La guerra fallida contra las drogas

«Sin embargo, existe una demanda de drogas y si no se satisface por medios legales, será satisfecha por el mercado ilegal. La prohibición ha permitido a las organizaciones criminales controlar toda la cadena de drogas. Todas las regiones del mundo sufren: violencia inducida por guerras territoriales sobre áreas de producción y rutas de tránsito, corrupción y colusión de instituciones estatales y lavado de dinero proveniente de la droga, que daña la economía legal y el funcionamiento de las instituciones democráticas. La colaboración entre los países es necesaria para hacer frente a las empresas multinacionales delictivas». Comisión Global de Políticas de Drogas, Regulación: El control responsable de las drogas, Informe 2018

La septuagésima tercera asamblea de las Naciones Unidas –celebrada durante esta semana en New York – fue el escenario, como de costumbre, para que los grandes temas que preocupan al liderazgo mundial sean debatidos en un ambiente de cortesía diplomática. Es una ocasión que sirve de plataforma o pasarela al vedetismo político... Discursos anodinos con los que se pretende resolver los más graves problemas de la humanidad... Una buena oportunidad para la foto, y de regreso a su país, cada quien convencido que hizo el mejor de los discursos, se encuentran con la misma realidad, los mismos problemas... Todo sigue igual.

Hubo un discurso, sin embargo, que tuvo –como era de esperarse – un impacto muy notorio. Ese fue el discurso del presidente Donald Trump, quien aprovechó la oportunidad para presentar –entre otras propuestas – su plan de guerra contra las drogas, endosado por unos 130 países, pero con el rechazo de países como Alemania, Brasil, Noruega y Nueva Zelanda; y el apoyo de países como México, Rusia, China y Arabia Saudita. No se conoce públicamente si la República Dominicana endosó dicho plan.

Son cuatro las estrategias en las que se fundamenta el plan de Trump. Primero, se busca reducir la demanda de drogas ilícitas a través de la educación, mayor conciencia y prevención del abuso; segundo, expandir los esfuerzos de tratamiento para salvar vidas y promover la recuperación; tercero, fortalecer la cooperación internacional a través de la justicia, el cumplimiento de la ley y los servicios de salud; y cuarto, cortar la oferta de drogas ilícitas, mediante la eliminación de su producción, ya sea en la modalidad de cultivos o a través de su manufactura, así como evitar su trasiego fronterizo. El plan no aborda, sin embargo, los mecanismos financieros necesarios –tan importantes para países como el nuestro – para implementar una acción internacional mejor coordinada y más efectiva para combatir un consumo de drogas ilícitas que alcanza –de acuerdo con estimados de la Comisión Global de Políticas de Drogas – a cerca de 250 millones de personas.

Pero la crítica más importante es que el plan de Trump es una reiteración de políticas que han fracasado, y con un altísimo costo financiero. Solo en el caso de Estados Unidos, su presupuesto para el presente año alcanza los 27 mil millones de dólares. Y si se calcularan todos los recursos que se han gastado en los últimos cincuenta años en la lucha contra el consumo de drogas ilegales se llegaría a una cifra astronómica. Claro está que una lucha de ese tipo ya ha creado una estructura burocrática con una agenda propia, en la que poco importa el resultado final. No obstante, parece poco inteligente seguir dedicando tantos recursos a una estrategia que está condenada al fracaso. Por ejemplo, las plantaciones de coca en Colombia crecieron más del 10% en el último año, a pesar de los recursos dedicados a su erradicación. Y, en todo caso, cualquier déficit en la oferta de drogas ilícitas ahora es compensado con la aparición en Estados Unidos de una proliferación de drogas sintéticas.

El problema fundamental es que existe una demanda creciente –fruto de la adición – de drogas ilícitas que estimula su producción. Dado que tanto la demanda como la oferta son ilegales, el intercambio tiene que ocurrir dentro de un sistema de crimen organizado, con sus propias reglas y su propio sistema de justicia. Y, lamentablemente, el problema no se resuelve con un mayor endurecimiento de las leyes que, al final de cuentas, lo que hace es aumentar la rentabilidad de quienes participan en el negocio, ya sea en la condición de funcionarios públicos encargados de la aplicación de la ley o en la de productor o distribuidor de drogas ilícitas.

La solución comienza por reconocer que existe un mercado para un conjunto de drogas clasificadas como ilícitas y que no es posible –ni mediante una ley ni un decreto – hacerlo desaparecer. Dada esa realidad, la mayoría de los estudiosos del tema, incluyendo a la Comisión Global de Políticas de Drogas, recomiendan que la regulación de ese mercado es la mejor solución. Obviamente que la regulación implica la legalización. No se trataría de una legalización pura y simple. Es un proceso que debe ser gradual y bajo la coordinación internacional, pues no podría ser el esfuerzo aislado de un solo país.

Ya en varios Estados de la unión norteamericana se ha legalizado la producción y el consumo de marihuana en distintas modalidades y se están haciendo esfuerzos para que la legalización tenga un alcance federal. Esto no ha significado una explosión en el consumo de marihuana; es, sencillamente, poner a la luz del día lo que ocurre tras bastidores. Si se trata de un problema de salud pública es la mejor manera de abordarlo.

En definitiva, la legalización es una forma de desmontar todo el entramado de corrupción y criminalidad alrededor del negocio de las drogas, y permitiría a los gobiernos financiar, mediante el cobro de impuestos, parte de los costos de salud que se derivan del abuso en su consumo. Pero, además, podrían ahorrar una gran cantidad de recursos burocráticos que ahora se justifican en la lucha contra las drogas. Sin dudas, el tema merece una seria ponderación.

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Pedro Silverio Alvarez