La pupú del diablo

En el umbral de los 50, cuando Europa apenas removía los escombros de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela despuntaba como la primera economía de América Latina y la cuarta del mundo. El país sudamericano era cuatro veces más rico que Japón y doce veces más que China. Antes de que New York y Madrid se convirtieran en las ciudades de promisión de muchos latinoamericanos, Caracas seducía los sueños de progreso de una migración multicultural de todas las latitudes.

Venezuela descubrió que debajo de su suelo yacía la reserva de petróleo más grande del planeta, estimada en unos 300,000 millones de barriles (diez veces más que las de los Estados Unidos y con capacidad para suplir la demanda actual de ese país durante los próximos setenta años). El impacto de esa industria marcó su destino. Los estándares de vida de la clase media que vivió en la década de los setenta eran superiores a la de los Estados Unidos de hoy, con una vigorosa capacidad de consumo.

Actualmente Venezuela es la octava economía de América Latina con el riesgo de una pérdida proyectada del 60 % de la riqueza per capita entre 2013 y 2023, una tasa de desempleo que hoy ronda el 35 % y una hiperinflación proyectada por el FMI para este año en ¡10,000,000 %! Se estima que el empobrecimiento de Venezuela alcanzará niveles comparables a los registrados por países en guerra (Irán entre 1976 y 1981, Irak entre 1999 y 2003, Azerbaiyán entre 1990 y 1995 o Libia entre 2010 y 2011). Paradójicamente, la nación que recibía los mayores flujos de migrantes de América Latina en décadas pasadas ha padecido la estampida del 7 % de su población, el mayor éxodo en los últimos cincuenta años.

¿Qué pasó en Venezuela? Es la pregunta que perturba al mundo. La respuesta suele estar contaminada por los prejuicios políticos. Probablemente haya tantas causas como responsables en una larga historia de dispendio. El primer y gran problema ha sido su modelo económico rentista: de absoluta dependencia del petróleo. Tanto así que hasta el día de hoy la venta del crudo representa el 96 % del total de sus exportaciones. La economía venezolana no aprovechó, como lo hizo Noruega, las cuantiosas rentas del excedente petrolero para crear fondos de reserva e inversión con el propósito de diversificar su economía y potenciar su estructura productiva. Las potencias petroleras han usado sus ingresos para financiar un modelo económico alterno que opere al margen de la volatilidad del mercado del crudo. Venezuela se acomodó a una economía de consumo. Ningún país alcanza el desarrollo a expensas de una base monoproductiva. Ya es tarde.

La industria petrolera venezolana ha venido sufriendo los efectos de dos sensibles reveses: la caída de la producción y de los precios internacionales. El declive en su producción ha llegado a sus niveles más críticos en tres décadas: de 3,120,000 barriles diarios a 1,137,000 a finales de 2018. La reducción de la producción ha ido corriendo en paralelo con una caída estrepitosa de los precios: desde su punto de máxima cotización de casi 150 dólares el barril en el 2008 (debido fundamentalmente a la demanda de China y la India y la reactivación de las economías emergentes) a su precio actual de 57 dólares. De manera que los ingresos de divisas han colapsado en los últimos tres años, quedando la economía sin dinero ni reservas para importar alimentos ni medicina. Obvio, ese cuadro estructural se ha agravado por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro.

Pero el problema de fondo ha tenido escasas variaciones en la historia política de Venezuela: el dispendio de los fondos públicos derivados del petróleo. Sucede que el Estado, a través de PDVSA (la empresa 39 entre las más grandes del mundo) ha monopolizado por mandato constitucional la producción, refinamiento y venta del crudo y los demás hidrocarburos. Esa corporación pública creada en el año 1976 expandió sus operaciones internacionales a través de adquisiciones estratégicas de empresas extranjeras. Así, por ejemplo, controla a Citgo Petroleum Corporation que refina y comercializa en los Estados Unidos el crudo venezolano a través de una red de tres refinerías, cuarenta y ocho terminales de almacenamiento y seis mil estaciones de servicio.

El petróleo ha sido la gran maldición de los venezolanos. Esa riqueza no ha dejado de ser su peor desgracia. Algunos pensadores han guardado los mejores apelativos para referirse a ella. El político Juan Pablo Pérez Alfonzo, conocido como el Padre de la OPEP, la llamó el “excremento del diablo”; Arturo Uslar Pietri abogó por “la siembra del petróleo”, demanda que pretendía destinar sus ingresos a una agricultura moderna y sostenible. Ese colosal caudal fue dispendiado por una burocracia estatal enorme, una corrupción sin frenos y una poderosa “economía de poder” enlazada a una elite empresarial voraz en la Cuarta República.

Durante la Revolución Bolivariana el oro negro sirvió para sustentar monstruosos programas sociales a través de las llamadas misiones y a financiar el proyecto geopolítico de Hugo Chávez en América Latina. Pero se trataba de un reparto no reproductivo que no pudo generar una riqueza social sostenible. La gestión de esos fondos dio lugar a focos de corrupción, de suerte que tanto la derecha como la izquierda han manejado esos ingresos como instrumento de control político y social. Un amigo venezolano me dijo una vez que PDVSA era un cielo terrenal administrado por demonios. De manera que la situación que hoy vive Venezuela no es fruto de una gestión; es el balance de una historia de derroche, endeudamiento, ausencia de planificación económica y una corrupción que no ha respetado ideologías.

Venezuela es el mejor ejemplo del valor de la riqueza institucional. Una nación sin instituciones fuertes es un barril desfondado. La mejor inversión política es crear y mantener un ordenamiento que trascienda a los personalismos, las ideologías, los intereses del mercado o de una colectividad política. Venezuela es nuestro espejo. La República Dominicana no tiene una estructura productiva relevante ni una sólida plataforma exportadora; con una economía de servicio, como el turismo y la mano de obra, cuyo crecimiento y rentabilidad dependen de la seguridad jurídica y la estabilidad social, condiciones en permanente amenaza en sociedades como la nuestra: de profundas desigualdades y grandes concentraciones de riqueza. El turismo es la más frágil y vulnerable de las industrias. Un incremento en los índices de criminalidad es suficiente para detener su crecimiento; cualquier convulsión social la hace colapsar. Es por eso que las economías que viven del turismo tienen que tener resortes institucionales fuertes y una atención permanente a las demandas sociales. Es la industria de la paz social.

Los dominicanos nos estamos habituando a unos estándares de consumo que no se corresponden con la capacidad del país para producir bienes y servicios; un progreso material aparente soportado por una inmensa economía sumergida y el endeudamiento externo a la sombra de un deterioro espantoso de la institucionalidad. Si a ese cuadro le sumamos la corrupción como modelo de vida, entonces valdría la pena escuchar el testimonio viviente de esos venezolanos que vienen al país acosados por el hambre. Preferimos dar la espalda, callar y escuchar las sinfonías del progreso con las notas del crecimiento económico; ese concepto abstracto e inaprensible que aceptamos como acto de fe. José Juan Urdaneta, un muchacho venezolano natural de Maturín que conocí como camarero en un restaurante en Santo Domingo, al inquirirlo sobre la situación que encontró en el país, me contestó: “Esta historia me resulta muy familiar y fue anterior a la hecatombe; por culpa de ella le estoy sirviendo a usted en vez de terminar mi carrera en mi país”. Le respondí: “Espero no tener que servirte a ti allá”. “Créame que le pido a Dios que no” me dijo con una expresión desierta e inconclusa.

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