El gran delito

En España acaba de ser dictada una sentencia contra algunos ex dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por manejo delictivo de fondos públicos. En Santo Domingo ha surgido un movimiento que intenta frenar el mal uso y robo de los recursos de todos.

Existe cierto paralelismo entre ambos hechos.

En España, el diario El País, de izquierda, lo reseña como sigue: “La Audiencia de Sevilla ha condenado este martes al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación continuadas en el caso de los ERE. En una contundente sentencia, los jueces han impuesto a su antecesor, Manuel Chaves, una pena de nueve años de inhabilitación por prevaricación y censuraron a la ex cúpula del PSOE andaluz por urdir un ‘sistema fraudulento’ dotado con 680 millones de euros que, sin control, repartió fondos a empresas en crisis. En algunos casos el dinero fue a parar a personas que nunca trabajaron en esas compañías.”

El diario El Mundo, de derecha, lo describe así: “Dos ex presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; una ex ministra de José Luis Rodríguez Zapatero, Magdalena Álvarez; y otros 16 ex altos cargos de los gobiernos socialistas, entre ellos seis ex consejeros -Álvarez incluida-, idearon y desarrollaron en esta comunidad un sistema ilegal para disponer y otorgar a discreción cientos de millones de euros -679- saltándose todos los controles y todas las normas con un solo fin, apagar los fuegos sociales que en aquella época, a partir del año 2000, amenazaban la hegemonía del PSOE en uno de sus feudos.”

En países con fuerte institucionalidad, como España, estos casos se resuelven mediante castigos penales y políticos. En aquellos como la República Dominicana, prevalece la impunidad.

La corrupción no obedece a ideologías; más bien es una condición inherente a la naturaleza humana.

Los dos partidos hegemónicos en España (PSOE y PP) han protagonizado episodios de financiación ilegal y uso de recursos públicos para apoyo de campañas electorales. Y algunos de sus miembros, de robo del erario nacional.

Mariano Rajoy fue destituido como presidente del gobierno por la implicación de algunos de los dirigentes del Partido Popular en la llamada trama Gurtel. Asimismo, durante el gobierno socialista de Felipe González surgieron sonados escándalos de corrupción.

Ahora, miembros del PSOE han sido condenados por utilizar dinero público con objeto de comprar voluntades para mantenerse en el poder. La gran paradoja es que pocos dudan de la integridad personal de esos líderes condenados. Se afirma que no se llevaron a sus casas ni un solo euro del dinero utilizado.

En nuestro país se oye hablar cotidianamente de corrupción y clientelismo, sin que ocurra nada. En las últimas semanas se ha puesto de moda llamar ladrones, en sitios públicos y de voz en grito, a determinados personajes del ámbito político, a modo de condena mediática.

Lo anterior puede que sea el reflejo del cansancio de sectores de la sociedad por el encubrimiento reiterado de actuaciones de dirigentes políticos, reñidas con la ley.

Si bien los pueblos tienen el derecho a reclamar justicia, es muy peligroso que algunos grupos se atribuyan la facultad de proclamar condenas. Este es un asunto de extrema delicadeza y complejidad.

La sanción moral quizás se justifique en ausencia de canales saneados de justicia, pero solo en casos excepcionales, de evidencia irrefutable. Pero lo que esconde es una falta de fe en el funcionamiento de las instituciones.

Desde el ajusticiamiento del tirano hasta nuestros días, es muy probable que ninguno de nuestros principales líderes políticos se haya llevado dinero público a sus bolsillos.

En cambio, algunos han promovido la utilización de fondos públicos para doblegar voluntades, mantenerse en el poder o asegurar el ascenso de aquellos que los exoneren de la necesidad de rendir cuentas. Esta es una vía amplia para el enriquecimiento ilícito.

Y esto sólo puede ocurrir por la perpetuación deliberada de la debilidad institucional, con fines políticos. Ese es el gran delito, pendiente de la aplicación de sanciones severas que sirvan de escarmiento ejemplar. Sin ese escarmiento, nuestra democracia continuará siendo una triste y ridícula caricatura.

Precisamente, tal tipo de conducta es lo que acaba de recibir una sanción condenatoria en España. De ahí que lo importante es que haya fiscales y jueces probos, independientes, dedicados a hacer cumplir la ley de acuerdo con una vara de medir igual para todos. La alternativa es la explosión social.

Eduardo García Michel

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.