Crisis, políticas y reformas (1)

Cuando Temístocles Montás me preguntó si aceptaría participar en el acto de puesta en circulación y comentar su nuevo libro “Crisis, políticas y reformas”, no lo dudé. Le respondí al instante que estaría encantado de hacerlo.

Él es uno de los dominicanos que más ha trabajado en la conceptualización e impulso de reformas, tanto desde la cúspide del poder como en su condición de simple ciudadano. Ha sido su convicción.

Por largo tiempo ha mantenido una actitud de abierto intercambio de ideas con los miembros del grupo profesional de Ecocaribe, lo cual nos ha permitido transmitirle nuestra visión y recibir de su parte la reacción sopesada, muchas veces coincidente, en ocasiones diferente, pero en todo caso bien motivada.

En ese proceso pudimos darnos cuenta que se trataba de un ser ajeno a los dobleces. Su despacho jamás tuvo cerrojo. El poder no lo embriagó. Calibramos sus preocupaciones y tensiones. Descubrimos su vertiente humana, solidaria. Por cosas como esas, nos honramos con su amistad.

El libro que empieza a circular, no es de lectura fácil. Obliga a pensar, cualidad en decadencia, cuyo hábito ha ido perdiéndose por la intrascendencia y levedad de la vida cotidiana.

Coloca en primer plano la necesidad de ejecutar reformas dentro de una perspectiva global, no provinciana. Se centra en considerar los grandes retos y desafíos que tiene que enfrentar la nación. Y sugiere medidas concretas para encaminarla hacia el desarrollo.

Pudiéramos estar o no de acuerdo con sus propuestas, pero jamás negar su trascendencia.

El libro sumerge al lector en las realidades de un escenario mundial y nacional desigual, volátil e incierto. La única manera de mitigar esas preocupaciones es si se ejecutaran políticas públicas de calidad. La gran barrera es que suelen estar al servicio de intereses de grupos.

El ingeniero Montás pone de relieve la necesidad de lograr superávit primario y mantener una estructura tributaria que no afecte la competitividad; prudencia en el endeudamiento; flexibilidad cambiaria, baja inflación, Banco Central independiente; y desarrollo exportador con mayor contenido tecnológico y valor agregado.

¡Qué distinto sería este país si se hubiera hecho lo que el autor sugiere y lo que tanta gente sensata ha venido recomendando!

En esa enumeración de asuntos macroeconómicos echo de menos la necesidad de solucionar, en vez de seguir posponiendo, el problema de la deuda cuasi fiscal. Muchos políticos, incluyendo funcionarios, no entienden su significado. Y por no saber como afrontarla, optan por dejar que siga creciendo.

Así, la deuda cuasi fiscal acumulada al 31 de octubre del presente año, ascendía a US$11,529 millones. Al mismo tiempo, el Banco Central debía a sus acreedores US$10,057 millones. Dentro de esas acreencias, los fondos de pensiones cubrían, directa o indirectamente, alrededor del 70% del total. Para 2018, el déficit a ser generado por esta deuda se estima en el 2.1% del PIB.

Este gran embrollo afecta no solo a las finanzas públicas, sino al aparato productivo en general. Distorsiona el funcionamiento del sistema financiero y de los flujos de ahorro e inversión. Inutiliza el ahorro estable de largo plazo. La única solución efectiva es desmontarla, par a par a la liquidación de los títulos colocados por el Banco Central.

Por otro lado, el autor propone crear una infraestructura de calidad. Señala dos cuellos de botella: el déficit de inversión pública de por lo menos el 3% del PIB por año, cuya recuperación requiere de la concertación de un pacto fiscal; y la insuficiencia y baja calidad del sistema de energía eléctrica, problemas que deberían ser resueltos con el pacto eléctrico.

En cuanto al sistema eléctrico, el ingeniero Montás lleva años planteando la necesidad de incrementar la inversión en el área de distribución de energía, reducir las pérdidas continuas por ineficiencias en el cobro (fraude y aliento al no pago), promover la inversión privada para asegurar el suministro y establecer un sistema de regulación y supervisión de elevada profesionalidad.

El asunto no es discutir si el Estado es buen o mal administrador (por algo se aprobó la ley de capitalización de las empresas públicas), sino crear un sistema eléctrico confiable, competitivo, cuyos costos sean cubiertos por los demandantes de energía, liberando así recursos del Estado. En esto el ingeniero Montás tiene la razón.

Sépase que desde el año 2001 hasta 2016, el Estado había erogado en el sector eléctrico la suma de US$11,080 millones, de los cuales US$8,925 millones fueron a transferencias corrientes . Todo un dispendio sin sentido. Las pérdidas han seguido siendo altas y los apagones no han podido eliminarse.

A la luz de esas evidencias, la versión de “pacto eléctrico” en vías de firmarse no parecería ser el camino a la solución de estos entuertos, puesto que estaría dejando de lado el problema fundamental del manejo politizado del sistema de energía, fuente inagotable de negocios opacos.

Eduardo García Michel