El fantasma de Jacques Attali y la crisis electoral

El aspecto más problemático de la crisis político-electoral que vive el país, desde las once de la mañana con once minutos del pasado 16 de febrero, es la desconfianza límite que una parte importante de la población tiene en las vías institucionales ordinarias para su solución. Parece estar clara la necesidad de un “acuerdo nacional”. Pero a un numeroso sector de la sociedad le cuesta creer que, en el mejor de los casos, se vaya a respetar lo acordado y, en el peor, que lo acordado se compadezca con las demandas ciudadanas de investigación exhaustiva de lo sucedido, equidad y transparencia en el proceso electoral, y respeto de los resultados. La desconfianza se ha convertido en un acto de fe, pero inverso.

Es una desconfianza que viene de lejos, alimentándose con cada incumplimiento de lo pactado, con cada acto de corrupción impune, con cada concesión contraria al interés nacional, con cada irracional intento de sofocar la función de la prensa libre. Lo advirtió hace 10 años Jacques Attali en su informe “República Dominicana 2010-2020”. Bajo un lacónico epígrafe: “Devolver la confianza en las instituciones”, apuntaba el investigador francés lo siguiente: “Esta primera iniciativa constituye la base de reformas que permitan hacer aceptables por la población todos los esfuerzos que deben ser realizados posteriormente”.

Una buena parte de las recomendaciones del “Informe Attali” encaminadas a generar confianza en las instituciones sigue, 10 años después, en la lista lamentable de nuestros asuntos pendientes. Algunos botones de muestra: I) combatir la sensación de impunidad de la población reforzando el sistema judicial; II) reformar la Cámara de Cuentas para dotar al Estado de un control externo eficaz e independiente; III) eliminar la práctica del “Barrilito” y crear un presupuesto de respaldo a la democracia; IV) imponer la transparencia en los contratos públicos; V) racionalizar el organigrama del Estado reagrupando las instituciones que tengan perímetros similares; y paro de contar.

Es imprescindible comprender la magnitud de la crisis que vive el país: una situación de excepcionalidad electoral cuyo antecedente más próximo, en término de sus dimensiones, se remonta a 27 años atrás. Importa, además, comprender su contexto internacional caracterizado, entre otras cosas, por: I) una deriva de retroceso democrático de dimensiones planetarias que, según Freedom House convirtió el 2018 “en el duodécimo año consecutivo en que el número de democracias que sufrieron retroceso superó al de las que lograron avances”; II) procesos hemisféricos crecientes de inestabilidad política y quiebres institucionales; III) la recuperación de la calle y del espacio público -por franjas cada vez más crecientes, más diversas de la población, y en cada vez más países- como alternativa frente a la ausencia de las instituciones de su vida y necesidades cotidiana; IV) las negativas proyecciones de desempeño económico estimadas por expertos y organismos internacionales para al año en curso.

La magnitud de la crisis, el quiebre de la confianza de la ciudadanía y el contexto internacional en que nos encontramos constituyen dificultades objetivas para su solución que, a su vez, exigen niveles de esfuerzo, compromiso e imaginación institucional superiores. Por tanto, es de suma importancia comprender que el momento precisa del liderazgo político, y de las instituciones nacionales, pero los trasciende. Por ello es importante la decisión gubernamental de involucar a los organismos internacionales de observación electoral en la investigación sobre las causas de las crisis.

De igual modo, la Organización de Estados Americanos y los demás organismos internacionales deben hacer conciencia de que la investigación que realizan ha de llevarse a cabo con unos niveles de transparencia directamente proporcionales al tamaño de la desconfianza ciudadana. Por eso, deben estar en conversación permanente con la sociedad, no solo con la dirigencia política.

Lo anterior es fundamental por una razón sencilla: la credibilidad y aceptación del resultado tiene un importante desafío: todos los actores políticos y sociales han adelantado juicios e hipótesis diferentes y contradictorias sobre las razones de lo sucedido. Alguien, por tanto, está en un error, y alguno habrá que no esté preparado para aceptar un resultado que no cuadre con lo que cree que sucedió. La transparencia más absoluta es la única manera de evitar que la eventual impugnación del resultado por alguno de los actores políticos sea la causa de una impugnación generalizada.

Una vez se tengan los resultados, deben sobrevenir las consecuencias. Las mismas están previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Van desde sanciones administrativas; investigación, enjuiciamiento y sanción penal; hasta procesos de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados al patrimonio público. Cuál ámbito sancionatorio aplique, dependerá de qué resulte de la investigación, pero el proceso ha de concluir con las responsabilidades debidamente establecidas y las sanciones proporcionalmente aplicadas. Y todo esto, con el reloj en contra y el calendario electoral en marcha.

Cristóbal Rodríguez Gómez