El flaco rendimiento de la PEPCA para combatir la corrupción en la República Dominicana

En la República Dominicana, los funcionarios públicos son rara vez procesados judicialmente por corrupción, y dependencias como: la Policía Nacional, Ayuntamientos, y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) son constantemente cuestionadas por la sociedad por causa de alegada corrupción ante la mirada indiferente de la justicia dominicana.

La corrupción en República Dominicana es, en algunos casos, “un secreto a voces” y la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) no es capaz de combatirla por su falta de medidas preventivas contra este mal.

La PEPCA, desafortunadamente, no cuenta con la independencia, los equipos, el personal, o el apoyo del gobierno para prever, detener y procesar la mínima parte de los actos de corrupción que se desarrollan a diario en dicho país.

La PEPCA (antiguo DEPRECO) fue establecido en 1997 como una unidad de la Procuraduría General de la República Dominicana, en función de un organismo dedicado a combatir la corrupción. Sin embargo, el único caso de notoriedad que la PEPCA ha llevado a condena fue en 2009, cuando esa oficina sometió a la Justicia al antiguo director del Programa para la Reducción de Apagones (PRA) Marcos Lara; al Director Financiero, Nicolás Concepción; y el Gerente Administrativo, Sauris Rodríguez, quienes fueron acusados de manejo indebido de los fondos públicos.

Con omisión de este logro, la PEPCA ha brillado por su ausencia en cuanto a obtener condenas de políticos y funcionarios corruptos en la República Dominicana. Desde el año 1997 hasta el Año 2010, solo fueron procesados 17 casos de corrupción en la administración pública y 3 en el sector privado, estos últimos por presión de la comunidad internacional.

Casos como el del senador Félix Bautista -acusado de 11 cargos entre ellos lavado de activos, estafa al Estado y abuso de poder- y el del diputado Radhamés Ramos García -encarcelado por sólo 10 días por tráfico de chinos desde Haití hacia República Dominicana-, son algunos de los casos que han dejado al país estupefacto, esperando una condena que nunca llegó.

Otros casos como el del rockash -desperdicios radioactivos lanzados ilegalmente en la bahía de Samaná- y el caso PEME (Programa Eventual Mínimo de Empleo), en el cual participaron los funcionarios públicos Diandino Peña, Luis Inchausti, Haivanjoe Ng Cortiñas, Noel Camacho, y Simón Lizardo, no llegaron a ningún lado, porque estas personas recibieron un indulto por parte del gobierno dominicano. Estos funcionarios públicos fueron acusados por el mal manejo de RD$$1,438 millones, y sin embargo, en un veredicto altamente cuestionable, las juezas Sara Veras, Daira Medina, e Ingrid Fernández dejaron en libertad a estos acusados, y los cargos fueron desestimados.

La PEPCA no ha logrado perseguir la corrupción activamente, como tampoco ha logrado evitar que funcionarios públicos ocupen varios cargos simultáneamente. La PEPCA tampoco ha adoptado un mecanismo que evite el acceso de funcionarios a los fondos públicos sin justificación de uso, pero tampoco ha logrado evitar que funcionarios extorsionen a personas que han logrado obtener obras a través de loterías y licitaciones. Todas estas actividades ilegales se manifiestan por la debilidad que la PEPCA exhibe en su personal, y en su incapacidad en cuanto a estrategias de anticorrupción y persecución de la misma. En adición a lo ya mencionado, la PEPCA no puede detectar la mayoría de los actos de corrupción y esto se refleja en el tráfico de influencia y sobornos que suceden a diario en las instituciones del estado.

Como muestra podemos citar el reciente caso de la OISOE, donde el último episodio de corrupción registrado llevó al suicidio al ingeniero David Rodríguez, quien se pegó un tiro en el baño de esta oficina, debido a la masiva deuda que había acumulado y la extorsión que venía recibiendo de compañeros en la OISOE, que fungían como prestamistas en un esquema de corrupción. Este ingeniero dejó como prueba una carta destacando que estas razones lo llevaron a cometer el suicidio.

La falta de personal capaz y expertos en anticorrupción representa otro obstáculo para la PEPCA; aunque, este obstáculo es creado por el clientelismo y el nepotismo político, los cuales son prácticas comunes en la República Dominicana.

Como raíz de estos obstáculos tenemos que la mayoría de empleados públicos son miembros del partido de gobierno, amigos del partido de gobierno, o están “pegados” en el gobierno para utilizar el argot popular. Esta selección al azar de personal no calificado nos lleva a tener personal incapaz e incompetente en áreas específicas en la mayoría de las oficinas públicas, y la PEPCA no es la excepción.

Otros obstáculos son la falta de información e independencia que la PEPCA atraviesa: la PEPCA no puede obligar a los funcionarios públicos a presentar cuántos bienes poseen, pero tampoco los puede obligar a demostrar cómo consiguieron estos bienes, lo que dificulta las investigaciones.

También la impunidad, conspiración entre funcionarios públicos, abuso de poder, y la falta de voluntad del gobierno dominicano en detener el despilfarro de los fondos públicos son algunos de los factores que obstaculizan la labor del PEPCA.

Finalmente, no olvidemos que la PEPCA está ligada al gobierno y que sus empleados son pagados con fondos del Estado, por lo tanto, hay una conexión directa con las dependencias que la PEPCA debería estar investigando lo que crea una compleja paradoja.

La PEPCA necesita un personal capaz y políticamente neutral, como también necesita un proceso de descentralización. Con estas medidas, este organismo obtendría más credibilidad, eficacia y transparencia.

La República Dominicana es país signatario de la Convenciones de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), la PEPCA, por ejemplo, puede partir de esta convención, y trabajar bilateralmente con la ONU para fortalecer su estructura en contra de la corrupción.

Digamos que parte del personal podría ser establecido por la ONU a través del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas (UNDPA), lo que mejoraría el rendimiento del personal de la PEPCA sustancialmente.

Por último, la PEPCA debe estar desconectada totalmente del gobierno central y un Procurador internacional debe ser agregado al personal para darle un toque de imparcialidad y rectitud a los procesos investigativos—algo similar al Juez Iván Velásquez y la CICIG en Guatemala. Estas organizaciones pueden trabajar en conjunto, y así contribuir al desmantelamiento del imperio de impunidad que existe en la República Dominicana, pero más importante, con la supervisión de la ONU, se podría encarcelar a los que incurran en corrupción, y posiblemente acabar con este mal que consume esta atropellada nación.

Ramón E. Collado