Desarrollo inclusivo y sostenible

La CEPAL es una agencia regional de las Naciones Unidas que se ha ganado una buena reputación en las lides del desarrollo económico de América Latina y el Caribe. Sus reportes y recomendaciones son, por lo general, fruto de excelentes evaluaciones técnicas. De ahí que haya que ponerle mucha atención al nuevo modelo de desarrollo económico que la CEPAL acaba de dar a conocer para nuestra región. Al examinar sus prescripciones, resulta evidente que la actualización profunda de nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo (END) es una tarea que debe abordarse de inmediato.

El nuevo “paradigma de desarrollo” se inspira en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre del 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas después de una consulta amplia entre los 193 países miembros. El mismo responde a la evolución reciente de la economía internacional y reemplaza, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 ambiciosas metas, la anterior y menos amplia agenda de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) definidos por la Asamblea en el 2000.

Entre una “agenda” y la otra existen diferencias significativas. Los ODM incluían la promoción de “la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer”, pero los ODS se enfocan en la reducción de las desigualdades respecto a la riqueza y el ingreso de toda la población. Asimismo, el Objetivo 7 de los ODM se proponía “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, pero sus metas no eran tan amplias y ambiciosas como las de los ODS. De hecho, la diferencia fundamental entre las dos agendas es que en la nueva “la igualdad y la sostenibilidad ambiental son sus ejes principales, e incorporan iniciativas como la promoción del pleno empleo con productividad y calidad, la participación ciudadana y la transparencia.”

En el caso de América Latina y el Caribe, la CEPAL aboga por la adopción de esta nueva Agenda para cerrar las brechas de las economías de la región. Estas son mayormente estructurales e incluyen, fundamentalmente: “escasa productividad y una infraestructura deficiente, segregación y rezagos en la calidad de los servicios de educación y salud, persistentes brechas de género y desigualdades territoriales y con respecto a las minorías y un impacto desproporcionado del cambio climático en los eslabones más pobres de la sociedad.” Esa visión estructuralista es consistente con la teoría de desarrollo adoptada hace tiempo por la CEPAL.

En su reporte de mayo 2016, “Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”, CEPAL nos señala que, de hecho, “en el mundo desarrollado y en varias regiones en desarrollo, la desigualdad está en su nivel más elevado en más de tres décadas.” Nuestra región no es la más pobre del mundo, pero si la más desigual, y eso resulta en una limitación importante para alcanzar su potencial. Por otro lado, el impacto de la contaminación y del cambio climático es tal que se considera como “la mayor falla de mercado de todos los tiempos”. La entidad propone “una serie de recomendaciones de políticas y herramientas en torno a un gran impulso ambiental, con una alineación integrada y coherente de todas las políticas públicas.”

Son estas prescripciones de la CEPAL las que habrían de servir de base para reevaluar nuestra END. Al esta ser elaborada para el periodo comprendido entre el 2010 y el 2030, los 15 años que le faltan coinciden con el periodo de los ODS. Esa coincidencia, sin embargo, no necesariamente se traduce en coincidencia respecto a los paradigmas de desarrollo visualizados en cada instancia. Ya han transcurrido casi siete años de que se concibiera el modelo de la END, justo cuando comenzaba la gran crisis financiera internacional que sumió al mundo en una enorme recesión. Ni las circunstancias económicas, ni las tecnológicas, ni las ambientales eran en ese entonces las mismas que las de ahora.

Pero al revisar nuestra END a la luz de los ODS y las citadas prescripciones de la CEPAL, se puede comprobar un grado importante de coincidencia. Basta con recordar que la END propuso un nuevo modelo de desarrollo en torno a cuatro ejes principales, de los cuales dos reproducen los dos ejes fundamentales de los ODS. El segundo eje propuso, reconociendo que desde los setenta la distribución del ingreso no ha mejorado de forma destacable, lograr “una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y bajos niveles de pobreza y desigualdad”. El cuarto eje propuso “un manejo sustentable del medio ambiente y una adecuada adaptación al cambio climático”.

La END, además, afirmó que “el mercado es el mecanismo idóneo para incentivar la productividad y el esfuerzo individual, pero por sí solo no puede generar un proceso de crecimiento socialmente sostenible. Por tanto, la labor del mercado deberá ser combinada con un papel eficaz del Estado como nivelador de oportunidades entre todos los ciudadanos y ciudadanas, en un marco donde se combine la eficiencia con la equidad.” “En el más corto plazo, deberá considerarse como clave el mejoramiento de la calidad del gasto en asistencia y seguridad social, como forma de paliar las inequidades heredadas de la historia. En el mediano y largo plazo, la política social deberá procurar la superación progresiva del enfoque asistencial y centrar la atención en la creación de capacidades, mediante sistemas formales de salud, educación y capacitación.”

Una ojeada rápida a nuestras realidades presentes parece sugerir que los enfoques de la END están bien ajustados y no requieren cambios. Donde habría que afinar el lápiz sería en lo relativo a las metas de los ODS y los objetivos específicos y líneas de acción de la END. Es ahí donde están los retos conceptuales que, de ser adecuadamente satisfechos, podrían mejorar la situación, tanto respecto a la pobreza y distribución del ingreso como al manejo de la situación ambiental.

El Ministerio de Economía ya ha producido tres informes anuales sobre el progreso alcanzado en la implementación de la END. Pero estos no se han centrado en las nuevas prioridades de los ODS porque fueron producidos antes, por lo cual sus conclusiones deberán ahora evaluarse en función de los ODS. También resulta evidente que la reformulación de los objetivos y líneas de acción de la END se torna urgente tras anunciar el Gobierno su intención de abocarse a la definición de un Pacto Fiscal en el nuevo periodo de gobierno. Es a través de la tributación y la distribución y calidad del gasto público donde primero debe expresarse la adhesión a los ODS. Por otro lado, huelga señalar que tal reformulación deberá orientarse hacia la satisfacción de los requerimientos de la Era del Conocimiento, del cambio tecnológico y la globalización.

Por lo menos en relación a los dos ejes fundamentales de los ODS y de los respectivos de la END, el Estado, en tanto atañen a desafíos colectivos, debe ser el ente que lidere el proceso de reformulación. Pero en una sociedad democrática y pluralista, la participación de otras instancias de la sociedad es deseable y necesaria. Como las discusiones del Pacto Educativo y del Pacto Eléctrico han tenido como escenario al Consejo Económico y Social (CES) y no al Congreso, es probable que las discusiones del Pacto Fiscal se encaminen a través de esa misma entidad.

Pero si queremos avanzar en el fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática, la reformulación propuesta debería centrarse en las propuestas de los partidos políticos en vez. Son ellos los pretendientes a manejar el Estado y, en el caso de los ejes relativos a la igualdad y el medio ambiente, es al Estado a quien le toca el liderazgo. De manera que, para no desmeritar el rol del Congreso y retar a la clase política a que ofrezca las soluciones estatales a los problemas nacionales, esta vez el CES debería centrar sus discusiones sobre la base de los documentos que sometan los partidos políticos a su consideración. Los partidos políticos están llamados a representar mejor a la población pobre que los delegados de la sociedad civil y es a ellos quienes más competen la reducción de la desigualdad y la protección del medio ambiente.

Juan Lladó