FMI, corrupción y art. IV

«Sabemos que la corrupción mina la capacidad impositiva del gobierno y distorsiona el gasto, desviándolo de inversiones valiosas en esferas como salud, educación y energías renovables hacia proyectos que despilfarran recursos y ofrecen beneficios a corto plazo. Sabemos que actúa como un impuesto a la inversión, o incluso como un obstáculo más grave, debido a la incertidumbre sobre las demandas de futuros sobornos. También sabemos que la corrupción hace que los jóvenes no inviertan lo suficiente en educarse y especializarse porque salir adelante depende de a quién se conoce y no qué se sabe. Sabemos que la corrupción perjudica a los pobres, limita las oportunidades económicas y la movilidad social, socava la confianza en las instituciones y disuelve la cohesión social». Christine Lagarde, Directora Gerente, FMI, abril 2018

El Directorio Ejecutivo del FMI dio a conocer esta semana su aprobación al informe de evaluación que anualmente hace un equipo de técnicos de dicho organismo internacional sobre el comportamiento de la economía dominicana, en correspondencia con lo establecido en el artículo IV de sus estatutos constitutivos. En términos muy generales, ya esos resultados habían sido presentados en una nota de prensa publicada por la misión del Fondo al término de la consulta en febrero pasado. Está por verse si el gobierno dará su visto bueno para que el FMI publique íntegramente su informe.

De manera particular merece ser destacado –desde nuestra óptica- que el FMI reitera la necesidad de un ajuste fiscal “significativo para fortalecer los amortiguadores y revertir la dinámica al alza de la deuda (...)”. Esto es, para lograr el objetivo de darle sostenibilidad al creciente problema de endeudamiento que enfrenta el gobierno, ya que los esfuerzos administrativos para recaudar más no serán suficientes para revertir esa preocupante tendencia. El Fondo entiende –con razón- que una deuda insostenible le agrega incertidumbre y reduce la credibilidad ante los mercados. Pero cuando el FMI habla de ajuste fiscal “significativo” no solo está recomendando una ampliación de la base tributaria, sino que también se debe realizar un ajuste por el lado del gasto público para “racionalizar los gastos ineficientes”. Muchos pasan por alto este detalle que es fundamental para darle legitimidad moral a cualquier reforma que exija mayores sacrificios a la ciudadanía. Un gasto público con una alta carga de corrupción es un estímulo para la evasión tributaria.

La reforma fiscal es parte de un conjunto de reformas estructurales que recomienda el Fondo para “fortalecer el entorno empresarial y mejorar los resultados en salud, educación e infraestructura, así como para avanzar en la agenda de reformas para el sector eléctrico”; sin embargo, es notorio que el ambiente para llevar a cabo procesos de concertación se ha deteriorado de manera muy lamentable. Desde el fallido pacto eléctrico hasta las primarias abiertas ha sido evidente que la sociedad dominicana ha estado perdiendo capacidad para dirimir sus diferencias de forma racional. Es un deterioro en el que la mayor cuota de responsabilidad corresponde a quienes detentan el poder político.

Mientras mayores sean los niveles de corrupción menores serán los espacios para lograr acuerdos significativos para el país, pues como bien dice la Directora Gerente del FMI la corrupción “socava la confianza en las instituciones y disuelve la cohesión social”. Y, precisamente, por esta realidad es que el Directorio Ejecutivo del FMI acaba de aprobar un nuevo marco para evaluar la gestión de los gobiernos con énfasis en la corrupción, como parte de las actividades generales de dicho organismo. Así que pronto tendremos al FMI incluyendo en sus reportes una evaluación de las deficiencias de los gobiernos y sus vínculos con una generalización de la corrupción.

Ese nuevo marco para evaluar la gestión de los gobiernos y la corrupción –disponible en la página web del Fondo- incluye, en su nueva metodología, indicadores de corrupción para medir “calidad de las instituciones presupuestarias encargadas de la tributación y el gasto; solidez de la supervisión del sector financiero; integridad de los bancos centrales; transparencia e imparcialidad de la regulación del mercado; previsibilidad de los aspectos del Estado de derecho esenciales para la salud de la economía, en particular, el cumplimiento de los contratos; e idoneidad de los marcos jurídicos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y desde luego, evaluaremos la gravedad de la corrupción directamente”.

El FMI reconoce la dificultad de medir apropiadamente los niveles de corrupción, por tratarse de un fenómeno encubierto en muy variadas formas de comportamientos; incluso, en países con una corrupción sistémica, plantea el documento, la recolección de evidencias directas por parte de los organismos competentes –¿o incompetentes? - pudiera no ser posible debido a que esos organismos son corruptos en sí mismos, o no disponen de recursos o no funcionan apropiadamente.

El hecho de que el FMI haya incluido dentro de sus actividades generales una evaluación del desempeño de los gobiernos en materia de corrupción es un indicador de que este tema ha dejado de ser un tema exclusivo de los sectores sociales de la periferia para entronarse en la agenda misma de los organismos internacionales –el Banco Mundial es de los pioneros. Y, no es para menos... además de los efectos devastadores sobre las instituciones es un mecanismo de exclusión social que agrava la pobreza, dispara la desigualdad y genera pesimismo acerca del futuro de un país. Habría que saber si el FMI con su tradicional conservadurismo a la hora de criticar a los gobiernos estaría armado del suficiente valor como para poner el dedo sobre la llaga...

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Pedro Silverio Alvarez