El amparo: una preocupación y una propuesta

Cuando se analiza la evolución del derecho dominicano en las últimas dos décadas, y en particular la centralidad que en su ejercicio y producción doctrinal ha venido ocupando el derecho público, es fácil verificar el significado especial que la institución del amparo ha tenido en ese proceso.

Desde la ya lejana resolución de la Suprema Corte de Justicia del 24 de febrero de 1999, mediante la cual se instituyó “el procedimiento para ejercer el recurso de amparo”, hasta su detallada consagración constitucional en la reforma de 2010; y desde la primera legislación sobre la materia (Ley 436-07), hasta llegar a la actual Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, número 137-11, ese remedio procesal ha sido la punta de lanza de momentos estelares de nuestro sistema de administración de justicia y de la lucha por los derechos. Ha servido, además, como una formidable herramienta pedagógica y reivindicativa, en la creciente ciudadanización del discurso y la exigibilidad de los derechos sociales y los intereses difusos y colectivos en el país. Hagamos un poco de memoria.

Fue la decisión de un tribunal de amparo la que resolvió, a favor del derecho al libre acceso a la información pública, el caso presentado por Don Luis Eduardo Lora (Huchi) contra la Opret y el ingeniero Diandino Peña. La sentencia ordenaba la entrega de “los planos aprobados por la Secretaría de Obras Públicas para la construcción de las diferentes obras relativas al metro de Santo Domingo, el viaducto del elevado de Villa Mella y el blindaje de los túneles mineros.” La protección de los derechos del medio ambiente ha tenido en el amparo una eficaz herramienta de protección: la decisión de un tribunal de La Vega disponiendo la suspensión de los trabajos de exploración y explotación en Loma Miranda es uno, entre muchos otros ejemplos, en este novedoso ámbito del derecho.

A un tribunal de amparo acudieron, y obtuvieron ganancia de causa, los representantes legales de las “cadenas humanas” cuando en 2015 fueron inconstitucionalmente reprimidas sus protestas pacíficas frente a la OISOE. Una sentencia de amparo en favor del CONEP reivindicó el derecho a la libertad de empresa y la proscripción constitucional de prácticas monopólicas en el sector del transporte de carga.

Todo esto, sin contar con las innumerables acciones impulsadas por ciudadanos discretos que todos los días reclaman y obtienen decisiones satisfactorias que les permiten acceder a complejísimos procedimientos quirúrgicos de los que depende su vida; lograr que el derecho de un menor a conocer con certeza su filiación prevalezca frente al derecho a la intimidad genética; o tomar un examen final de matemáticas, previa y disciplinariamente suspendido mediante un procedimiento en el que se inobservaron las reglas del debido proceso.

Como siempre sucede, hay discrepancias tremendas en la comunidad jurídica sobre la pertinencia, o el adecuado fundamento de las decisiones aludidas. Pero las acciones que las han impulsado y la misma controversia que han generado son el mejor testimonio de que la acción de amparo ha sido el punto de apoyo de una singular transformación jurídica, en el mejor de todos los sentidos posibles.

Es por eso que preocupa, y mucho, ser testigo de una suerte de telaraña procesal que amenaza la efectividad de la acción constitucional de amparo. Una telaraña que se ha venido tejiendo lenta, pero consistentemente, con los hilos de la demora injustificada; de la incomprensión de los actores –abogados incluidos–, de la naturaleza del amparo y su consecuente relajamiento; de la esquizofrenia procesal que supone la declaratoria de admisibilidad o de inadmisibilidad –por las mismas razones y por un mismo tribunal–, en aplicación ante situaciones idénticas del criterio de “otra vía” previsto en el artículo 70.1 de la Ley 137-11, con el nivel de inseguridad jurídica que esto genera.

Al mismo tiempo resulta esperanzador llegar a la oficina un lunes a media mañana y encontrar tres mensajes de Hamlet Montás, un amable funcionario del Portal de Servicios del Poder Judicial, y a los pocos minutos recibir una llamada directa a mi celular, para decirme que estaba en trámite de solución una situación anómala que había denunciado al medio día del viernes pasado (poco antes de las 10 de la mañana de ayer martes, mientras escribía este artículo, me llegó la notificación del auto cuya emisión precisaba).

¿Po qué cuento esto? En primer lugar, porque no es usual en nuestra tradición tener una respuesta, acompañada de un mensaje del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, mostrando preocupación y disposición para resolver un tema de un usuario de los tribunales del país.

Lo cuento además porque a pesar de las dificultades que ha supuesto la pandemia para el adecuado funcionamiento de los tribunales, y de las quejas reiteradas, y muchas veces justificadas, por los criterios de aplicación de la virtualidad, confío en que la visión, el conocimiento del sistema y la vocación de diálogo del liderazgo del Poder Judicial terminarán apuntalando las reformas que se precisan para su mejoría.

Lo cuento, finalmente, porque quiero aprovechar el privilegio que me otorga poder escribir en esta página de Diario Libre, para formular una propuesta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y al Presidente del Tribunal Constitucional, el querido Profesor Milton Ray Guevara.

Les propongo crear, lo antes posible, un espacio de diálogo franco y abierto entre todos los actores del sistema sobre los problemas del amparo. Un espacio de diálogo que permita identificar todas las problemáticas, y definir los cursos de acción necesarios para rescatar una institución que tantos y tan positivos frutos nos ha dado y que hoy está en riesgo. Se precisa, por ejemplo, estandarizar criterios sobre el régimen de inadmisibilidades, afinar programas de formación, cerrar brechas a la inseguridad jurídica propia de la inconsistencia jurisprudencial, trabajar para lograr un mucho mejor uso de los plazos procesales para las audiencias y la toma de decisiones. El país se los agradecerá.

Cristóbal Rodríguez Gómez