Danilo Medina: ¿Rehén de Odebrecht?

Odebrecht, durante más de 14 años ha tenido el monopolio de la construcción de las obras públicas más importantes del país. Este largo periodo abarca 4 gobiernos, más lo que lleva el actual. Odebrecht admitió que sobornó por más de US$92 millones a funcionarios públicos y legisladores. Con la complicidad de éstos sobrevaluaron en miles de millones las obras, manipularon las licitaciones para su adjudicación, utilizaron subterfugios para obviar en varios casos las licitaciones, en decenas de obras hicieron adendas a los contratos por encima del 25% del valor original, sin llamar a un nuevo concurso, en violación de la Ley 340-06 sobre contratación de obras del Estado; financiaron candidatos y partidos, en violación de la Constitución y la Ley Electoral 295-97.

A pesar de ese largo prontuario delictivo, Odebrecht fue favorecida por el Procurador General con un acuerdo de oportunidad homologado por el Juez Danilo Amador Oquendo del 3er. Juzgado de la Instrucción del DN. El laborantismo del Procurador y sus asesores en la firma y homologación del acuerdo de oportunidad puso en evidencia el poder de Odebrecht sobre el gobierno. En realidad, lo que el Juez de la Instrucción homologó fue un acuerdo de “impunidad”, exonerando a Odebrecht de toda responsabilidad penal y civil, permitiéndole seguir operando en el país, concretamente, construyendo la termoeléctrica de Punta Catalina.

Este acuerdo tuvo como precedente el nombramiento por Danilo Medina, mediante decreto No.6-17 del 10.01.2017, de una comisión para “la investigación de todo lo concerniente al proceso de licitación y adjudicación” de las plantas de Punta Catalina. El Ministerio Público, conforme a la ley procesal, tiene el monopolio de la investigación penal y, por tanto, solo a él competía investigar a Punta Catalina como parte de las obras construidas o en construcción por Odebrecht en el periodo de 2001 a 2014. El objetivo era sacar las plantas de Punta Catalina del expediente penal contra Odebrecht. El nombramiento de la comisión, sin dudas, fue un acto de obstrucción de la justicia y de usurpación de funciones por parte del Presidente de la República, en violación de la Constitución y las leyes. Huelga decir que la comisión no encontró irregularidad en la licitación, ni sobornos en la adjudicación, ni sobrevaluación, ni recomienda la rescisión del contrato y mucho menos la inhabilitación de esta empresa para operar en el país.

Ya anteriormente, Danilo Medina, el 6.05.2014, solicitó al Senado, a propósito de la construcción de las plantas de Punta Catalina, exonerar a Odebrecht, como efectivamente hizo el Congreso, del pago 1) del impuesto sobre la renta; 2) de todo impuesto, contribución, tasa, arancel, arbitrios y contribuciones municipales, incluyendo pero no estando limitado a, retenciones, el ITBIS, impuesto selectivo al consumo (ISC), impuesto que grava el consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo, así como cualquier otro impuesto de cualquier naturaleza, establecido por ley, decreto o resolución; 3) los aranceles de aduanas, impuestos de importación, impuesto de primera placa y circulación; 4) haciendo extensiva estas exenciones a los subcontratistas de Odebrecht, sobre todos los bienes y servicios destinados al proyecto, el ITBIS, y los impuestos de importación que fueren aplicables.

Ahora resulta que Odebrecht, muy segura de lo sabe y de lo que calla, rompe unilateralmente los términos originales del contrato de Punta Catalina, y exige el pago de US$708 millones adicionales al monto contratado y ha procedido a demandar al Estado dominicano ante la Corte de Arbitraje de la ciudad de New York.

La actitud del gobierno de Danilo Medina no puede ser más sumisa ¿Cómo se explica que aún mantenga vigente el acuerdo de oportunidad y no se decida a perseguir la responsabilidad penal y civil de Odebrecht por su conducta delincuencial durante 14 años, al tiempo de disponer medidas cautelares sobre sus bienes en el país y en el extranjero?

Una actitud así, digna y decorosa, frente a Odebrecht, solo puede asumirla un gobierno que no tenga cola que le pisen y ese precisamente no es el caso del que preside Danilo Medina.

La cruda verdad es que Odebrecht financió, en el 2012, la campaña de Danilo Medina, le entregó a “su asesor” amado Joao Santana, e instaló en el país el departamento “de operaciones estructurales”; financió tanto la modificación de la Constitución en el 2014 como la reelección del 2016. Punta Catalina fue parte de las compensaciones hechas por Danilo Medina ante tanta generosidad de Odebrecht.

Por eso, ante la reclamación de Odebrecht de US$708 millones de sobre costos, en Punta Catalina, estamos ante un montaje teatral para construir una coartada para el pago: Primer acto: Odebrecht hace la reclamación y el gobierno dice que no va a pagar. Segundo acto: Odebrecht demanda. El gobierno procede a constituir abogados para su defensa. Tercer acto: el Tribunal condena al Estado dominicano. Cuarto acto: el gobierno paga a Odebrecht, en esta ocasión en ejecución de una sentencia fundada de un tribunal arbitral.

¿Cómo se llama la obra? Danilo, rehén de Odebrecht.

Una actitud así, digna y decorosa, frente a Odebrecht, solo puede asumirla un gobierno que no tenga cola que le pisen y ese precisamente no es el caso del que preside Danilo Medina.

Guillermo Moreno