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El soborno implica sobrevaluación

“Económicamente, la corrupción socava la riqueza nacional. Los políticos corruptos invierten los escasos recursos públicos en proyectos alineados con sus bolsillos, en lugar de beneficiar a las comunidades, y priorizan proyectos de altos perfiles como represas, plantas generadoras, tuberías y refinerías sobre proyectos menos espectaculares, pero más urgentes, como escuelas, hospitales y carreteras. La corrupción también entorpece el desarrollo de estructuras de mercado justas y distorsiona la competencia, lo que a su vez disuade la inversión. La corrupción corroe el tejido social. Menoscaba la confianza de la gente en el sistema político, en sus instituciones y en su liderazgo.” Transparencia Internacional

Finalmente, y después de mucha presión social, la Procuraduría General de la República solicitó a la Cámara de Cuentas que auditara las obras de Odebrecht para determinar o documentar las sobrevaluaciones que muchos sospechan que ocurrieron en obras ya terminadas o en proceso. Dicha solicitud coincide con la información de que en Panamá la firma brasileña sobrevaluó cinco proyectos –otros proyectos están siendo auditados- en aproximadamente USD 320 millones. En esos cinco proyectos –con un costo total de USD 1,412.5 millones- la sobrevaluación fue cercana al 20%. Recordemos que Odebrecht admitió ante las autoridades norteamericanas haber pagado sobornos en Panamá por un monto de USD 59 millones, y haber logrado beneficios adicionales de por lo menos USD 175 millones.

Con esos indicadores, la sobrevaluación de obras en República Dominicana por parte de Odebrecht pudiera situarse en la frontera de los USD 1,000 millones, si tomamos en cuenta la forma organizada bajo la que operaba el esquema de sobornos.

Hasta ahora, la justicia dominicana no se había interesado en la sobrevaluación de las obras ejecutadas por Odebrecht, pero el ejemplo de Panamá ilustra de manera concreta el estrecho e indisoluble vínculo entre sobornos y sobrecostes de las obras. Excluyendo a Brasil, la compañía sobornadora obtuvo beneficios por más de USD 1,400 millones en base a sobornos de funcionarios públicos y políticos por unos USD 439 millones en once países. El solo hecho de que Odebrecht se autoincriminó con esas revelaciones era suficiente para desatar una acción pública más comprometida con el interés público de los dominicanos, e indagar la magnitud de las sobrevaluaciones en cada una de las obras ejecutadas por la firma brasileña. Por el contrario, se ha preferido jugar al tiempo y a las amenazas no creíbles de que pronto caerían los culpables. Al parecer, la selección de culpables ha resultado más engorrosa de lo que originalmente se pensaba.

¿Cabría la posibilidad de que los sobornos se diesen sin la contraparte de las sobrevaluaciones? De ninguna manera. Sería tonto pensar que una empresa «invierta» cientos de millones de dólares en sobornos con el único propósito de satisfacer sus inclinaciones altruistas. Las confesiones de Odebrecht nos revelan que ellos lograron beneficios extras como consecuencia de los sobornos, y para que esto fuera posible era indispensable que las obras se ejecutaran con el correspondiente sobrecosto, como ha sido evidente en el caso de Panamá. Como si esto fuera poco, la organización de un departamento de Operaciones Estructuradas –léase, corruptas- implica importantes costos transaccionales que solo pueden ser asumidos si la empresa dispone de mecanismos –como la sobrevaluación- para recuperarlos. Es impensable que un funcionario público acepte el soborno y luego evalúe objetivamente los costos que le presenta el sobornador. No hay forma de separar una cosa de la otra.

Una licitación pública para la ejecución de un proyecto gubernamental persigue implementar un proceso competitivo mediante el cual la saludable rivalidad de los participantes permite «descubrir» la relación precio-calidad que más conviene al interés nacional. Sin embargo, a través de los sobornos, Odebrecht corrompió muchos de esos procesos en América Latina. Por ejemplo, en Brasil, dicha firma compró la participación en proyectos ya adjudicados y sobornó funcionarios para que le garantizaran la continuidad de esos proyectos. La manipulación de las licitaciones permite establecer condiciones deliberadamente ambiguas que luego sirven de apoyo para justificar incrementos en los costos finales de los proyectos, dando paso, en consecuencia, a las sobrevaluaciones.

De manera que la tarea no es determinar si hubo o no sobrevaluaciones en las obras de Odebrecht –que las hubo-; la verdadera tarea es determinar la magnitud de esas sobrevaluaciones. Pero, como bien señala Transparencia Internacional, la corrupción socava la confianza en el sistema político y en las instituciones. Por ello, la gente recibe con mucho escepticismo que la Cámara de Cuentas vaya a realizar una auditoría que al final establezca la responsabilidad penal en las sobrevaluaciones de Odebrecht. Los antecedentes no le ayudan, cuando se mira la forma complaciente con la que se ha llevado el proceso de investigación, si se le puede llamar de esa manera.

Y no es para menos. En los demás países involucrados en la trama de corrupción de Odebrecht se ha sometido y encarcelado a funcionarios ligados a los sobornos, luego de un mes del acuerdo de la empresa con la justicia norteamericana. Aquí, sin embargo, no se ha instrumentado –luego de casi cinco meses del destape- el primer expediente ni se ha allanado al primer sospechoso. La profundidad de las investigaciones dominicanas no depende de nuestros propios esfuerzos, sino de los esfuerzos y revelaciones que nos llegan del exterior; no hay interés en ir más allá de las obligaciones que impone una información del dominio público. Y, probablemente, ya no queden pruebas documentales que comprometan a los sobornados. Un capítulo más de la comedia dominicana...

@pedrosilver31

Pedrosilver31@gmail.com

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