El engaño como arma electoral

«John Stuart Mill, uno de los padres del liberalismo, comentó que era mejor ser un humano insatisfecho que un animal satisfecho. Hoy en día, cuando, acercándonos a un periodo electoral, vuelven a abundar las promesas políticas de todo signo. [...] Así, se pueden prometer incrementos de gastos sin explicar cómo se va a recaudar el dinero para acometerlos, o bien plantear reducciones de ingresos sin acompañar la promesa de una batería de gastos que se pretenden reducir en equivalencia para así mantener el equilibrio presupuestario». Ignacio de la Torre, Observatorio del IE, abril 4, 2019

Cuando Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos sus electores tomaron una decisión que estuvo basada en las promesas del entonces candidato republicano; y su gobierno ha sido una muestra fehaciente de que Trump ha ido cumpliendo con lo prometido. Independientemente de la valoración que se le pueda atribuir a sus políticas, lo cierto es que ha cumplido con las promesas fundamentales de su campaña. Eso es lo que normalmente ocurre en los países desarrollados, en donde los candidatos tienen que definirse sobre los temas que son vitales para el funcionamiento de sus sociedades; y son obligados a debatir públicamente sobre los problemas y las soluciones que proponen.

No significa que un candidato que resulte electo no pueda apartarse de sus promesas. Eso siempre es posible, pero el costo político de no cumplir o hacer lo contrario a lo prometido es muy alto, y pocos se atreven a correr ese riesgo. La situación es completamente diferente en países que como el nuestro carecen de instituciones que funcionen adecuadamente y la ciudadanía, dados los bajos niveles educativos predominantes, no se empodera de sus derechos a no ser defraudada o engañada. De esta forma, las campañas electorales se convierten, por lo general, en un espectáculo en el que el arte del embaucamiento encuentra su mejor escenario.

Muchos candidatos mienten con una naturalidad que sorprende. Al parecer, la capacidad de mentir es una variable clave en la construcción de un liderazgo político; y se puede afirmar que un gran número de políticos dominicanos tiene una gran ventaja comparativa en el dominio de la mentira. Especialmente, aquellos que mienten tanto y con tanta frecuencia que ya gozan de una “licencia literaria” para hacerlo. Para ellos, la palabra empeñada es, simplemente, un acto mágico para salir del paso; y podrán empeñarla cuantas veces sea necesario, aunque cada empeño de la palabra sea una negación de la palabra previamente empeñada. No hay ni rubor ni dolor, pues el fin político está por encima de cualquier límite moral; después de todo, “el poder es para usarlo”, incluyendo la opción de no entregarlo.

En medio de este cuadro – nada halagador – nos acercamos al próximo torneo electoral llenos de incertidumbre, temor y desconfianza. Un cuadro, además, paralizante, de un hilo tan fino como ese que sustenta la amenaza de una reforma constitucional que promete situar a la presente administración en la ruta que otros presidentes latinoamericanos han seguido con la pretensión de mantener una democracia en lo formal, pero con un contenido real de autoritarismo.

Es muy común que los nuevos gobiernos se inicien con una reforma tributaria; ocurrió en 2012, y no ocurrió en 2016 debido a que era la continuación del mismo gobierno que ya había elegido el camino del endeudamiento para posponer la implementación de una reforma fiscal, tan necesaria como obligatoria. Se puede anticipar – con un alto grado de certeza – que la administración que surja de las urnas en mayo venidero tendrá como tarea inmediata el diseño e implementación de dicha reforma en el contexto de un pacto fiscal.

De manera que para los electores debería ser una prioridad conocer con antelación lo que cada candidato se propone realizar en materia fiscal. ¿Será una reforma estrictamente recaudatoria? ¿Será una reforma para mejorar la eficiencia en la economía? ¿Ambos propósitos? Y, sobre todo, cuáles instrumentos impositivos serían utilizados para alcanzar los propósitos de la reforma. Pero por el lado del gasto habría que plantear cómo mejorar su eficiencia, ya sea a través de su composición o de su nivel.

Sin embargo, lo anterior no debiera ser abordado si concomitantemente no se presenta un plan para enfrentar la corrupción y la impunidad. Esto es reiterativo porque la corrupción es todavía más reiterativa o más recurrente. Los electores, por tanto, deben tener conocimiento de cómo un candidato enfrentaría uno de los problemas que recurrentemente aparece en las encuestas como prioritario para la mayoría de los dominicanos. Igualmente, los candidatos debieran presentar sus planes para minimizar el grave problema de la inseguridad ciudadana, así como sus propuestas para resolver el problema haitiano.

Al citar estas áreas estoy consciente de que un plan o programa de gobierno va mucho más allá, pero lo que quiero destacar es que en las áreas señaladas muchos candidatos tendrían dificultades en sincerarse con sus electores, y optarían por la mentira o por el camino de los eufemismos.

Sin embargo, en nombre de la transparencia, es mandatorio que los candidatos estén dispuestos a ir a debates públicos que sirvan de base para que los electores tomen una decisión mejor informada. Esos debates, como hemos planteado anteriormente, debieran ser obligatorios para todo candidato que reciba fondos públicos. Sin debates, no fondos públicos.

Es tiempo ya de que los candidatos cesen la práctica de tener un plan de gobierno con fines electorales, y otro, en caso de ganar, para gobernar. Es una defraudación a la ciudadanía difícil de erradicar, pero por algún lugar debemos empezar.

Pedro Silverio Alvarez