¿Es el mejor momento para una reforma fiscal?

«Es mucho mejor tomar medidas ahora que el país crece y tiene una tasa de crecimiento muy buena, muchos sectores de la economía se están desempeñando muy bien, es mejor hacerlo ahora que cuando el país esté en estrés. (...) Entiendo también la dificultad de hacer un pacto fiscal porque toma tiempo. Hemos visto lo del pacto eléctrico, sabemos que a menos de dos años están las elecciones en el país, así que tenemos que ser realistas, quizás un pacto fiscal es ambicioso, esperamos que pueda pasar». Alessandro Legrottaglie, Representante del Banco Mundial, Diario Libre, mayo 10, 2018

En el marco de una tertulia, auspiciada por la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), el representante del Banco Mundial en el país planteó la necesidad hacer una reforma fiscal en los actuales momentos, aunque reconociendo las dificultades que se derivan de la compleja coyuntura que viven los dominicanos. Similar opinión ha sido compartida por el Ministro de Economía y por especialistas en el área fiscal que entienden como impostergable la necesidad de abordar seriamente el problema de las finanzas públicas. Otros, como el Ministro de Hacienda, entienden que no hay razones para preocuparse y que las cuentas fiscales se manejan con la debida prudencia. Esta podría considerarse como la posición oficial del gobierno, muy distante de las mismas recomendaciones de los organismos internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El mejor momento para una reforma fiscal es el momento mismo en el que se detecta la necesidad de hacerla, pues es ese punto en el tiempo en el que se minimizan los sacrificios que la ciudadanía tiene que asumir como resultado de los ajustes implícitos o explícitos en reformas de ese tipo. En tal sentido, se podría afirmar que el “mejor momento” para realizar la reforma fiscal hace tiempo que pasó. De hecho, hay una ley harto conocida –al menos en su nombre- que estableció el mandato, la obligación de realizar un pacto fiscal contentivo de esa reforma. Luego de esa ley se intentó una reforma consensuada que fue descartada por el poder ejecutivo y aplicó su propio ajuste de parches fiscales. Desde ese momento la deuda pública solo ha crecido, y lo ha hecho con tal entusiasmo que ha ido desbordando la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Uno de los daños colaterales del endeudamiento es que genera una sensación de que no es necesario realizar las reformas que con urgencia necesita la economía, al crear un clima artificial de prosperidad que impide mirar hacia futuro mediato con objetividad. Esto es fabuloso para el gobierno que puede posponer la responsabilidad de darle sostenibilidad a las cuentas fiscales. Es ahí en donde la política hace su daño. Se abordan los problemas del día a día, la rutina, los que se resuelven con malabarismos, pero que dejan al país en el mismo lugar. Mientras tanto, los problemas fundamentales son ignorados o, simplemente, pospuestos.

Es por eso que una vez que se ha perdido ese mejor momento, cada día que pasa es peor. Y hoy es mejor momento que mañana, y así sucesivamente. Quizás por eso, tenga razón el representante del Banco Mundial al afirmar que estamos que la reforma fiscal debe hacerse en estos momentos. Pero hay un pequeño detalle institucional que el representante del Banco Mundial no debió ignorar. Nuestro marco legal e institucional nos obliga a una reforma fiscal dentro de las directrices de una estrategia nacional de desarrollo. Ni más ni menos. Mal podría un organismo internacional recomendarnos ahora que ignoremos ese compromiso institucional y nos aboquemos a una reforma de bolsillo. El pragmatismo no puede llegar a esos extremos.

Es fácil reconocer, sin embargo, que el clima de concertación en el país ha ido sufriendo un deterioro progresivo. Ciertamente, el fracasado pacto eléctrico –de otra manera no se puede llamar un pacto que ha tomado más de tres años para una firma que aún no tiene fecha- es un lamentable ejemplo del rumbo que lleva el país. Es quizás el mejor momento para que se considere la necesidad de reformar los mecanismos de concertación establecidos para el funcionamiento del Consejo Económico y Social (CES). Se debe buscar la manera institucional de destaponar el proceso de concertación, tan necesario para las reformas –incluida la fiscal- que se requieren.

Lo anterior es particularmente importante dado que el entorno internacional ha ido presentando un cuadro que agrega más incertidumbre sobre la economía dominicana. Los precios del petróleo, por ejemplo, se han colocado por encima de los USD 70 el barril –dependiendo de que índice se utilice-, muy por encima de las previsiones presupuestarias. De paso, algunos pronósticos sitúan el precio del petróleo por encima de los 80 dólares el barril; por lo que habría que anticipar los efectos que esto podría tener en la cuenta corriente, el objetivo de inflación y el crecimiento económico. Si a eso sumamos el previsible endurecimiento de las condiciones de financiamiento en los mercados internacionales es imperativo que se aborde oficialmente el tema de la reforma fiscal, dentro del marco institucional que la prevé.

Corresponde al gobierno la responsabilidad de crear las condiciones para que efectivamente se pueda llevar a cabo un proceso mediante el cual sea posible poner de acuerdo a los distintos actores de la nación en la formulación de una reforma fiscal que no solo le de sostenibilidad a las finanzas públicas, sino que también cree las bases para un crecimiento económico compatible con las metas desarrollo. Quizás se esté haciendo un poco tarde...

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Pedro Silverio Alvarez