Fallas de mercado y producción de conocimientos

«No son solamente las fallas de mercado que generan ‘distorsiones’ en la economía, sino también las ‘fallas de gobierno’. (Uno podría argumentar que haría más sentido eliminar las fallas gubernamentales que introducir otra intervención en el mercado). Pero por una razón u otra, típicamente relacionada con la economía política, pudiera no ser fácil eliminar algunas políticas gubernamentales; pudiera ser más fácil introducir una nueva política compensatoria.) [...] Existen importantes externalidades positivas derivadas del aprendizaje. Tales derrames son profundos y grandes, y son más grandes en ciertas industrias que en otras. Y obviamente, los mercados no tomaran en cuenta estas externalidades». Greenwald y Stiglitz, 2013

Desde el punto de vista de la teoría económica, el debate ha sido extenso – y aun no resuelto – sobre las distorsiones que surgen cuando el mercado por sí mismo no genera una asignación optima de los recursos económicos versus las distorsiones que surgen cuando el gobierno interviene en la economía. Ambos lados tienen sus puntos fuertes y débiles, pero pudiera decirse que un punto de relativa convergencia es el relacionado con la provisión de los denominados bienes públicos, los que por su naturaleza pueden ser consumidos sin que eso signifique o implique una rivalidad entre los consumidores ni un costo adicional para el proveedor.

No son muchos los bienes que tipifican como bienes públicos; entre los que pueden ser clasificados como tales está la seguridad ciudadana. Si cada ciudadano tuviese que proveerse su propia seguridad – de lo cual no estamos muy lejos – tendríamos una gran distorsión en términos de los recursos económicos que privadamente habría que dedicar a ese propósito. La recomendación teórica es que el gobierno provea la seguridad ciudadana, pero al proveerla tiene sus propios problemas o fallas.

El conocimiento es otro bien público que, además, tiene la virtud de que se multiplica al ser compartido. Sin embargo, es común la confusión entre conocimiento y la educación que se provee a través del sistema educativo. Esta confusión es la que sirve de base para defender la idea de que la educación debe ser provista por el Gobierno. En realidad, la educación, entendida como los procesos formales que se llevan a cabo en las escuelas y universidades, no es un bien público. Su provisión envuelve un costo marginal positivo y hay rivalidad para acceder a ella, pues los espacios de aulas son limitados y no todos los potenciales alumnos pueden ser acomodados en un espacio obviamente limitado. Si bien esa educación formal tiene un carácter público – pero no un bien público –, su provisión no tiene que ser necesariamente una obligación del Estado. Lo que sí es una obligación del Estado es garantizar financieramente que los estudiantes – especialmente, los más pobres – tengan acceso a una educación de calidad, ya sea pública o privada, mediante un mecanismo de elección individual.

Es diferente con el conocimiento. La innovación y los cambios tecnológicos que pueden tener amplios efectos en los procesos de una industria, un sector o en la economía como un todo, no siempre resultan en una entera compensación a los innovadores. Greenwald y Stiglitz (2013) argumentan que el “aprendizaje no está limitado a único proceso y procesos relacionados para un producto en particular. Las innovaciones en un sector pudieran beneficiar a otros sectores que lucen marcadamente diferentes, pero usa procesos similares. Sectores que son, en una u otra forma, más similares pudieran, naturalmente, beneficiarse más”. Estos derrames (spillovers), sin que haya una compensación a los innovadores, genera, de acuerdo con los autores, una falla de mercado que justifica la intervención del Estado. Dado que los innovadores no son debidamente compensados, el nivel de conocimiento que se genera en la sociedad no es óptimo. Y el Estado tendría el rol de aplicar políticas públicas que mejoren la producción de conocimiento.

Dentro de esas políticas se pueden mencionar las regulaciones que pretenden proteger los derechos de los innovadores a través de patentes y de acuerdos internacionales para respetar la propiedad intelectual. Sin embargo, Greenwald y Stiglitz dejan un margen que puede ser interpretado como favorable para la piratería. Ellos entienden que una única política en este tema terminaría beneficiando mayormente a los países industrializados y, por lo tanto, se le haría mucho más difícil a los países en vías de desarrollo cerrar la brecha de conocimiento que los separa de los primeros. Es decir que les resultaría más complicado alcanzar las metas de desarrollo. De hecho, son muchos los episodios internacionales que envuelven robo de tecnologías.

En este contexto, la política industrial debiera estar orientada a promover la generación de conocimiento en la sociedad a través de la innovación que lleva al cambio tecnológico. El problema aquí es cómo garantizar que la intervención del gobierno no termine introduciendo distorsiones adicionales a la economía que empeoren la brecha del conocimiento. Si la seguridad ciudadana o la seguridad fronteriza (bienes públicos) no pueden ser garantizadas eficientemente, qué nos garantiza que otras intervenciones, específicamente en el campo económico, sí lo serán.

El problema es mayor cuando se considera que una política industrial implica, generalmente, la selección de ganadores o sectores a ser beneficiados. Y este es un proceso que no se puede realizar al margen de la economía política; por lo que los grupos de intereses juegan un rol fundamental. Aunque el conocimiento y el aprendizaje son ejes transversales de la sociedad, y una política industrial que los promueva debe tener el mayor de los beneficios, se debe tener en cuenta – como nos recuerda Easterly – que los gobiernos son malos eligiendo ganadores, pero los ganadores son buenos eligiendo gobiernos.

Pedro Silverio Alvarez