Saber si vivimos o no en una virtual “dictadura” no es un asunto abstracto o de simple tipificación; es más complejo que eso y supone juzgar qué tan funcional ha sido y es nuestra democracia. Qué pena que un ejercicio tan relevante se diluya en un debate pasional.

No quiero entrar en rodeos academicistas, pero la dictadura, como concepto, no es estática: evoluciona según la madurez de la experiencia democrática. Y es que el propio sistema, en su dinámica operativa, nos dice hacia dónde se mueve el control del poder. Los riesgos de caer en la autocracia crecen cuando, como en nuestro caso, un partido domina los tres poderes del Estado.

Los latinoamericanos padecimos los rigores de las dictaduras militares. Ese referente prejuzga nuestras concepciones. Creemos que solo hay dictadura cuando prevalece un régimen de supresión de las libertades públicas. Esa razón induce a calificar como exagerada la aplicación del término al ejercicio del poder en una democracia formal. La dictadura sencillamente es una forma autócrata de ejercer el poder aún bajo las más finas apariencias democráticas; es una condición de hecho. De manera que no es herético hablar de dictadura cuando, habiendo separación de poderes e instituciones democráticas, el gobernante ejerce en los hechos aquello que en buen derecho corresponde a otros órganos. Tampoco debe tratarse de una intromisión material ni directa, sino a través de mecanismos hasta “implícitos” de coerción. Así, por ejemplo, para lograr una reforma constitucional es preciso contar con la aprobación de la mayoría agravada de la Asamblea Nacional Revisora según el procedimiento establecido en los artículos 270, 271 y 272 de la Constitución. Ese hecho pudiera verse como un simple trámite formal, pero en el fondo viene atado a hilos más finos de disección. Así, si se impone bajo los condicionamientos de otro poder (como la compra de voluntades), la reforma resultante, aunque procesalmente legal, es institucionalmente ilegítima por tratarse de la manipulación de otro poder. Esa actuación puede ser considerada como constitucional pero no será democrática.

Dictador no solo es quien apresa, tortura o persigue: es quien controla e influye arbitrariamente en los demás poderes o usurpa en los hechos sus potestades. De manera que la dictadura hay que abordarla a partir del principio de separación de poderes, y no necesariamente del clima de libertades públicas. Es más, aun en este último ámbito se impone recordar que las formas de coartar las libertades han cambiado. Así, por ejemplo, es posible que un gobierno no suprima formalmente los derechos de la prensa, pero lo puede hacer creando las condiciones para la autocensura. Al final, distintos medios conducen a los mismos resultados: limitar el ejercicio crítico. En ese contexto, la libertad de expresión no se cuantifica, se califica. No es cuántos medios haya sino qué espacios se tienen para disentir. Así mismo es la democracia: no somos más o menos democráticos; somos mejores o peores en la democracia.

Sin embargo, el problema de fondo, como indicamos al principio, no es determinar si técnicamente tenemos o no un dictador, sino qué tanto ha mejorado la democracia. Más que revisar los comportamientos de los sujetos políticos dentro del sistema es analizar la calidad del sistema como tal. Se trata de un enfoque más estructural que coyuntural; más holístico que casuístico. De manera que si un gobierno controla abusiva o excesivamente el poder es porque la democracia tiene problemas. Y es eso lo que comprobó el reciente Informe del PNUD sobre la Calidad de la Democracia, un relato fotográfico para espantos. Este trabajo debiera ser instrumento obligado de estudio en las universidades, en los partidos políticos y en los foros ciudadanos. Revela la hondura de una verdadera crisis en nuestro sistema de organización política y social.

El informe se basa en la sistematización de la información sobre diversos aspectos que contribuyen a la calidad democrática disponible en bases de datos oficiales, índices e informes de organismos multilaterales especializados. Analiza 108 indicadores agrupados en seis dimensiones: 1) derechos políticos y sistema electoral, 2) derechos fundamentales, 3) Estado de derecho, 4) gestión de gobierno, 5) calidad de vida y 6) cultura política democrática. En 52 indicadores el país se encuentra entre los últimos lugares comparado con los países de la región, en 35 se encuentra en un rango intermedio y en 21 en un rango alto.

En el caso del Estado de derecho al país le va bastante mal en todos los componentes y se encuentra entre los últimos lugares a nivel regional y global al considerar los frenos y contrapesos al Poder Ejecutivo, la corrupción y la eficacia del Poder Judicial.

En el caso de los derechos políticos y el sistema electoral, el país se encuentra en los últimos lugares de la región en la autonomía del órgano electoral, la transparencia del financiamiento de los partidos, la democracia interna de los partidos, la compra de votos y el uso del clientelismo. También resalta el mal desempeño en lo relativo a la falta de diversidad de opiniones en los medios, a la alta concentración del sector, la autocensura y el deterioro reciente del indicador de intimidación a periodistas. La conclusión general del informe es que el país mostró una mejora institucional a finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000, pero luego se estancó y a partir de 2010 varios de los indicadores muestran un descenso.

Nuestra democracia es eufemística. Precisa de una reinvención a partir de nuevos presupuestos, actores y relaciones. Es insostenible mantener ese estatus. Cualquier fisura política puede crear rupturas sistémicas. Hemos invertido sangre, luchas y desvelos para construir lo que tenemos: malo, síɨ; pero nuestro. Ningún gobernante puede jugar con eso: es irresponsable y pérfido. En un clima de tanta fragilidad, jugar con el poder es peligroso. Me asusta que no haya conciencia de esas amenazas, que la crítica se asuma como política y los reclamos como provocaciones, que la intolerancia haga perder el sentido de la realidad y la seguridad. En apenas dos meses se han revelado signos siniestros: un ministerio público interviniendo teléfonos de ciudadanos (jueces y políticos); un presidente del Senado sugiriendo la interpelación de jueces electorales por el ejercicio de su función jurisdiccional; una campaña soberbia a favor de una reelección constitucionalmente prohibida; un ejercicio abusivo de la autoridad como práctica estándar para intimidar o anular la disidencia.

La idea alojada en estos desafueros es arrinconar a una sociedad temerosa. Parece que el oficialismo lo ha logrado y le temo a lo que venga después. Según el Informe del PNUD ocupamos el puesto 20 de 23 países de la región en censura de la prensa en 2017. Una democracia débil con un gobierno fuerte es algo perturbador. Hoy nos preguntamos si tenemos o no un dictador, mañana será si podremos llamarnos o no nación. Una reelección o una agenda de impunidad (para los efectos, la misma cosa) no pueden estar por encima del futuro. No fuercen tanto. ¡Cuidado!

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