20170517 https://www.diariolibre.com

La UASD vive hoy uno de los peores momentos de la gestión del doctor Iván Grullón Fernández (2014-2018), no sólo al referirnos al deterioro de sus precarias finanzas, sino principalmente a juzgar por la actitud reticente del gobierno dominicano, con razón o sin ella, frente a las peticiones de socorro que ha hecho la institución y a la luz de los cuestionamientos internos y externos generados recientemente. De esos cuestionamientos se desprenden y airean variados marcos de solución ante la problemática de la UASD, sus crisis recurrentes y sus serios problemas coyunturales y estructurales.

Son cuatro los escenarios posibles que de manera más clara se han estado ventilando en la opinión pública:

1) La privatización pura y simple de la UASD y su manejo por empresarios de la educación.

2) La eliminación de la autonomía de la UASD y su retorno a la anterior Universidad de Santo Domingo en un contexto de mayor privatización que el actual.

3) La continuación y profundización del camino actual de ahogamiento económico de la UASD, mientras se privatiza gradualmente la educación superior dominicana.

4) El retomar el diálogo UASD-GOBIERNO en procura de un PACTO ACADÉMICO entre ambas instituciones, donde se integre a la UASD de manera explícita y entusiasta en la revolución educativa y en el logro de los principales objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y los actores principales garanticen la ejecución y control de un Plan de Desarrollo de la UASD con eficiencia, racionalidad y transparencia. Este escenario es planteado no sólo por los autores de estas líneas, sino también por muchas personas sensatas del país.

El camino de la privatización pura y simple significa, tal como ha sido planteado por algunos empresarios privados de la educación superior, poner en sus manos los recursos presupuestarios que recibe la institución estatal y además, vendiéndoles o alquilándoles a precios asequibles todo el patrimonio físico de la academia. En ese contexto se produciría una contratación de los recursos humanos con o sin el personal docente o administrativo que existe actualmente en la UASD, de manera como se realiza en sus universidades privadas sin fines de lucro. La proposición de parte de esos empresarios consiste en que con la suma de dinero en juego, que es de RD$7,600 millones, se podría cubrir una matrícula de más de 300,000 estudiantes, equivalente a un incremento de más del 30% de la matrícula actual. En consecuencia, todos los problemas del Estado en relación a la UASD desaparecerían, solamente con un cambio de dueño: de pública a privada.

En el segundo escenario se mantendría el carácter estatal pero eliminando la autonomía y el fuero de la UASD. A partir de entonces sus funcionarios y su personal docente y administrativo serían designados por el Poder Ejecutivo, los estudiantes serían sometidos a exámenes rigurosos de admisión, y se reformarían sus estatutos y reglamentos como la forma de eliminar su cogobierno y su democracia interna. El principio que reinaría sería el que no todos los estudiantes están en condiciones de realizar estudios universitarios. Por lo tanto, retornaría a la fuerza a una universidad elitista. La nueva Universidad de Santo Domingo, quizás con mejor suerte, no retomaría el mismo rumbo que en los años 30 del siglo pasado, sino más bien a un modelo autoritario pero con un gobernante demócrata. En ese tenor, el Estado dominicano no erogaría mayores inversiones y la matrícula estudiantil universitaria en el sector público se reduciría considerablemente. Entonces, la privatización continuaría pero de otra manera.

En el tercer escenario, en la continuidad de lo que se ha estado haciendo hasta ahora, se profundizaría el ahogamiento económico a la UASD mientras se privatiza, sin prisa pero sin pausa, la educación superior dominicana. En todo el largo interregno 1966-2016 y contrario al marco jurídico vigente, la asignación presupuestaria en la UASD ha pasado del 0,9% del PIB en el 1966 al 0.2 % del PIB en el año 2016. En términos de presupuesto de la nación esto significa pasar del 1.9% al 1.3% del presupuesto, contrario a lo que establece el marco jurídico de no menos del 5% del presupuesto de la nación para la UASD. No obstante a esto, en el año 1967 su matrícula estudiantil rondaba los 5,714 mil estudiantes y en el 2016 paradójicamente se multiplica por 32 dicha cantidad. En 1967 la UASD participaba con más del 79% del estudiantado universitario dominicano, mientras que en el pasado año 2016 apenas llegaba al 38%.

Pero quizás lo más grave de la situación es la disminución en relación al PIB que la UASD recibe en los últimos diez años, de 0.3% a 0.2%, lo que se corresponde precisamente con el incremento en el financiamiento de las labores especiales del MESCYT. Todos esos recursos, más otros otorgados en forma de construcción de edificaciones sumamente costosas para el erario público, se han canalizado de manera indebida para apoyar y financiar programas de instituciones privadas o para programas de fortalecimiento del lado de la “demanda” del sistema educativo.

Las consecuencias de estas prácticas en ese largo interregno 1966-2016 han sido fatales. La universidad dominicana ha devenido, fruto de estrategias y políticas propias de un neoliberalismo sumamente extremista, en un conjunto de universidades excesivamente heterogéneo, diferenciador social de la población estudiantil dominicana, caótico y además incontrolable por parte del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El propio MESCYT se ha transformado de un organismo regulador a un organismo que asigna recursos sin que ninguna otra instancia juzgue o pueda evaluar la calidad en sus gastos cada vez más abrumadores.

El rezago de la educación superior dominicana en el contexto mundial y regional a que han conducido esas estrategias es sencillamente enorme. Y curiosamente, la UASD que está muy por detrás de las principales universidades públicas de América Latina, figura entre las tres universidades dominicanas mejor ranqueadas. Es evidente que esas políticas han fracasado. Aun así, sus propulsores se preparan mediante un anteproyecto de ley a reformar la Constitución y la Ley 139-01 (la que supuestamente rige la educación superior dominicana) para disminuir aun más los recursos económicos a la UASD a favor de un puñito de “eficientes” instituciones privadas.

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