El país que queremos

«Es parte del entendimiento de que nuestro actual modelo de desarrollo presenta falencias en materia de la calidad de la acción estatal, que se manifiestan en fuertes deficiencias en los servicios públicos que deberían garantizar los derechos constitucionales de la población –salud, educación, justicia, protección social, seguridad ciudadana, participación social, entre otros-, así como patrones de actuación que entorpecen el desarrollo nacional, tales como corrupción, clientelismo y patrimonialismo. La construcción de la Visión de la Nación al 2030 requiere el fortalecimiento y consolidación del Estado social y democrático de derecho, que desarrolle acciones eficaces para garantizar a cada dominicano y dominicana los derechos establecidos en la Constitución (...)». Prólogo a la ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Cuando los funcionarios se refieren a la presión tributaria -la cual encuentran muy baja- inmediatamente plantean que la sociedad dominicana tiene que definir qué país quiere y decir, también, cómo lo va a financiar. El razonamiento conlleva, en consecuencia, que para vivir en un mejor país hay que aumentar la presión tributaria. O, dicho de otra forma, tenemos el país que la presión tributaria permite. Si queremos ser como Finlandia es necesario llevar la presión tributaria a más del 50%; si queremos ser como Estados Unidos, la presión tributaria debe estar cerca del 35%. Esa sería la lógica detrás de la argumentación de esos funcionarios públicos.

En realidad, se trata de una argumentación defectuosa cuando la examinamos tanto desde el punto de vista práctico como teórico. Argentina y Brasil, por ejemplo, tienen una presión tributaria similar a la de los Estados Unidos; sin embargo, no podemos concluir que se encuentran en el mismo nivel de desarrollo. ¿Quién está mejor: Bolivia con una presión del 27% o Colombia con el 16%? ¿Dominica con una presión del 30% o República Dominicana con un 14%? ¿Cuba con un 45% o Chile con un 21%? Algunos lectores pudieran sugerir que la mayoría de los países europeos tienen una presión tributaria alta, son desarrollados y están mejor que nosotros. Como en otras ocasiones hemos señalado, tanto Europa como Estados Unidos se desarrollaron con una baja presión tributaria. Pero más recientemente, los ejemplos de desarrollo han tenido -todos- el común denominador de bajas tasas impositivas -Taiwán, Hong Kong y Singapur, entre otros. Por tanto, no es correcto plantear que la baja presión tributaria es un obstáculo para alcanzar una mejor sociedad.

El problema nuestro es que tenemos altas tasas impositivas con una presión tributaria tipificada como baja. La brecha entre ambas realidades se explica por la evasión, la elusión y las exenciones. De lo contrario tendríamos una presión tributaria por encima del 30%. Esos tres factores combinados –evasión, elusión y exención– y el endeudamiento han hecho posible que la economía crezca a las tasas que insinúan las cifras oficiales, pues sin esos factores los niveles de inversión y consumo en nuestro país estuvieran por el piso. Pero todavía se sigue insistiendo en que para alcanzar las metas del desarrollo es preciso llevar la presión tributaria al 24%, tal como plantea erróneamente la Estrategia Nacional de Desarrollo.

No queremos ser Haití; ni Cuba; ni Venezuela... Queremos ser un país desarrollado, y todo lo que eso significa en materia económica, social, política, ambiental, institucional y de derechos. Esa aspiración ha sido definida -por ahora- en la mencionada Estrategia Nacional de Desarrollo. Es mucho más fácil ponernos de acuerdo en las aspiraciones abstractas que en las formas o los medios que se deben utilizar para alcanzar esas aspiraciones. El plantear que el gobierno necesita más recursos para financiar el desarrollo es poner el énfasis en el lugar equivocado. Primero, porque se asume que si el gobierno maneja mayores recursos -sustraídos de la actividad privada- mejora la eficiencia en la economía, e ignora los niveles de corrupción e ineficiencia en la gestión del gasto público; segundo, porque independientemente del nivel de la presión tributaria si no se respeta el marco institucional y se implementa una visión correcta en las políticas públicas no hay posibilidad alguna de alcanzar el desarrollo. Y tercero, el financiamiento del desarrollo es fundamentalmente hecho a través de las iniciativas privadas de inversión, canalizando el ahorro privado hacia proyectos económica y socialmente sostenibles.

Lo anterior no debe interpretarse como sugiriendo que el gobierno no tenga un rol importante en el alcance de las metas del desarrollo. Claro que lo tiene. El interés es el de enfatizar que hay aspectos cruciales de la acción del gobierno que no dependen de los recursos disponibles. Por ejemplo, respetar y hacer respetar la ley -la regla de la ley- tiene un extraordinario impacto en la calidad de las actividades económicas. En contraposición, el gobierno gasta una inmensa cantidad de recursos presupuestarios en la educación y la salud con una eficiencia o calidad deplorable. En estos momentos, el mayor aporte que el gobierno puede hacer a la consecución de los objetivos y metas del desarrollo es ponerle un freno a la ineficiencia del gasto público -que muchas veces se origina en el reparto de las posiciones públicas como capital político- y al sistema de impunidad que prevalecen en la gestión pública.

Un punto que también debe ser enfatizado es que no es posible alcanzar el desarrollo sin un sector privado operando a su mayor capacidad, y que esto no es posible –al menos en las etapas iniciales– con altas tasas impositivas. «El país que queremos», más que un recurso retórico, es una construcción que requiere del gobierno propiciar un entorno institucional y una estrategia de políticas públicas que permitan que en la iniciativa privada florezcan la innovación y la competitividad. Ciertamente, más fácil decirlo que hacerlo.

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Pedro Silverio Alvarez