El riesgo con las agencias calificadoras de riesgo

Las agencias calificadoras de riesgo son absolutamente cruciales para nuestro sistema financiero moderno, dado que virtualmente todos los inversionistas tienen fe en sus calificaciones. Ellas fueron el factor decisivo detrás del desarrollo explosivo de la titularización de los préstamos hipotecarios (...). El uso generoso por las agencias de su calificación A fue lo que hizo que los inversionistas alrededor del mundo creyeran en alquimia y gatearan por las titularizaciones. De todas maneras, ¿cuán confiables e independientes son estas agencias? Johan Norberg, 2009

Existe una sutil diferencia entre riesgo e incertidumbre. Frank Knight, un extraordinario economista de principios del siglo XX, sentó las bases para diferenciar una cosa de la otra: el riesgo es medible, la incertidumbre no. Por tanto, el riesgo de un evento se mide mediante el cálculo de la probabilidad de que ocurra y la gravedad de sus consecuencias. Todas las decisiones de los agentes económicos están sujetas a incertidumbre y a riesgos, lo que genera un mercado natural para los futurólogos, ya que una mala anticipación del futuro podría tener consecuencias financieras irreparables. Es en este esquema que entran las agencias calificadoras de riesgo, expertos en traer tranquilidad a los inversionistas. Al menos, eso fue lo que se pensó en principio. Pero episodios posteriores en los que se vieron involucradas esas agencias develaron una agenda con intereses muy distintos.

Johan Norberg (Financial Fiasco, 2009) da una mirada escrutadora al rol que jugaron varias agencias calificadoras en la gran crisis financiera que se inició en 2007. Y plantea cómo surgió en ellas un verdadero conflicto de intereses que terminó arruinando las finanzas personales de millones de inversionistas, y empujó hacia la gran recesión a las economías más desarrolladas. Todo comenzó en los 70 -narra Norberg- cuando dichas agencias cambiaron el modelo de servicios. Hasta entonces, sus servicios eran ofrecidos a inversionistas (compradores) interesados en tener una evaluación más objetiva de los riesgos a los que se exponían al participar en los mercados financieros. En esta etapa, los ingresos por los servicios que ofrecían se originaban -saludablemente- en quienes querían comprar o invertir. Ningún conflicto de intereses.

Sin embargo, en la medida que el mercado financiero se fue haciendo más complejo -explica Norberg- las agencias calificadoras se fueron moviendo a un modelo de negocios que dependía de los ingresos que generaban los potenciales vendedores. Un cambio fundamental, pues a partir de ese momento las agencias tenían que competir por clientes que querían la mejor calcificación posible. Definitivamente, un incentivo perverso. Adicionalmente, la regulación de la SEC (Security Exchange Comission) prohibió a los aseguradores, fondos de pensiones, fondos mutualistas y a otras instituciones financieras comprar instrumentos que hayan sido calificados como especulativos, lo que hacía obligatorio para los emisores de valores pública oferta tener la certificación de que sus emisiones calificaban para el grado de inversión. De repente estas agencias se vieron con un gran poder oligopólico, en un mercado dominado por tres de esas agencias calificadoras de riesgo. Ya para el 1996, Thomas Friedman -citado por Norberg- escribía que en el mundo había dos súper potencias -Estados Unidos y Moody’s-, pero que no estaba claro quién era más poderoso.

Lo cierto es que ya en los 90, la moda de la titularización comenzó a dominar a los mercados financieros, respaldados por las bondadosas calificaciones de riesgo que obtenían de agencias interesadamente complacientes. Norberg relata numerosos episodios en donde claramente las principales agencias calificadoras jugaron sucio, no sólo calificando a las titularizaciones, sino también a otros instrumentos financieros como los CDO’s (Collateralized Debt Obligation) que estuvieron en el centro de la crisis financiera más severa de los últimos ochenta años.

Es oportuno señalar que algunas de esas agencias tuvieron que enfrentar procesos judiciales que terminaron en fuertes sanciones financieras. Tal es el caso del acuerdo entre el Departamento de Justicia y Standard & Poor’s, mediante el cual la firma calificadora aceptaba la sanción de mil quinientos millones de dólares que el gobierno le impuso en reparación a los daños que causó en su rol previo a la crisis financiera. Algo parecido podría ocurrir con Moody’s y la investigación de que es objeto por parte del Departamento de Justicia.

La experiencia ha sido aleccionadora para todos los que directa o indirectamente se vieron involucrados en una crisis que tuvo entre sus fundamentos regulaciones que propiciaron comportamientos oportunísticos por parte de quienes tenían la obligación moral de proteger con sus calificaciones la calidad de las informaciones suministradas al mercado; por el contrario, se confabularon con los emisores de instrumentos financieros dirigidos a defraudar a los inversionistas que confiaron en sus calificaciones de riesgo. Esas mismas agencias vienen a nuestros países, hacen sus evaluaciones y las calificaciones otorgadas son consideradas como palabras sagradas. No obstante, sigue siendo preocupante -y hasta contraproducente- que ese trabajo sea pagado por quienes se benefician de esas calificaciones y las utilizan para vender un panorama color de rosa.

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Pedro Silverio Alvarez