La metamorfosis de Punta Catalina

«La Comisión pudo comprobar que las cuatro empresas dominicanas que fueron incorporadas a los consorcios que finalmente llegaron a ser Participantes Precalificados, por razones que la Comisión desconoce, no tuvieron aparentemente que pasar por la etapa de presentación de Credenciales. La Comisión considera que ésta es una debilidad que debería ser corregida en futuras licitaciones pues resulta extraño que el Estado Dominicano, directa o indirectamente, esté dispuesto a asignar obras a consorcios en los cuales la contraparte local no parezca reunir las condiciones mínimas requeridas para participar en la ejecución de obras públicas que requieren inversiones considerables». Informe de la Comisión Investigadora del Proceso de Licitación y Adjudicación del Contrato de EPC de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, junio 30, 2017

Desde que las plantas a carbón de Punta Catalina iniciaron su viacrucis en 2012 han ido sufriendo una lenta metamorfosis que las han ido convirtiendo en un proyecto de dudosa viabilidad financiera y en un símbolo de corrupción pública. El concepto mismo de una empresa pública desafiaba la lógica del Estado como inversionista – dada la experiencia estatal dominicana en la gestión de empresas como las agrupadas en la fracasada CORDE – en un sector eléctrico tan neurálgico para la economía dominicana. Se argumentó que era necesario una empresa estatal como la de Punta Catalina para contrarrestar la voracidad de los inversionistas privados o servir de contrapeso en el mercado eléctrico nacional.

Siempre nos pareció inconsistente este planteamiento, pues no es la producción estatal la más indicada para llevar mayor competencia al mercado y mejorar la asignación de recursos en la producción de energía eléctrica. Y segundo, porque por cada contrato oneroso en el sector eléctrico se pudiera identificar algún funcionario público que se ha beneficiado del mismo. Es decir que, al final de cuentas, fueron funcionarios públicos quienes hicieron posible cualquier contrato que lesionara los intereses públicos. Partiendo de la premisa de que esto es un hecho incontrovertible, ¿qué nos hizo pensar que esta vez iba a ser diferente?

Realmente, no fue diferente. La idea de abortar la licitación previa y realizar una nueva licitación para construir dos plantas a carbón bajo la propiedad estatal no fue una decisión económica. Fue una decisión política – como hemos planteado en otras ocasiones – patrocinada por Lula Da Silva y Dilma Rousseff en representación de los intereses de Odebrecht y en contubernio con políticos dominicanos. Por un momento – y aun cuando había una sospecha fundamentada – se nos vendió la idea, en un acto fallido de trapecismo moral, de que Punta Catalina era la única obra, dentro de las 17 que Odebrecht había ejecutado – que no había sido contaminada por la corrupción.

Y la Comisión Investigadora puso la malla de protección – en un informe que hoy daría vértigo leerlo de nuevo – cuando destacaba que algunos fallos del proceso de licitación se debieron a lagunas en la ley de contrataciones públicas; olvidando, de paso, que un decreto del Poder Ejecutivo declaraba de emergencia al sistema eléctrico nacional y eximía a la CDEEE del cumplimiento de la citada ley. De manera que no fue por culpa de la ley de compras y contrataciones que el proyecto tuvo que ser asignado a Odebrecht.

Hoy se conoce la razón real. El proceso de licitación fue viciado por los sobornos, como se ha documentado en las nuevas revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Esto derrumba por completo la conclusión del Ministerio Público, que excluyó a Punta Catalina del expediente acusatorio.

Pero, además, pone en tela de juicio el precipitado acuerdo del Ministerio Público con Odebrecht, particularmente en lo que se refiere a la sanción económica impuesta a dicha empresa. Según este acuerdo, Odebrecht tendría que pagar al Estado dominicano el doble los sobornos otorgados. Ese fue un acuerdo, como se dice popularmente, redondo para Odebrecht, pues de acuerdo a estimaciones oficiosas “por cada dólar que gastaba la empresa en sobornos, recuperaba el triple en utilidades” (Rodrigo Cruz, El Comercio, 15-11-2018). Por tanto, en el caso dominicano, Odebrecht pudo haber quedado con una ganancia neta de 92 millones de dólares. Un verdadero incentivo para la corrupción. Quienes debieran pagar el doble de los sobornos son los imputados que resulten condenados. A Odebrecht había que exigirle mucho más... pero las autoridades no estaban en condiciones de hacerlo.

Y luego de que Punta Catalina se presentó como un proyecto que solo el gobierno podía ejecutar, ahora resulta que sus mismos promotores no tienen el mínimo rubor en decir que hay apetito en el sector privado para comprarla total o parcialmente. Es decir, que sí era posible conseguir inversionistas privados que desde el principio se hicieran cargo de la obra. Con la venta de Punta Catalina se completaría un ciclo nunca visto de hacer negocios alrededor de un proyecto público: primero, en la adjudicación de la obra; y segundo, en la posterior venta, una vez concluida su construcción.

Se trata de una extraña metamorfosis. Ahora no importa si es pública o privada. El objetivo de que fuera pública ya ha sido logrado. Así que si se privatiza – como pudiera ser recomendable – solo significaría nuevas oportunidades de corrupción, dentro de los esquemas actuales. La otra transformación importante es que, de ser una obra supuestamente libre de sobornos, se ha convertido en una lamentable fuente de escarnios públicos.

Solo resta por saber si los trapecistas que se montaron sobre los finos hilos de la trama corrupta de Odebrecht cuentan con las mallas protectoras de la justicia dominicana. Eso falta por saber...

Pedro Silverio Alvarez