Elecciones municipales

Dentro de apenas unas pocas semanas, habrá elecciones municipales. El énfasis de la campaña está puesto en las figuras de los candidatos: manejo mediático, capacidad de seducción. Y también en la marca de los partidos, sello protector que los cobija.

La pretensión no declarada de algunos de los partidos en pugna es apropiarse de las posiciones en juego para nombrar activistas políticos y mantener engrasada la maquinaria partidaria, con vistas a las elecciones generales. Eso lleva a seguir amamantando el clientelismo de siempre.

Frente a esa pretensión debe alzarse la reflexión de que, ante los graves y múltiples problemas que agobian a los municipios, conviene asegurar que el candidato a ser votado tenga comprensión plena del alcance y responsabilidad de las funciones a desempeñar, sea tributario de un sentido ético profundo y de auténtica vocación de servicio a la comunidad, y posea capacidad demostrada de gestión.

Esta es una oportunidad para que los ciudadanos elijan solo a aquellos a quienes les duela su municipio y tengan capacidad y carácter para solventar los problemas, en vez de perpetuarlos.

Pudiera ser que existieran candidatos superbos que carecieran del apoyo de marcas partidarias de relevancia y candidatos moralmente insolventes protegidos por esas marcas. El reto es elegir a los mejores, con independencia de la parafernalia que los acompaña.

La agenda municipal debe trascender la dimensión territorial de cada municipio y tener contenido nacional, pues hay asuntos que son del interés de todos.

El municipio debería ser un poder del Estado no subordinado a ningún otro, con autonomía, recursos, funciones, responsabilidades, controles y capacidad administrativa crecientes.

Concretar esa aspiración es algo que forma parte de la agenda de asuntos prioritarios pendientes.

Por esa razón, es pertinente recordar que en la década de los noventa se hizo un esfuerzo considerable para impulsar una reforma profunda del ámbito municipal, coordinado por la Fundación Siglo 21, con el apoyo financiero del Proyecto de Iniciativas Democráticas (PID/USAID).

Luego de múltiples reuniones en busca de consenso, en las que participaron autoridades nacionales, municipales y diversas entidades de la sociedad civil, se celebró un Foro Municipal en la ciudad de Santiago, en septiembre de 1994, del cual surgió la relevante Declaración de Santiago sobre Reforma Municipal.

En esa Declaración, las fuerzas allí representadas apoyaron la introducción de reformas de envergadura relativas a los municipios.

Entre las de carácter político están: la consagración constitucional del régimen municipal, actualización de la legislación municipal, fortalecimiento de las funciones de los Ayuntamientos, desarrollo de los órganos de gobierno municipal, desarrollo del gobierno provincial, revisión de la estructura de la Liga Municipal Dominicana, fortalecimiento administrativo de los ayuntamientos, y educación ciudadana para la participación.

Por su parte, entre las de carácter económico figuran: la Ley de Descentralización Marco con objeto de transferir gradualmente las potestades y servicios desde el gobierno central a los ayuntamientos; y la descentralización de recursos fiscales para que los ayuntamientos manejen no menos del 15% de los recursos del gobierno general.

En adición, se sugirió la descentralización de atribuciones públicas en obras físicas y la prestación de servicios en materia deportiva, escolar, salud primaria, viales, tránsito, entre otros. Además, se propuso el fortalecimiento de los ayuntamientos en administración de recursos y en ejecución de programas.

La consecuencia de la Declaración de Santiago sobre Reforma Municipal fue la celebración en Santo Domingo, en junio de 1995, de un Congreso Municipal, precedido por cuatro talleres regionales, que dieron lugar a la aprobación de una importante agenda de reforma municipal.

En la introducción de ese Congreso municipal, quien suscribe, actuando en nombre de la Fundación Siglo 21, decía: “Si ustedes aquí lo deciden este Congreso podría marcar el comienzo de la marcha indetenible hacia la consagración de la autonomía municipal efectiva, lo que es sinónimo de descentralización y también de consolidación del sistema democrático, porque en el fondo la reforma municipal persigue el diseño de un nuevo equilibrio entre los poderes del Estado, desplazando un poco el centro de gravedad hacia los gobiernos locales que son los que están más cerca de las comunidades que demandan servicios y participación.”

La zapata, pues, fue puesta en aquel decenio de los noventa, aunque con anterioridad hubo notables aportes. Ahora falta que se agreguen los ladrillos de lo que debería ser el nuevo andamiaje institucional.

P.D. En el Archivo General de la Nación está disponible el folleto de la Fundación Siglo 21 titulado Acuerdos sobre la Reforma Municipal, que recoge la declaración de Santiago y las propuestas del Congreso Municipal.

Eduardo García Michel

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.