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La inversión extranjera directa, ¿un aliado del desarrollo?

«El crecimiento de los servicios y la manufactura de exportación se ha basado principalmente en la disponibilidad de mano de obra barata. Si bien la evolución hacia actividades de mayor valor agregado que se ha producido en estos años ha aumentado la cualificación de muchos trabajadores (y su salario), las empresas todavía se instalan en estos países para reducir sus costos laborales. En este contexto, los progresos técnicos que posibilitan una mayor automatización de los procesos pueden frenar el desarrollo de estas industrias e, incluso, eliminar su necesidad de buscar localizaciones donde los costos laborales sean menores». La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, CEPAL 2018

La inversión extranjera directa (IED) – especialmente en forma de empresas transnacionales – fue vista durante mucho tiempo como un símbolo del dominio imperial. De hecho, fue una percepción basada, en muchos casos, en la intromisión que algunas de esas empresas cometían al involucrarse en temas de la política doméstica de América Latina – para citar solo este lado del hemisferio occidental – que ponían en jaque la gobernabilidad política de algunos de los países receptores de sus inversiones y fomentaban o apoyaban regímenes dictatoriales. Fue una realidad que comenzó a cambiar progresivamente con el fin de la guerra fría, y hoy, pudiera decirse, la inversión extranjera no está sujeta a las justificadas sospechas del pasado.

El surgimiento de China como una potencia económica de primer orden – equiparable con Estados Unidos – ayudó bastante a cambiar la percepción sobre la inversión extranjera en América Latina. Las relaciones sur-sur, fomentadas por Brasil como socio estratégico de China desde hace más de una década, permitió una amplia participación del capital chino en América del sur. Y una cosa quedó clara: la lógica del capital es la misma, no importa que el capital proceda de Estados Unidos, Europa o China, su objetivo es obtener el mayor retorno posible. Pero, además, quedó claro que cuando una potencia económica tiene grandes inversiones en un país pequeño es prácticamente inevitable que se generen condicionamientos en el plano político que limiten el ejercicio soberano en la política exterior.

Por lo tanto, no es sorprendente que un organismo como la CEPAL, surgido en un contexto de rechazo a las relaciones económicas hegemónicas de los países del centro sobre los países de la periferia, en su reciente informe sobre la inversión extranjera directa en América Latina plantee sin rubor la necesidad de aprovechar, dentro de la estrategia de desarrollo, la llegada de esos flujos de inversión, e incluso, promover iniciativas locales que sirvan para atraer un mayor volumen de esas inversiones.

Otros organismos internacionales, al igual que la CEPAL, reconocen el importante rol que la inversión extranjera tiene en el logro de las metas de desarrollo. En este sentido, el Banco Mundial, en su reporte global sobre la competitividad de la inversión extranjera, plantea que dentro de los beneficios asociados con las inversiones transfronterizas están la transferencia tecnológica, las habilidades gerenciales y organizacionales, y el acceso a mercados internacionales. Asimismo, la inversión extranjera facilita los procesos de innovación, mejora la productividad y crea empleos con mejor remuneración y más estables. Sin embargo, todas estas bondades dependen mucho de los sectores económicos hacia los que la inversión extranjera es canalizada y si realmente existen mecanismos para que la transferencia tecnológica se haga efectiva.

En nuestro país, los flujos de inversión extranjera directa han representado casi US$ 18,000 millones durante el periodo 2011-2017. De los cuales, aproximadamente el 26.5% ha sido canalizado hacia el comercio, un 17.5% al turismo, un 16.3% a la minería, y un 14.6% al sector inmobiliario. Vale la pena destacar que dentro de los sectores económicos que menos inversión extranjera han recibido, durante el período citado, está el de las telecomunicaciones con solo un 3.9%; lo que pudiera, parcialmente, explicar una percibida caída en la calidad de los servicios de las telecomunicaciones.

Aun cuando estos flujos representan cifras importantes para la economía dominicana, al compararlos con algunos competidores en Centro América no resultan tan extraordinarios. Por ejemplo, durante el periodo señalado Costa Rica recibió inversión extranjera directa por unos US$ 3,000 millones por encima de la recibida en nuestro país. En el caso de Panamá, la diferencia fue mucho mayor, dado que ese país recibió US$ 31,633 millones en forma de inversión extranjera directa, superando en unos US$ 14,000 millones el flujo de inversión extranjera recibido por República en el mismo periodo de siete años (2011-2017).

Mayores esfuerzos deben dedicarse, desde la perspectiva de las políticas públicas, para atraer un volumen mucho mayor de inversiones extranjeras. De acuerdo con el Global Investment Competitiveness (2018) los inversionistas toman en cuenta una diversidad de factores a la hora de tomar una decisión, entre los que se encuentran el tamaño del mercado doméstico, la estabilidad macroeconómica, una tasa de cambio favorable, mano de obra calificada y la infraestructura física. No obstante, la estabilidad política y un ambiente regulatorio amigable para los negocios son las variables más importantes para los inversionistas.

Tanto la estabilidad política como un ambiente regulatorio pueden ser vistos de diferentes ángulos, pero un país que modifica con frecuencia su constitución para ajustarla a los intereses políticos del momento no puede considerarse que goza de una real estabilidad política, aunque realice votaciones cada cuatro años. Tampoco puede considerarse un marco regulatorio amigable a los negocios cuando la corrupción es parte de la dinámica que deben enfrentar los inversionistas en su trato con muchos funcionarios públicos. En ambos aspectos – credibilidad de los políticos y corrupción – la República Dominicana ocupa los peores lugares en los rankings internacionales, y mejorarlos de forma extraordinaria no solo beneficiaría a la inversión extranjera, sino también al bienestar de todos los dominicanos.

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