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Crónica brevísima de la corrupción y la impunidad (y 15)

La investigación del caso Operación Medusa resalta sobrevaluación de hasta cuatro veces el precio original de equipos del Inacif, adquiridos con fondos donados por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

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Crónica brevísima de la corrupción y la impunidad (y 15)

OPERACIÓN MEDUSA. Así designó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) el caso penal contra Jean Alain Rodríguez y otros funcionarios, imputados de defraudar al Estado y enriquecerse ilícitamente con más de 6 mil millones de pesos mientras se desempeñó como Procurador General de la República en el periodo (2016-2020).

LOS HECHOS. Conforme la investigación, entre las múltiples acciones delictivas cometidas están: i) FRACCIONAMIENTO DE PROCESOS DE COMPRA para evitar someterlos a licitación pública y así adjudicarlo directamente a empresas vinculadas al exprocurador y empleados de la institución como es el caso de los 55 pagos realizados de 2017 a 2020, a la empresa Productiva SRL, por un total de 72 millones 750 mil 243 pesos; ii) DISTRACCIÓN de parte de los 10 mil millones del llamado plan de humanización del sistema penitenciario realizado sin sustento técnico, en ausencia de estudio de suelos; iii) NOMINAS FALSAS para distraer fondos del presupuesto de la institución; iv) PROCESOS FRAUDULENTOS DE COMPRAS con licitaciones arregladas para repartirse los beneficios con entidades comerciales escogidas; v) SOBREVALUACIÓN de hasta 4 veces el precio original de equipos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), adquiridos con fondos donados por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); vi) APARENTE DESPILFARRO de dinero pues solo para anunciar ampliación de la cárcel Najayo y la construcción de la Nueva Victoria se gastó más de 8 millones de pesos, escogiéndose empresa con vínculos con Jean Alain; vii) DESVIACIÓN DE BIENES INCAUTADOS: el 13 de agosto de 2020, tres días antes del cambio de gobierno, el exprocurador emitió un cheque desde la cuenta especializada de Lavado de Activos de la PGR por valor de RD$34,522,364.30 a favor de la empresa Fire Control Systems, que tenía la custodia y ocupación del inmueble, previa alteración del contrato para suprimir y agregar cláusulas en las que “insertaron informaciones falsas”. viii) CURSOS INEXISTENTES DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL desde febrero 2018 a febrero 2020 y por los que se pagaron $18,440,800 a la empresa Desarrollo, Individuo & Organización (DIO, SRL), representada por Miguel José Moya, sin que haya constancia de que hayan sido impartido; ix) COMBUSTIBLES FRAUDULENTOS: Coincidiendo con las elecciones de febrero, en este mes se consigna el gasto de más de 10 millones de pesos en compra de gasolina y gasoil, sin que haya evidencia de a quien se le entregó.

VIOLACIONES PENALES IMPUTADAS. Están imputados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, desfalco, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.

SITUACIÓN PROCESAL. La jueza de la Instrucción Kenya Romero declaró el caso complejo y dispuso 18 meses de prisión preventiva contra Jean Alain Rodríguez, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Forteza Ibarra, exdirector de tecnología de la información; Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo y financiero y Alejandro Rosa Llanes, exdirector de la unidad de custodia y administración de bienes incautados. Además, decidió contra Miguel José Moya, asesor y director de empresas desarrollo, individuo & organización (DIO, SRL) impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica de un millón de pesos. También, les dictó prisión domiciliaria e impedimento de salida del país contra Rafael Mercedes Marte, exencargado del departamento de contabilidad; Altagracia Guillén Calzado, exsubdirectora administrativa y Jenny Marte Peña, exencargada del plan de humanización del sistema penitenciario. Rafael Stefano Canó Sacco se encuentra prófugo.

AMPLIACIÓN INVESTIGACIÓN. Desde distintas esferas se está exigiendo a la PEPCA ampliar la investigación e incluir las empresas del Lic. Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia que participaron en la construcción sobrevaluada de la cárcel la Nueva Victoria.

OPERACIÓN 13. Así designó el PEPCA el caso que desmanteló la estructura mafiosa que existía en la Lotería Nacional, encabezada por su Administrador Luis Dicent y otros funcionarios y mediante la cual estafaron con cientos de millones de pesos a las bancas de apuestas y a las personas que hacían apuestas en ellas. El escándalo se produjo el sábado primero de mayo en el que salió el número 13 en primera, el 69 en segunda y el 13 en tercera. En un video se pudo ver el momento en que el invidente Miguel Mejía simula entregarle un bolo a la locutora y conductora Valentina Rosario Cruz, quien ya tenía en sus manos el número 13 procediendo a declararlo ganador del primer premio.

VIOLACIONES. Asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y otros delitos.

SITUACIÓN PROCESAL. Se dispuso un año de prisión preventiva contra, Luis Dicent; William Lizandro Rosario Ortiz, Eladio Batista Valerio. Además, presentación periódica para Rafael Mesa Nova, Miguel Arsenio Mejía Rodríguez y Edison Manuel Perdomo Peralta. A este último se le impuso el pago de garantía de medio millón de pesos e impedimento de salida. También, arresto domiciliario y colocación de brazalete electrónico a Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio.

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Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.