La Constituyente

El doctor Antoliano Peralta, señalado por el presidente electo como el próximo consultor jurídico del Poder Ejecutivo ha revelado que “el gobierno entrante se aboca a someter una reforma a la Constitución para lograr la independencia real del Poder Judicial...”.

Se trataría, de producirse, la reiteración de un camino equivocado y que a lo largo de nuestra historia ha patrocinado muchos desatinos que le han resultado muy caros a la República. Me refiero a producir una nueva modificación de la Constitución para solucionar problemas puntuales y como acuerdo de la mayoría coyuntural del nuevo partido gobernante.

Esa ha sido la historia reiterada, salvo contadas excepciones, de la casi totalidad de las 38 reformas que se le han hecho a la Carta Magna desde 1844 al 2015, esta última impulsada por Danilo Medina y el peledé para introducir la reelección presidencial.

Afirmo que la única reforma puntual que debe hacerse a la actual Constitución es la del artículo 270 para cambiar la forma de modificar la Constitución y consagrar en ella la Constituyente electa por voto popular. No olvidemos que para la reforma de 2010, el 67% de la ciudadanía consultada fue partidaria de esta modalidad pero los planes de Leonel Fernández y el peledé con esa reforma abortaron esa posibilidad, en favor de la reforma a través de los legisladores electos, a sabiendas de que ellos contaban con la mayoría.

Si hubo un momento en las últimas décadas, en que se precisa de un nuevo pacto social con la participación activa de la diversidad de sectores económicos, sociales, políticos y ciudadanos es el que vendrá una vez superemos los retos de la pandemia y la actual parálisis económica. Esa será la ocasión para ponerle fin al régimen corrupto, clientelar y de secuestro de la democracia instaurado por el peledé así como a su modelo neoliberal y privatizador de los derechos fundamentales.

Nuestra ciudadanía, desde el 22 de enero de 2018, salió de forma reiterada a las calles a reclamar sus derechos y luego cuando por la irresponsabilidad del pleno de la JCE se suspendieron las elecciones del 16 de febrero, desde ese mismo domingo se sucedieron las manifestaciones en la Plaza de la Bandera. Ahora, el 5 de julio, desafiando la pandemia, arriesgando la vida misma, ignorando las amenazas, sin dejarse seducir por las prebendas del gobierno, la gente salió a votar para sacar al peledé del poder.

Es decir, si hay un protagonista del cambio que se ha producido en la dirección del Estado ese es el pueblo dominicano.

Es por eso que al momento de acometer la concertación de un nuevo pacto político y social que, entre muchos otros temas de interés ciudadano incluye, sin dudas, el relativo a la independencia de la justicia, la lucha contra la corrupción y la impunidad, la ciudadanía no puede estar ausente de la toma de decisiones, ni puede tratársele como si fuera un simple espectador, sino que se ha ganado el legítimo derecho de ser actor, protagonista y motor de los cambios.

Insisto: la nueva reforma constitucional tiene que expresar un nuevo pacto político y social y debe hacerse a través de una constituyente, cuyos integrantes sean electos por voto popular y exclusivamente con ese propósito.

La reforma constitucional no puede ser un nuevo “parche” a la Carta Magna como expresión exclusiva de la voluntad de una nueva mayoría parlamentaria coyuntural.

Si realmente existe la voluntad para sentar las bases del cambio democrático y de hacer del nuestro un país de prosperidad y bienestar colectivo, son muchos los aspectos que es necesario abordar y debatir desde la ciudadanía, en la nueva constitución.

Lo primero es desmontar un diseño constitucional que permitió al peledé hacerse del control simultáneo del congreso, la justicia, la JCE, la Cámara de Cuentas, las altas cortes y el Ministerio Público y, por tanto, convertirse en un partido Estado y reproducirse en el poder por décadas.

Necesitamos garantizar una justicia y un ministerio público independiente, pero también una JCE, CC y altas cortes verdaderamente independientes e imparciales de los intereses políticos de cada momento o del control de grupos corporativos.

De igual modo, tenemos que debatir sobre la pertinencia de un congreso bicameral, integrado por legisladores más afanados en el barrilito y el cofrecito que en representar, legislar y fiscalizar.

Ponerle límite a la facultad de endeudamiento público para que nunca más se repita la triste historia de que presidentes y congresistas irresponsables hipotequen el país con una deuda que sobrepasa el 50% del PIB, porcentaje que no sabemos cuánto representará en el actual proceso de decrecimiento de la economía.

Instaurar de una vez y para siempre la prohibición de la reelección para que cada presidente se concentre en ejecutar su programa de gobierno en los cuatro años para el que sea electo y luego se retire para su casa.

Consagrar efectivas formas de participación y control ciudadanos sobre los gobernantes y representantes, incluyendo la facultad de revocación del mandato.

Una constituyente electa por voto popular es el camino para renovar el pacto social y político y echar a andar en el país un nuevo orden democrático y la postergada justicia social.

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.