La industria

El país carece de una política industrial integradora. Existen dos regímenes industriales normativos que se superponen y traban: ordinario y de zonas francas.

El régimen ordinario somete a las industrias locales a la absorción de costos impositivos y administrativos que les restan competitividad, obligan a orientarse al mercado interno, mantener salarios reales bajos y hasta a refugiarse en la informalidad.

El régimen de zonas francas permite a las industrias superar las trabas impositivas y administrativas, las hace competitivas, orienta hacia afuera e integra al mercado internacional, pero, y ¡he ahí el inconveniente!, las aísla y separa de la producción local de materias primas e insumos.

En consecuencia, los enlaces industriales de las empresas de zonas francas (demandas de materias primas e insumos) son inducidos a realizarse con empresas extranjeras que los suministran en el tiempo acordado, a precios competitivos y estándares de calidad probados.

Pero sucede que los enlaces con los sectores productivos son un medio de suma importancia estratégica para insuflar dinamismo al conjunto económico en su totalidad. Mutilarlos es cortar de raíz las posibilidades de desarrollo.

La gran traba para multiplicar los enlaces entre las industrias de zonas francas y las locales es la permanencia de esos dos regímenes. Las ineficiencias y costos del régimen local no pueden ser absorbidas por el de zonas francas, so pena de dejar de ser competitivas y desaparecer del mercado.

No es posible expandir la manufactura en su conjunto y promover el empleo formal si se mantiene a la industria local en condiciones diferentes y en desventaja con respecto a la de zona franca. Tampoco es posible generar más valor agregado en las zonas francas si se insiste en preservar esa dualidad.

La única utilidad del régimen industrial ordinario es hacerlo vasallo del sistema impositivo nacional, a costa de quitarle dinamismo, alcance, competitividad, capacidad de crear empleos formales, salarios razonables y empujarlo hacia la opacidad. O sea, un auto castigo.

La única justificación del régimen de zonas francas es favorecer la generación de divisas y empleo, a cambio de sacrificar el cobro de impuestos y de mutilar los encadenamientos productivos con la industria local. Otro auto castigo.

En las condiciones normativas actuales el sector industrial tiende a generar bajo valor agregado y crecimiento económico de precaria calidad. Mantener funcionando ambos regímenes no tiene sentido, ni justificación alguna.

El gran reto es remover estos costos y obstáculos. La solución es que haya una sola política industrial y que el país funcione como una gigantesca zona franca.

Eso significa igualdad de tratamiento impositivo y administrativo. Aplicar impuestos más bajos a la industria en general, y cero impuestos, por un período dado, para segmentos manufactureros prioritarios que son aquellos ya establecidos en zonas francas, porque han pasado la prueba de la competitividad en el mercado internacional.

La industria ha perdido participación en el PIB y en la generación de empleo; ha sido desplazada por los servicios. Una parte significativa de los servicios provienen de trabajadores de la economía sumergida, que operan con bajo valor agregado, ingresos precarios y carecen de protección social.

Esa es una de las razones por la que el crecimiento del PIB en los últimos años no ha venido acompañado de cambios cualitativos apreciables en las condiciones de vida, ni de mayores salarios reales.

Hay otras razones importantes que restan calidad al crecimiento económico, como por ejemplo la penetración masiva e irregular de mano de obra no calificada, la rigidez del mercado laboral y la dualidad ya mencionada de regímenes industriales.

En su conjunto, los problemas citados tienden a perpetuar el subdesarrollo y a mantener franjas extensas de población en condiciones de vulnerabilidad social.

Urge dar un impulso a la industrialización orientada sobre todo a las exportaciones, puesto que ahí reside el mayor potencial para absorber empleos formales.

Si el objetivo fuere, como lo es, generar mayor cantidad de empleos formales, con protección social e ingresos dignos, los esfuerzos deben concentrarse en expandir las exportaciones de manufacturas producidas tanto en empresas de tecnología tope como intermedia y básica.

No hay razón para obsesionarse con atraer solo empresas de alta tecnología, puesto que la base laboral se caracteriza por niveles educativos diferenciados y el grueso de la población tan solo posee habilidades elementales, pero también necesita insertarse en el mercado laboral formal.

Por tanto, hay que romper la dualidad de regímenes industriales, atraer empresas de tecnología tan variada como el arcoíris educativo de la población, resolver los problemas de inmigración masiva irregular y la rigidez del mercado laboral.

Eduardo García Michel

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.