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La agenda nacional pendiente

La salida a la crisis tiene que ser integral y mediante la concertación de sectores políticos, sociales y económicos que permitan arribar a un pacto y a una agenda de responsabilidades compartidas.

Nos encontramos frente a una crisis compleja e inédita; nacional y mundial. En el caso dominicano la crisis es sanitaria, económico-social y político electoral.

Los puntos de la agenda pendiente frente a la crisis que enfrentamos están ahí, a la vista de todos.

1.- La crisis sanitaria. La pregunta es ¿Cómo detener la pandemia? Hay que seguir insistiendo que la aplicación de la prueba del COVID-19 de forma masiva y gratuita, siguiendo la línea de contacto de los infectados es lo que puede detener la cadena de contagios. En el marco de una estrategia así es como tendrán real efectividad las medidas de aislamiento de los infectados, de distanciamiento físico, el uso de mascarillas y el toque de queda.

2.- La parálisis de la economía. Si no somos exitosos al enfrentar la pandemia se mantendrá la parálisis de la economía y se convertirá en crisis social y política. En cualquiera de los escenarios hay que encontrar respuestas a la pregunta de cómo es que vamos a dinamizar la economía, sobre todo la producción que no depende de factores externos, el apoyo efectivo a las mypimes, al aumento del subsidio de los trabajadores suspendidos y garantizar un ingreso a los trabajadores informales, en su mayoría imposibilitados de realizar sus actividades habituales.

3.- La seguridad alimentaria. Lo que hoy estamos consumiendo es lo que hace unos meses se sembró y se importó. Como la crisis es mundial nadie tiene garantía de que los contratos de importación concertados se van a cumplir en las fechas convenidas. Esto significa que de prolongarse la crisis vamos a una economía de autosubsistencia y por tanto que tendremos que apoyarnos principalmente en la producción de alimentos locales. Entonces hay que facilitar el crédito formal a los productores agropecuarios para sembrar ahora sin recurrir al crédito usurero y crear mecanismos de comercialización de la producción agropecuaria que permitan que ésta llegue al consumidor sin la mediación especulativa.

4.- La deuda pública. El pago de capital e intereses de la deuda representa el 47% de las recaudaciones fiscales y, con la caída que se ha producido de éstas, el pago de la deuda pública pudiera consumir la casi totalidad de las recaudaciones. Si el Estado paga la deuda, entonces ¿Cómo podrá hacer erogaciones para la ejecución de las distintas políticas públicas? En estas condiciones es sencillamente imposible asumir la deuda pública en los términos en que fue concertada. Se requiere de una moratoria y de una reducción de intereses. Lo que hay que saber es si este gobierno está dispuesto a asumir la renegociación de la deuda en una estrategia regional y global o si lo hará individualmente.

5.- Salvar el año escolar. Al momento de la suspensión de las clases en razón de la pandemia, el año escolar estaba en un 70% de realización. Los alumnos de algunos colegios han podido continuar y no atrasarse utilizando una plataforma digital. ¿Qué pasará con los millones de alumnos de escuelas y colegios que no cuentan con esa facilidad tecnológica? ¿Dejaremos que pierdan el año escolar? ¿Qué alternativas hay para que no sea así?

6.- Reestructuración del Presupuesto General del Estado. La pandemia, la actual parálisis de la economía, la seguridad alimentaria, la caída de las recaudaciones, la renegociación de la deuda, todo ello obliga a una reestructuración del presupuesto. Entre muchos otros aspectos, no es posible seguir con el dispendio que supone los salarios de los altos funcionarios del Estado, el barrilito y el cofrecito, mantener instituciones públicas duplicadas y otras sin funciones, pago de comisiones, licitaciones arregladas. En fin, hay que producir una transformación de la calidad del gasto público y garantizar un manejo honesto y transparente.

7.- Las elecciones extraordinarias del 5 de julio. La pregunta que queda pendiente es si ¿resulta suficiente la resolución del Pleno de la JCE para avalar estas elecciones? ¿Cómo queda la institucionalidad democrática si obviamos completar esta resolución con el mecanismo previsto en la Constitución para los casos de la convocatoria a elecciones extraordinarias o para no ejecutar un evento previsto con fecha cierta en un artículo de la norma sustantiva? Y sobre todo, en el caso de que la pandemia impida la celebración de las elecciones el 5 de julio ¿será también una resolución del pleno de la JCE la que dispondrá cuándo se celebraran las elecciones extraordinarias luego del 16 de agosto y quienes le darán continuidad al Estado mientras éstas se lleven a efecto?

Estos son algunos de los temas de la agenda nacional que están planteados por la crisis que actualmente enfrentamos. El discurso del presidente del pasado viernes si algo dejó en claro es el divorcio que hay entre su visión de autosuficiencia y lo que está demandando la realidad.

La salida a la crisis tiene que ser integral y mediante la concertación de sectores políticos, sociales y económicos que permita arribar a un pacto y a una agenda de responsabilidades compartidas. A quien le corresponde convocar es al presidente de la República, pues como jefe del Estado, es quien tiene el control de la administración y de las políticas públicas y ejecuta el Presupuesto General.

TEMAS -

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.