobierno, en prácticas de honestidad y demostrado carácter para no doblegarse ante las presiones e intereses espurios. Un liderazgo sujeto a principios y valores, sin doble agenda y que no se refugie en excusas redentoras para justificar inconductas. Ahora bien, estas condiciones no son suficientes. La parte crucial está en que ese liderazgo asuma también el compromiso de hacer que la lucha contra la corrupción no dependa de la “voluntad política” y pase a ser “voluntad de Estado” a través de prácticas transparentes, fortalecimiento institucional y respeto de la legalidad. Es el momento en que se pasa de un Estado en que prima la voluntad de los que detentan el poder a otro en que gobiernan las leyes e instituciones, las que se le imponen a los titulares coyunturales del poder. A partir de ese momento es que la lucha contra la corrupción se hace irreversible y la impunidad imposible.

La lucha contra la corrupción tiene que ser integral. Esto es, preventiva, y en esa virtud obligar a la total transparencia, rendición de cuentas e identificar en tipos penales las distintas modalidades de enriquecimiento ilícito a costa del patrimonio público. Y tiene que ser también represiva, esto es, sancionar todo acto de corrupción sin importar rango político, económico, social, familiar. En un país como el nuestro el castigo de los corruptos sin dejar resquicio para la impunidad es también una efectiva forma de prevención.

A partir de lo expresado hay que trazar una raya de separación con las prácticas tradicionales, asumiendo un compromiso político y ciudadano por la transparencia, contra la corrupción y la impunidad, que incluya:

1.- Una política de puño de hierro contra la corrupción y la impunidad. Se trata de una voluntad de Estado en la que: Todo acto de corrupción denunciado tiene que ser investigado, sus autores enjuiciados, los culpables condenados y recuperado lo robado. Ningún acto de corrupción puede quedar impune, ningún ladrón de recursos públicos puede beneficiarse de su robo. Por eso, hay que hacer imprescriptible los delitos de corrupción y se impone auditar los actos de corrupción de los últimos 20 años.

2.- Garantizar la absoluta independencia del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas de los partidos políticos e intereses corporativos.

3.- Eliminación del barrilito, cofrecito, exoneraciones y cualquier otra retribución o para asistencia social contrario a las funciones legislativas.

4. Eliminar los ministerios, direcciones, oficinas con funciones duplicadas o sin real utilidad.

5.- Aplicación rigurosa de la carrera administrativa extirpando de la función pública el nepotismo, las botellas y las nominillas. Asimismo suprimir los salarios de lujo, prohibiendo la asignación de sueldos y pensiones al margen del régimen general establecido en el Estado.

6.- Eliminación en ministerios y organismos autónomos la facultad de hacer construcciones y compras, actividades estas que deben realizarse por órganos especializados y bajo procedimientos rigurosos de concursos, respetando la ley de contratación pública en los ministerios que correspondan.

7.- Eliminación de la OISOE y de los planes sociales de la presidencia, las que pasarán a los ministerios que correspondan.

8.- Obligar a todo funcionario o representante en el Estado a presentar su declaración de patrimonio, no pudiendo juramentarse sin satisfacer este requisito. También al dejar la función publica.

9.- Obligar a toda institución del Estado con asignación presupuestaria a tener un portal digital accesible al público para dar cuenta de sus ingresos y gastos y suministrar las informaciones que le sean requerida en virtud de la ley.

10.- Disponer que en todos los ministerios y poderes del Estado haya una “veeduría ciudadana independiente” que haga evaluaciones periódicos sobre el desempeño y manejo de los recursos.

Guillermo Moreno