El informe del BID y el deterioro fiscal

En América Central y el Caribe, los países se han beneficiado de la caída de los precios del petróleo y de la recuperación económica en los Estados Unidos, aunque en muchos de ellos el alto nivel de endeudamiento y la débil posición fiscal presionan por medidas correctivas. Muchos de los países que han contemplado medidas de ajuste fiscal están considerando una reducción de los gastos de capital, aunque este componente del gasto tiene un efecto multiplicador fiscal superior al de cualquier otro tipo de gasto. Esta clase de ajuste fiscal acrecienta el efecto negativo del ajuste sobre el PIB... Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abril 2016

El BID acaba de poner en circulación su más reciente informe sobre la situación macroeconómica en América Latina y el Caribe titulado Tiempo de Decisiones: América Latina y el Caribe ante sus desafíos, en el que evalúa -entre otros temas- los riesgos que enfrenta la región tanto desde el punto de vista de la política monetaria como de la fiscal.

La región latinoamericana, plantea el BID, aplicó políticas expansivas a partir del 2009, al desacelerarse sus economías como consecuencia de la crisis financiera; sin embargo, esas políticas expansivas, añade el citado organismo internacional, no se volvieron contractivas cuando el producto comenzó a crecer por encima de su potencial, lo que provocó mayores déficit fiscales. De esta forma, se ha configurado un cuadro fiscal que obliga a la implementación urgente de correctivos fiscales.

La República Dominicana, como parte de esa región, no escapa a las urgencias de esos correctivos fiscales. Si bien es cierto que el Informe coloca a nuestro país entre los países que requieren un moderado ajuste fiscal, al asumir que su relación deuda/PIB es menor al 40%, la realidad es que el FMI sitúa ese ratio cercano al 50%, mientras que su servicio consume más del 40% de los ingresos tributarios. A esto habría que agregar que el déficit fiscal del sector público ronda el 5%, un nivel que dispararía las alarmas en cualquier economía. Y como si esto fuera poco, el balance primario del presupuesto (ingresos totales menos gastos totales, antes del pago de los intereses de la deuda) está bordeando la frontera de lo negativo.

Una de las lecturas del déficit primario es que el gobierno tendría que endeudarse para pagar los intereses del stock de deuda. En otras palabras, el agresivo programa de endeudamiento público ha ido socavando las bases de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin dudas, la posición fiscal se ha ido deteriorando, a pesar de que en el 2012 las presentes autoridades implementaron un severo ajuste fiscal.

Este claro deterioro fiscal nos lleva -vía un pacto fiscal, o sin pacto- a una reforma que muy probablemente se focalizará en los aspectos recaudatorios. Sin embargo, en el Informe del BID se plantea que cuando las tasas impositivas son altas -como en el caso dominicano, agrego yo- la consolidación fiscal debe hacerse por el lado del gasto. Tres figuras impositivas de nuestro sistema tributario -ITBIS, impuesto sobre la renta e impuestos sobre los combustibles- no aguantan mayores incrementos. Y de esto pudiera derivarse una presión populista de mayores impuestos para los “ricos”, y de paso para la clase media.

La lógica nos dice -y la experiencia también- que los gobiernos son reacios a asumir costos políticos, de manera que una reducción del gasto público luce improbable, sin importar que la nómina pública, de acuerdo con datos extra oficiales, supera holgadamente los 650 mil empleados, y representa un gasto superior al 4% que se dedica a la educación. Según reporta el Banco Central en su informe de la economía solo en el 2015 ingresaron a la administración pública más de 25 mil nuevos empleados.

Siguiendo la recomendación del BID, bajo una situación fiscal en la que el gasto de capital representa un porcentaje reducido -a lo que agregamos las altas tasas impositivas- del gasto total; o, dicho de otra forma, si el gasto corriente es el de mayor porcentaje en el gasto total, la consolidación fiscal debe enfocarse en el gasto corriente, pues sacrificar aún más el gasto de capital tiene efectos negativos sobre las perspectivas de crecimiento económico. De nuevo, la lógica política apuntaría hacia la preservación del gasto corriente en detrimento del gasto de capital.

El futuro mediato no luce alentador. Por un lado, el margen de maniobra del gobierno para seguir endeudándose se ha ido reduciendo de manera palpable; las altas tasas impositivas que en la actualidad predominan y la rígida estructura del gasto público conforman un cuadro sumamente complejo para la implementación de una reforma fiscal que facilite la generación de riquezas en la economía dominicana. Por el contrario, todo parece indicar que el proceso de concertación -pacto fiscal- estará amenazado por las urgencias fiscales del gobierno, quien no dudará en imponer una reforma recaudatoria dañina a los sectores productivos de la nación. Ojalá estemos equivocados.

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Pedro Silverio Alvarez