El impuesto a los celulares, las bancas de apuestas y la precariedad institucional

«No, no hacen falta más casas de apuestas, bancas legales o ilegales, puestos de lotería, rifa y aguante... Se las va usted a tropezar: cuesta encontrar un parque público, una acera por la que pasear o un cajero automático. Ya no recordamos donde estaban las librerías y hay que pensar bien cómo llegar a un museo, un teatro. [...] No se preocupe tanto, que tendrá una banca de apuestas a 50 metros viva donde viva. Y reducida la distancia a la que podrá colocarse una banca respecto a una escuela, podríamos solicitar que el 4% dedique una partida para educar en finanzas personales: Banca 101. Edúcate hoy para un futuro probable». Inés Aizpún, AM, Diario Libre, febrero 16, 2019

La decisión de la presente administración de posponer hasta el próximo año la necesaria reforma fiscal – reforma que debió realizarse en su primer periodo de gobierno y que ahora se queda como un lamentable recordatorio de nuestras fragilidades institucionales – viene acompañada, como siempre ocurre en economía, de costos inevitables, como son la mayor exposición de riesgos de la economía ante cambios en el entorno internacional, mayor endeudamiento y deterioro en la calidad de las soluciones a las urgencias de ingresos del gobierno.

Por eso, no es de extrañar que el gobierno, ante la necesidad de mayores recursos fiscales, haya estado recurriendo a diversos mecanismos administrativos – y no tan administrativos – para incrementar las recaudaciones, aún dentro de un marco institucional muy cuestionable. En este sentido, ha sido muy controversial la decisión de la Dirección General de Aduanas de incrementar el arancel a los teléfonos móviles desde un 3% hasta un 8% (originalmente, el incremento fue para llevar el arancel hasta el 20%). Como ha sido destacado por una gran parte de la opinión pública, el sector de las telecomunicaciones está harto gravado y agregarle una carga más es simplemente contraproducente en un momento que el gobierno promueve sus planes de una república digital.

Pero hay un aspecto de esta decisión que merece especial atención. En la discusión pública se ha asumido que el arancel que le corresponde a los celulares es del 20% y que, por lo tanto, habría que agradecer a la DGA que lo está dejando en solo 8%. Sin embargo, el punto de partida de esta argumentación es errado. Cuando se aprobó la ley 146-00, hace ya dieciocho años, en su anexo no había una partida arancelaria que gravara a los celulares, probablemente porque todavía el consumo de celulares no llamaba tanto la atención. En cuestión de unos pocos años se verificó un boom en el consumo de la telefonía móvil y esto, obviamente, despertó el interés recaudatorio.

De esta manera, por decisión de la Secretaria de Finanzas a solicitud de la DGA los celulares fueron incluidos en 2007 en una nueva subpartida, y se le asignó una tasa arancelaria de 20%, aunque al final la DGA decidió aplicar una tasa del 3%, dado que la subpartida que más se parecía a la de los celulares pagaba ese 3%. Es oportuno destacar que el artículo 4 de la ley 146-00 establece que “La Secretaria de Estado de Finanzas queda facultada para crear o suprimir sub-partidas con la recomendación de la Dirección General de Aduanas, a los efectos de adaptar la nomenclatura arancelaria a la evolución del comercio exterior del país, sin que esto involucre la modificación de gravámenes”. Pero con la telefonía móvil la DGA creó o modificó una partida arancelaria (por encima de ley) y dentro de esa partida incluyó una subpartida para los celulares. Evidentemente, la decisión de la DGA de gravar los celulares está fundamentada en una institucionalidad muy precaria.

Por otro lado, también recientemente el Ministerio de Hacienda decidió reducir las distancias entre las bancas de apuestas, lo que ha provocado una justificada indignación en la opinión pública; asimismo, en la ley de presupuesto de este año se dispuso “el levantamiento de la prohibición de la instalación de nuevas bancas de lotería” con el débil argumento de que los ingresos adicionales por este concepto serían destinados a la educación. La proliferación descontrolada de las bancas de apuestas y el interés del gobierno de profundizar esa proliferación son una muestra de los niveles de subdesarrollo de nuestra sociedad y de la incapacidad del Estado dominicano de ejercer un rol eficiente en la aplicación de una regulación a una actividad que está a la vista de todo el mundo.

Pero es también, una muestra de los criterios con los que se maneja la gestión pública que aprovecha la ignorancia de los más pobres para promover los juegos de azar, aumentar las recaudaciones y establecer, con el mayor cinismo, que esas recaudaciones son para mejorar la inversión en educación (¿Qué pasó con el 4%?). Si hubiese de parte del gobierno un interés serio en el tema, en lugar de fomentar la instalación de nuevas bancas de apuestas debieron resolver el grave problema de las bancas ilegales y del incumplimiento tributario de una alta proporción de las que son legales. Es difícil hacer esto, pues la proliferación de bancas de apuestas le confiere a sus propietarios más importantes un capital político que gravita en la toma de decisiones en los distintos estamentos del Estado, generando un desorden institucional que solo beneficia a la rentabilidad de la corrupción.

Ambas decisiones, el gravamen a los celulares y el fomento de las bancas de apuestas, ponen al desnudo la peor parte de nuestra institucionalidad y lo complicado que es hacer avances en un área tan crucial para el futuro del país. Estos son parte de los costos de la decisión del gobierno de no hacer oportunamente una reforma fiscal transparente, tal como manda la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Pedro Silverio Alvarez