La autopsia fiscal de Oxfam

«En los últimos siete años República Dominicana ha mejorado notablemente tanto sus índices de transparencia presupuestaria [...] Sin embargo, estas buenas prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas coexisten con un marco de relaciones clientelares y altos niveles de corrupción [...] El Gobierno dominicano insiste en enmarcar la lucha contra la corrupción y la impunidad solo a partir de los esfuerzos por mejorar la transparencia gubernamental. Este relato no cuestiona las estructuras de poder ni las desigualdades que posibilitan que la corrupción vaya en aumento en la sociedad». Oxfam, Autopsia fiscal, octubre 2019

En su más reciente informe sobre la gestión pública en República Dominicana, Oxfam, una institución internacional sin fines lucro y que focaliza su trabajo en los temas de la pobreza y la lucha contra la desigualdad, ha presentado su autopsia fiscal, en la que evalúa aspectos fundamentales del desempeño fiscal en nuestro país; particularmente, en tres áreas: la articulación del presupuesto público a la Estrategia Nacional de Desarrollo; corrupción, dispendio y clientelismo en la administración de recursos públicos; y la reforma tributaria pendiente. Son temas que, por sí mismos, representan una parte importantísima de las prioridades que deben reflejarse en la agenda nacional, de cara al año entrante. Son temas, además, que entre ellos mantienen una estrecha relación.

En lo que concierne a la vinculación entre los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y el gasto público, Oxfam plantea que «los montos programados para cubrir los objetivos de la END 2030 apenas rondan el 36.9%. En tal sentido, menos de 4 de cada 10 pesos del gasto primario se corresponden con las prioridades establecidas en la END 2030, lo cual contradice el artículo 48 de la propia legislación». Este porcentaje es aun menor cuando se trata de la proporción del gasto público en educación que se dedica al logro de los objetivos de la END. En general, Oxfam advierte de una «enorme brecha» entre el gasto público y dichos objetivos. En realidad, no es mucho lo que se puede hacer para compensar por el tiempo perdido y el gran desvío que la gestión pública ha provocado con relación a una estrategia de desarrollo que resulta imposible salvarla del fracaso. Un fracaso que ha sido el producto de la combinación de una ley con excesivos niveles de planificación – y sin mecanismos efectivos de sanción – y un gobierno con el menor interés institucional. Otro no podía ser el resultado.

El segundo aspecto que trata el informe se refiere a los niveles de corrupción, dispendio y clientelismo en la administración de los recursos públicos. Al hecho de que la República Dominicana se encuentra en los diez países del continente, de acuerdo con Transparencia Internacional, se le suma la percepción del 85% de la ciudadanía que piensa que la corrupción ha aumentado o sigue igual; lo cual es consistente con la percepción de la población (69%) de que el Gobierno ha fracasado en este renglón.

En este sentido, Oxfam destaca: «Durante el periodo 2016-2018, el volumen de recursos envueltos en casos de corrupción o dispendio de recursos que han salido a la luz pública, en medios de comunicación, asciende a casi RD$16,700 millones». En un sentido más amplio, la organización sin fines lucro estima, en su informe, que en los últimos veinte años la corrupción, en promedio anual, representó unos 41 mil millones de pesos, que equivalen aproximadamente al 1% del PIB. Un dato que no sorprende es que casi la mitad de los montos registrados por corrupción se debe a obras de infraestructura; y luego les siguen las transferencias a los ayuntamientos y la compra de materiales y suministros. Oxfam se lamenta de que persiste una enorme brecha entre la magnitud de los casos de corrupción y clientelismo que salen a la luz pública y las consecuencias efectivas que posteriormente tienen estos casos para disminuir el daño social que generan».

Por otra parte, el uso clientelar de los recursos públicos queda evidenciado en la abultada nómina pública (sin incluir las nominillas) que está muy por encima del promedio de un conjunto de 15 países en América Latina. De acuerdo con los cálculos de Oxfam, la administración pública dominicana opera con 61,911 empleados por cada millón de habitantes, solo superada por Uruguay (69,631) y Panamá (86,280). Estamos muy encima de países como Costa Rica, Chile, Argentina y Perú. En Colombia, ese indicador es de apenas 16,931 empleados públicos por cada millón de habitantes. Es decir que en la empleomanía pública hay espacios para grandes ahorros en términos presupuestarios.

Son todos estos temas – debilidades institucionales, corrupción y clientelismos en el uso de los recursos públicos – los que han ido socavando la legitimidad del gobierno para impulsar una reforma fiscal que impondrá, en sentido general, mayores sacrificios a la población. En este aspecto, el informe de Oxfam solo enfatiza el componente de la reforma tributaria, aunque en sus conclusiones toca aspectos relacionados con el gasto público. Pero se debe tener mucho cuidado con la parte tributaria de la reforma fiscal para que tales reformas no terminen haciendo un daño mayor a la economía, que se traduciría en un mayor desempleo y mayores niveles de pobreza y desigualdad social. Por eso, es tan importante – como hemos resaltado en otras ocasiones – que una reforma fiscal tenga un apropiado balance entre los objetivos de eficiencia de la economía y redistribución de renta. Pero simultáneamente, el nuevo gobierno tendría que legitimarse a través de su compromiso de luchar contra la corrupción y la impunidad... si es que va a reclamar mayores sacrificios a la ciudadanía.

Pedro Silverio Alvarez