Cuentas claras: la mesa de genuflexión y el miedo

Mediante editorial titulado “Cuentas Claras”, del pasado 04/03/2018, Diario Libre sugirió al Gobierno que, ante la delicadeza del tema, “con declaraciones claras y veraces” explicara su posición respecto a la mesa de diálogo que solicitara abrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dicha propuesta, junto a otros “avances” en la restitución de la nacionalidad dominicana a los haitianos “desnacionalizados” por la sentencia 168/13, fueron las que motivaron a esa entidad a “retirar” al país de su lista negra.

La respuesta no se hizo esperar en la voz del Lic. Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien aclaró que una vez se saca un país de la lista negra se establece una mesa de diálogo, como si se tratara de un procedimiento normal, explicando “que no es más que el Gobierno intercambia información con la Comisión Interamericana para mostrar lo que realiza con su norma, pero el Gobierno no ha negociado absolutamente nada que tenga que ver con los atributos soberanos de la República Dominicana en determinar sus normas en materia de nacionalidad y migración, el Gobierno no ha negociado nada, ni lo vamos a negociar.” (Ver: El Gobierno dice que no modificará la ley 169-14 y protegerá el orden jurídico, Diario Libre 05/04/2018).

Independientemente de que la propuesta de la mesa la hizo el Gobierno dominicano en fecha 01/12/2017, antes del informe, no es objetivamente veraz que la mejor denominada mesa de genuflexión sea un procedimiento rutinario para el intercambio de información, para eso precisamente la comisión realiza sus visitas “in loco”, hace sus cuestionarios y se entrevista con todos los interesados, sobre esas bases es que llega a las conclusiones de sus informes, y en el presente caso, decide “sacarnos” del capítulo 4, bajo la consideración de haber recibido “información suficiente” como para sacarnos de la lista negra. O sea, no se trata de ver avances, la realidad es que se trata de coordinar esfuerzos para dar cumplimiento a los mandatos pendientes en el progresivo desmantelamiento administrativo de nuestro parque constitucional en materia de nacionalidad, pues a decir de la propia comisión, concluye en lo “anterior, con base en el interés manifiesto del Estado de superar las omisiones graves en su respuesta a las recomendaciones realizadas por la Comisión, ...” (Informe CIDH. Ord. 13 Pág. 883).

No se trata de una interpretación del suscrito, es el propio gobierno el que lo ha establecido de este modo a través de su vocero, el Lic. Roberto Rodríguez Marchena, el cual, al celebrar la decisión de la comisión, citado por Diario Libre, se expresó en los siguientes términos: “La delegación de la CIDH pudo constatar la voluntad de autoridades dominicanas de establecer una relación con la Comisión, que les permita responder a los desafíos pendientes en materia de nacionalidad, migración, discriminación y género, y de trasladar dicha voluntad a la adopción de una serie de compromisos para dar una respuesta adecuada con base en el apoyo técnico de la CIDH”. (Ver: Gobierno celebra decisión de la CIDH sobre el país, Diario Libre 22/03/2018).

¿Qué significa que el gobierno pueda “responder a los desafíos pendientes” en esas materias y “trasladar dicha voluntad a la adopción de ... compromisos para dar respuesta adecuada, a qué? Obvio que la respuesta a los requerimientos de la comisión, que en su último informe ha expresado satisfacción por la restitución de la nacionalidad a los extranjeros contemplados en el grupo “A” de la ley 169-14 y ha solicitado anular los aspectos de la ley que pretenden asumir como naturalizados a los del grupo “B”, a los cuales solicitan “restituir plenamente la nacionalidad dominicana de las personas y sus descendientes afectadas por esta sentencia y ley nacidas en República Dominicana” (Informe CIDH. Pág. 888).

Con gran inteligencia, la maquinaria propagandística ha vendido la idea de que éste lucha con denuedo contra la injerencia, encubriendo en papel de celofán el verdadero objetivo de sus advertencias sobre la ley 169-14, que no es más que el ejercicio de una presión inaceptable al Tribunal Constitucional (TC) para que no se atreva a fallar la inconstitucionalidad que en algunos aspectos padece la ley. El argumento es que se luchará contra las pretensiones de alterar nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo, se instrumentaliza una verdad a medias al decir que esa ley es fruto de un consenso nacional, ocultando que los sectores que apoyamos al presidente en la misma, lo hicimos bajo la presunción de que se abordaría el drama humano de las personas extranjeras que estaban inscritas en el registro civil bajo la percepción de ser dominicanos, jamás la amnistía insertada subrepticiamente bajo el denominado grupo “B”.

Parecería que hay prisa en eso y en las primarias abiertas, el 81% de los dominicanos que expresamos preocupación por el tema migración y nacionalidad, según el vocero, somos xenófobos, racistas, nazi-onalistas, etc.; pena que se tengan tantas ganas de gobernar un pueblo, que a decir del gobierno, es tan despreciable y que de ñapa se le quiera para que vote en primarias abiertas.

De todo cuanto acontece, lo más penoso es que las ilusiones generadas por el TC, en el sentido de que tendríamos una justicia que haría concretos los mandatos de la constitución, se desvanecen en el silencio que las convierte en frustración, que conspira para convertir su propia obra en hija del acaso, ante la derrota de sí mismo al sumarse al maldito coro del “corroboro, corroboro”, que lo renuncia de su estratégica razón de ser, de su misión, convirtiéndolo en un dispositivo inocuo, tal vez bueno administrando nimiedades, pero incapaz de ser valiente para lograr trascendencia.

Twitter: @JoseRicardoTB

facebook.com/josericardo.taverasblanco

josericardotaveras@gmail.com

+ Leídas