El Tribunal Constitucional y el Gobierno

El Tribunal Constitucional (TC) ha devenido en el más importante aporte institucional de la reforma del año 2010. Hasta su creación, en general, la carta magna era un imaginario, un ideal que los dominicanos fuimos asumiendo como un verdadero “pedazo de papel”, al cual se invocaba, pero del cual nadie tenía forma posible de servirse en aquellos casos en que contrariaba el caudal desbocado de los intereses de cualquier laya.

Como es natural, su irrupción en la arquitectura del nuevo Estado social, democrático y de derecho surgido a partir de la citada reforma, viene a ser una rara avis entre nosotros, que solemos pregonar el valor de la soberanía de la ley, siempre y cuando dispongamos del servicio de un poder dispuesto a buscarle la vuelta a nuestras cosas. Por supuesto, la política es la principal responsable de convertir la ley fundamental en un florero deliberadamente mal puesto, por eso, contar con una jurisdicción que la cristalice, resulta ser un inconveniente para aquellos que no entienden su rol, que lejos de ser el de un malabarista, consiste en confrontar cualquier tipo de poder que desborde el marco del “encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos”. (A. Hauriou).

De esa incomprensión surge la resistencia y desmonte del más trascendental de los frutos del tribunal, la Sentencia TC/168/2013, que ratifica el alcance del estatuto de la nacionalidad dominicana, sostenido por nuestra norma desde 1929, la cual, lejos de ser vista como algo presupuestado, se asumió como una conjura, un desafío que no debió ocurrir sin ser sometido a consulta.

Todos sabemos la crisis que se generó en torno a la referida sentencia, y los esfuerzos desplegados por el presidente procurando un consenso que solicitó y obtuvo para la solución del problema de los extranjeros inscritos en el registro civil (Grupo A). Por las funciones que ostentaba a la sazón, formé parte de la comisión que trabajó el proyecto de ley, los trabajos se cerraron, en mi presencia, contemplando exclusivamente una naturalización especial para ellos, ese fue el consenso.

A partir de ahí, lejos de asumir el mandato de vincularse al precedente, el gobierno inició una progresiva política de desmonte del mismo, asumiendo una concepción relajada del plan de regularización, pero muy especialmente, a través de la Ley 169-14 sobre naturalización especial, cuyo proyecto mutó en camino al congreso, infiltrándole de contrabando el denominado Grupo B, facilitando así el rol para el cual fue realmente concebido, según sus motivaciones, dar “respuesta a una problemática que se genera a partir” de la sentencia, “y que resulta de interés nacional resolver”.

Para varios de los actores del consenso con los que he conversado, fue una absoluta sorpresa que la ley y su reglamento fueran aprobados con ese injerto, en virtud del cual, se autorizó una amnistía registral y migratoria, con derecho eventual a naturalización, para todos los “hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil”. De manera que el acuerdo fue para naturalizar los que ya estaban en el registro civil (Grupo A), sin que ello implicara acreditarle nacionalidad a través de ningún mecanismo que no se encuentre avalado constitucionalmente; pero es falso que lo haya sido para amnistiar a la extranjería caótica del paritorio, (Grupo B), que lejos de ser encarrilada hacia la ley, llevó la legalidad al caos.

Ante los normales recursos que generó, según trascendió a través de la prensa, el TC tenía listo un fallo al respecto, lo que incomodó nuevamente al gobierno, el cual se empeñó en disuadirlo por los medios a su alcance, logrando hacer recular algunos jueces, como si fuera posible que los acuerdos pudieren fraguarse al margen de la constitución. Para colmo, muy recientemente se acaba de producir un fallo mediante el cual quedó cerrada la vía de esa jurisdicción para habilitar la reelección, por más argumentos de sastrería que se propalen en contrario.

En ese contexto, con todo derecho, el gobierno anuncia la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para designar cuatro jueces con términos vencidos en el TC y evaluar los de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). No soy de los que cuestionan la facultad del poder político de elegir los jueces, así, en general, es en todas partes del mundo, ese es su papel, lo que si se podría cuestionar es que éste no actúe a la altura e idoneidad que de él se espera, razón en la que radica el fundamento de ese poder.

Por eso, llama a preocupación que la incomprensión de la naturaleza del TC en influyentes estamentos del poder, pueda conducir a la imposición de un ajuste de cuentas. Las versiones aducen que se pretende reformular el liderazgo del tribunal, lo que sería en sí mismo grave y evidenciaría la retaliación, que se procura además el consentimiento de varios jueces para traslados a la SCJ o nombramientos en el servicio diplomático, a fin de lograr designar por lo menos 6 a 7, en vez de 4, con el objetivo de procurar el cambio de la identidad del órgano y la revocación de algunos precedentes.

No quiero imaginar que se puedan dar por sentadas ninguna de esas versiones, prefiero también compartirlas con el sano propósito de apelar a la grandeza, a la vocación por el legado y al temor por la historia. El presidente Medina debe vencer los cantos de sirena que pudieren tentarlo a semejantes despropósitos, a favor del buen juicio a su legado; por su parte, el tribunal no debe cesar en su misión de hacer valer la constitución, cueste lo que cueste, pésele al poder que le pese, so pena de enfrentarse a la extinción de su razón de ser y de la esperanza que todos los dominicanos hemos depositado en él.

Corresponde pues al pueblo vigilar beligerantemente el proceso y asumir la defensa de la identidad e integridad del TC, el más idóneo instrumento del que dispone para frenar el poder, sin importar quién lo detente.

José Ricardo Taveras Blanco