Es hora de que actuemos como clase gobernante

En esencia, la tesis del profesor Juan Bosch sostenía que nuestro país requería la creación y articulación de una clase gobernante que impulsara los necesarios cambios sociales, económicos y políticos, desde el Estado y la Sociedad Civil, para cerrar el abismo histórico provocado por nuestro capitalismo tardío.

En sus libros y ensayos nos educó para pensar y actuar como clase gobernante. Recuerdo uno titulado ¿Cuándo una clase pasa a ser gobernante? Sostenía que para ese entonces en la República Dominicana no existía una clase gobernante, y afirmaba que hay un rasgo común a casi todos los gobernantes de la historia dominicana que sustituyeron en el poder del Estado a esa clase inexistente, y es su dedicación a favorecer de manera legal y especialmente ilegal a personas, familias y grupos determinados allegados al poder.

La conducción del Estado dominicano por el Partido de la Liberación Dominicana lo ha distanciado de los objetivos de su fundador. El grado de manejo inadecuado del presupuesto y la corrupción atenta con el fundamento propuesto por Bosch de lograr, ante todo, el desarrollo integral de nuestra sociedad. Ahora bien, como correctamente afirmaba don Juan, los empresarios, los partidos de oposición y la sociedad civil, también deben ser parte de la clase gobernante. A ellos les toca dar respuestas firmes y propositivas ante cada tema nacional relevante.

Si queremos cambiar el país, empecemos a pensar y actuar todos, oposición y gobierno, como clase gobernante. Para ello debemos dejar establecidos algunos PRINCIPIOS REPUBLICANOS sin los cuales no podremos encaminar al país:

Debe haber diálogo y concertación política para evitar reformas constitucionales que permitan más de una reelección presidencial. Hay que instaurar el nunca más y blindar la constitución de reformas coyunturales. Tenemos jóvenes capacitados dispuestos a servir a su país, pero, con líderes añejados, bloqueándolos e intentando repetir, no será posible la renovación del liderazgo partidario. El sistema de partidos que tenemos ya no da más. La democracia post Trujillo está colapsando.

Concertar en forma incluyente reformas institucionales que fortalezcan el sistema de justicia para eliminar de raíz la inaceptable impunidad que deja a muchos fuera de las cárceles y profundiza la violencia sistémica en toda la nación. Elevar la institucionalidad y el principio de legalidad en nuestra nación, lo cual implica una ley electoral y de partidos políticos que le devuelva la credibilidad al sistema en general y a los partidos en particular. La crisis de nuestro país es de autoridad. Y esta debe recaer en nuestras instituciones, no en predestinados que actúan al margen de la institucionalidad.

Tenemos un Estado dominicano endeudado a niveles peligrosos, afirman muchos expertos. Gran parte de los recursos captados por el Estado son empleados en asistencia social compradora de voluntades y conciencias. El Estado debe destinar estos recursos cada vez más a la generación de empleo genuino. La libre iniciativa es el factor eficaz del progreso material. La dignidad de la persona humana y su derecho a un trabajo digno, deben ser el eje central de toda decisión política. La dádiva envilece.

Es necesario que la clase productiva asuma su responsabilidad política y el reto de su internacionalización económica: ser la cabeza del dragón del Caribe, líderes regionales. Mientras tanto, en los últimos 50 años hemos ido permitiendo que para una inmensa cantidad de dominicanos el ejercicio del poder político sea la vía de enriquecimiento y de movilidad social, porque, a su vez, hemos dejado el poder en manos de quienes ven el ejercicio de gobierno como una vía de enriquecimiento ilícito en total inmunidad.

Nuestra sociedad necesita mujeres y hombres que piensen y actúen en función del Estado, que nos guíen como nación, que vean más allá del presente, gobernantes que privilegien día a día lo mejor de nuestros ciudadanos, que sanen nuestros conflictos. Que vayan a servir al Estado, de acuerdo con reglas de juego bien definidas y respetadas, especialmente por los empresarios, la oposición política y el gobierno.

Nelson Espinal Báez, Associate MIT-Harvard Public Disputes Program, Universidad de Harvard.

Nelson Espinal Báez