El informe del FMI

De pronto, el informe del FMI. A veces sustraído de los ojos ciudadanos para que no se enteren nunca de su contenido; casi siempre postergada su publicación para que el tiempo que le haya pasado por encima borre el sentido de urgencia de lo que se necesita hacer y amortigüe el peso que ejerce sobre la consciencia la carencia de levedad de las cosas.

El informe del FMI, cuya publicación fue autorizada recientemente, a pesar de que fue emitido en febrero de este año, sugiere la aplicación de un robusto cinturón de ajuste que debe ser colocado en el vientre colectivo en su último hoyo, el que contiene la respiración.

Avista, no los contornos de la tierra divisada desde la nao, sino correctivos a ser ejecutados muy pronto, con mayor rigor, porque fueron pospuestos en aquellos momentos en que las circunstancias eran favorables.

Anuncia, sin ambages, que se está entrando en el camino peligroso de la falta de sostenibilidad de la deuda pública, cuyo coeficiente se situará muy pronto en, o por encima, del 60% del PIB.

La historia en lo que va de siglo es la siguiente: el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), endeudó al país cada año, en promedio, en US$1,039 millones; el gobierno de Leonel Fernández (2004-2012), lo hizo en US$2,179 millones; y el gobierno de Danilo Medina (entre 2012 a junio del 2017), lo incrementó a US$2,635 millones. (Montos anuales aproximados, sin tener en cuenta que el período de gobierno empieza en agosto, cada 4 años).

O sea, el promedio anual de monto de endeudamiento, cada vez ha sido mayor. Y la excusa es la misma: se necesitan recursos y, por tanto, hay que endeudarse.

Pero no se reorganiza institucionalmente el Estado, ni se elimina el gasto de baja calidad, estéril, ni se acomete un proyecto en que el destino nacional sea el elemento de valoración, ni tampoco se organiza un sistema tributario sencillo, que reduzca la evasión, de amplia base y tasas bajas.

El informe destaca (lo que se sabe) que la carga de intereses de la deuda pública supera el 20% del ingreso tributario. O sea que, de cada cien pesos de ingresos que recauda el estado más de una quinta parte tiene que ser utilizada en el pago de intereses. Si se agrega la amortización, de cada cien pesos de ingresos recaudados, más de cuarenta se destinan al servicio total de la deuda.

Y eso significa, tener una estructura montada para pagar intereses, amortizar préstamos y apenas resolver asuntos del día a día.

Por tanto, el FMI toca a rebato y llama a rectificar. Propone un ajuste y fortalecer el marco fiscal en el largo plazo, mediante la ejecución de una estrategia basada en dos pilares.

Primero, poner un tope o techo al coeficiente de deuda para que se mantenga por debajo del 45% del PIB. Segundo, establecer una regla con respecto al gasto público primario para que nunca crezca por encima del PIB potencial.

Para lograr bajar el coeficiente de deuda, el balance fiscal primario tendría que arrojar un superávit anual de no menos del 2.5% del PIB, hasta que se alcance el umbral del 45% del PIB. Y de ahí en adelante mantener un superávit primario de no menos del 1% del PIB.

Lo anterior solo podría lograrse mediante una reforma fiscal de cierta envergadura, cuyo impacto sea por lo menos igual al 2.5% del PIB. Sin embargo, del informe del Fondo está ausente la recomendación de hacer un mayor esfuerzo en reducir el gasto de baja calidad en sentido general, probablemente por sus implicaciones políticas.

Las figuras impositivas que el Fondo sugiere que sean afectadas son aquellas objeto de exenciones, sobre todo el ITBIS y los impuestos a la propiedad. En cierto sentido, de lo que se trata es de ampliar la base tributaria.

Otra parte del ajuste vendría por el lado de la eliminación del subsidio al sector eléctrico, y estaría relacionada con la aplicación de una tarifa que incorpore y recupere el costo de producción de la energía.

Cualquier cosa que se hiciere, debería dejar establecido que la única forma de incrementar en forma sostenida el ingreso tributario, es mediante la ejecución de un gasto racional, que reduzca el dispendio. Es lo único que daría fuerza moral para exigir mayores sacrificios a una población ya tan exprimida.

En esto debería haber unidad de propósito entre ciudadanía y fuerzas políticas.

No se trata únicamente de reajustar una nómina publica inflada, sino del hecho de que se reparten mendrugos, bajo la etiqueta de subsidios y transferencias, que no resuelven nada ni enseñan a ganarse la vida, pero en cambio sustituyen gato social auténtico y fomentan el hábito de lo fácil.

Junto a las remesas, estos mendrugos se constituyen en semillero de recipientes de renta no vinculadas al trabajo, que suelen germinar en comportamiento social anómalo, y bien pudiera ser una de las causas de la descomposición social y elevación del indicador de inseguridad ciudadana que se viene observando.

Esta sociedad tiene que cambiar su modelo de organización de la cosa pública.

No puede seguir permitiéndose que en la mugre del piso, pisoteado, enlodado, despreciado, yazca el anhelo de transparencia y de uso racional de los recursos públicos, junto a las ilusiones marchitas de una sociedad que se esfuerza por montarse en el tren del desarrollo para dejar atrás decenios de atraso y de pobreza.

Eduardo García Michel