?Ideas tontas acerca del gasto público

Los organismos internacionales, profesionales de la economía y segmentos importantes de las esferas gubernamentales, concuerdan en calificar al gasto público dominicano como de monto bajo, insuficiente. No obstante, las cifras del presupuesto de la nación muestran que en 2021 ascenderá a RD$1,247,499 millones, o 25.4% del PIB, valor alto.

La discrepancia se debe a la costumbre de llamar gasto público solo al realizado en lo que aquí llamamos actividades propias de gobierno, cuyo monto se eleva a RD$655,769 millones, o 13.3% del PIB. Cifra precaria si se compara con las de otros países.

Las actividades propias de gobierno son todas aquellas para las que se va a gobernar, por ejemplo, defensa, orden, justicia, educación, salud, obras públicas, fomento, bienestar social, servicios, medioambiente, leyes, contrapesos institucionales y similares. Esas, fundamentales e inherentes al manejo del Estado, no reciben el apoyo que merecen. El monto que se les dedica es bajo y su calidad cuestionable.

Pero suele olvidarse que también es gasto público aquel que se efectúa en actividades no propias de gobierno, ascendentes a RD$591,730 millones o 12.1% del PIB. Si este número se añadiera al anterior se tendría una cifra de gastos alta, no baja.

Las actividades no propias de gobierno son el gasto tributario, las transferencias al sector eléctrico, los pagos al Banco Central y el servicio de la deuda. Ninguna de ellas legitima la existencia del Leviatán; más bien cuestionan el derecho a su existencia en el sentido de que no se gobierna para eso. Y, sin embargo, consumen casi la mitad de los recursos disponibles.

El gasto tributario es una ficción que consiste en dejar de cobrar isr, itbis, selectivos o patrimonio por un monto de RD$209,657 millones, o el 4.3% del PIB. Si esos impuestos se cobraran los recursos obtenidos podrían dirigirse a gasto corriente o a inversión, en cuyo caso dejarían de ser una ilusión.

Las transferencias al sector eléctrico se elevan a RD$50,774 millones y son una dejación de responsabilidades. Ocurren para enmascarar el contubernio público-privado en negocios, bajo el pretexto de que se trata de un bien de interés social. O para evitar un costo político. Estos subsidios generalizados han hecho esfumarse de las arcas públicas más de US$15,000 millones.

Algo parecido ocurre con las transferencias al Banco Central, por un monto de RD$33,768 millones, que deberían ser condicionadas a un programa de desmonte de los títulos de ese organismo.

Por último, el servicio de la deuda (amortizaciones por RD$146,463 millones e intereses por RD$151,068 millones) ha aumentado porque se ha preferido tomar dinero prestado a racionalizar el gasto y controlar la evasión. Endeudarse no es un propósito, sino un medio transitorio.

En otras palabras, el Gobierno está dedicando recursos a lo que no le es propio casi en igual proporción a lo que si lo es. Si se aplicara a sí mismo el aforismo de “zapatero a tus zapatos”, el potencial para llevar a cabo sus obligaciones casi se duplicaría. Dejar lo accesorio y enfocarse en lo principal debería ser la norma de oro a ser cumplida con rigurosidad, si se aspirara a establecer un Estado funcional.

Esta situación ha ido conformándose porque distintos gobiernos asumieron compromisos no esenciales para la gobernanza, pero importantes para sostener grupos en el poder y amamantar el clientelismo. Es una gravísima distorsión o anomalía que debe ser corregida.

Una idea tontísima es reducir radicalmente el gasto no propio y hacer espacio para aumentar el propio. Concentrar las finanzas públicas en lo sustancial y aligerarlas de lo periférico. Acometer lo básico y eliminar lo adjetivo. Retomar el sentido común. De esa manera se ahorrarían recursos cuantiosos, satisfarían múltiples necesidades, elevaría la calidad de las erogaciones, y la participación del Estado en el PIB crecería en efectividad y logros.

La reforma fiscal integral en carpeta, acorde al mandato de la ley, debería aprovechar la oportunidad que ha surgido de cambiar el armazón descalcificado del Estado y enfocarse en eliminar exoneraciones, suprimir el subsidio generalizado al sector eléctrico, reducir progresivamente el pasivo en títulos del Banco Central, bajar el peso de la deuda.

Si así se hiciera, liberaría recursos empleados en forma parasitaria que quedarían disponibles a la inversión, sobre todo en infraestructura, y a la satisfacción del gasto corriente prioritario. Introduciría mejoras en la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos del Estado, con alto potencial de creación de empleos y valor agregado. Y tendría un carácter expansivo, no recesivo, elemento estratégico en la fase post pandémica.

Eduardo García Michel

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.