Insatisfacción ciudadana e instituciones para el desarrollo

«La confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, tradicionalmente baja en ALC [América Latina y el Caribe], se ha deteriorado en años recientes. [...], de modo que la proporción de la población latinoamericana que tiene poca o ninguna confianza en los gobiernos alcanzó niveles cercanos a un 75% en 2017 (Latinobarómetro, 2017). Esto representa una caída de confianza de casi veinte puntos porcentuales con respecto a 2006. En 2016 solo un 24% de los latinoamericanos dijeron tener confianza en la honestidad de las elecciones (en comparación con 46% en los países de la OCDE); apenas 15% creían que la corrupción no estaba extendida en el gobierno [...]». Perspectivas Económicas para América Latina 2018, OCDE/Naciones Unidas/CAF/UE

A los gobiernos latinoamericanos se les hace cada vez más difícil retener el poder mediante elecciones que sean realmente limpias. Los recientes casos de Venezuela y Nicaragua son un buen ejemplo de lo que es capaz de hacer un gobierno dictatorial – apariencia democrática–, cuando es acorralado por el repudio popular. El temor a la justicia está induciendo a los gobernantes que se han apartado del cumplimiento de sus deberes institucionales a buscar mecanismos de retención del poder reñidos con la transparencia que requieren los procesos democráticos.

Y no es para menos. Se hace cada vez más común que jefes y exjefes de Estado sean llevados ante los tribunales de la justicia para que respondan por violaciones al ordenamiento jurídico, incluidos los sobornos y el desfalco de los fondos públicos. Esto ha sido posible, por un lado, por la presión que grupos de la sociedad civil ejercen sobre los estamentos institucionales encargados de hacer cumplir la ley y, por otro lado, por el descontento generalizado de una ciudadanía cada vez más insatisfecha con el comportamiento de una gran parte del liderazgo político. Ese descontento tiene mayor transcendencia debido al rol que juegan las redes sociales y a la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de ventilar su insatisfacción de manera que sea socialmente compartida.

Por tales consideraciones, no es extraño que un informe de perspectivas económicas de América Latina para el presente año –elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Naciones Unidas y la Unión Europea– haya puesto el foco de su interés en la necesidad que tiene la región de repensar el papel que deben jugar las instituciones para lograr el desarrollo económico. Es necesario este replanteamiento, argumenta el informe, por el creciente descontento de la ciudadanía con la gestión pública y lo atribuye, en parte, al crecimiento de la clase media en América Latina.

La razón de esto es que el crecimiento de la clase media está asociado, de acuerdo con el citado informe, “con la incertidumbre [de este grupo socioeconómico] de volver a caer en la pobreza como consecuencia de un revés económico, dada la precariedad de su situación económica y laboral. En conjunto, las mayores expectativas, a menudo insatisfechas, de la clase media consolidada, la inestabilidad de la clase media vulnerable, y el alto porcentaje de la población que aún vive en la pobreza, constituyen fuentes de inquietud e insatisfacción entre la ciudadanía.” Es oportuno hacer notar que la definición de “clase media consolidada” (quienes reciben entre 10 y 50 dólares diarios) que utiliza el informe podría incluir, para el caso dominicano, a quienes tienen un ingreso que ni siquiera le permite adquirir la canasta básica familiar. Es en base a esa definición que la clase media en República Dominicana creció diez puntos porcentuales entre el 2005 y el 2015. Aun con esta definición laxa de clase media, el 70% de la población dominicana se clasifica como vulnerable o como pobre.

Pues bien, una clase media en crecimiento, con aspiraciones y temerosa de caer de nuevo en la pobreza, se constituye, razona el informe, en un factor que demanda mayor democracia y un mayor cumplimiento por parte de los gestores públicos, tanto en lo que refiere a las promesas electorales como al ejercicio ético de la función pública. Mayores exigencias ciudadanas y la frustración que genera el incumplimiento de las instituciones públicas han ido profundizando la desconexión entre la ciudadanía y el poder político, generando un descontento que de acuerdo con el informe ha alcanzado niveles alarmantes.

Una profundización de ese distanciamiento puede llevar a una crisis político-institucional; por lo que se hace necesario “repensar las instituciones para construir un nuevo vínculo entre el Estado, los ciudadanos y el mercado, que promueva las sinergias y fortalezca las interacciones entre los tres, situando las exigencias y el bienestar de los ciudadanos en el centro”. Nada de esto es posible si no se realizan las necesarias reformas institucionales que promuevan “economía (el mercado) que brinde a todos más y mejores oportunidades, en particular a través de mayores ingresos y mejores empleos; y para promover Estados que presten buenos servicios y cumplan sus funciones de manera eficiente, confiable, abierta e innovadora”.

Teóricamente, todos pudiéramos estar de acuerdo con esos planteamientos de la OCDE y demás instituciones participantes en el informe; el problema es, además, de orden práctico: ¿cómo desmontar un sistema que ha sido mayormente levantado sobre la base del truco, el engaño y la corrupción institucional? ¿Tiene la sociedad vías institucionales para resolver sus graves problemas en un país con instituciones disfuncionales? ¿Puede la democracia simulada generar democracia real? Quizás el pesimismo sea una forma de resignación ante una realidad que cambia... para seguir siendo lo mismo...

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Pedro Silverio Alvarez